Rolando Cordera Campos
Lo súper obvio: el dinero corrompe y la corrupción corroe a la política. Se trata de una linealidad infernal
que luego forma un círculo de hierro que encierra la vida pública y cívica, e impide la conversación sin la cual
la democracia pronto se vuelve actividad de especialistas y expertos en la interpretación del código respectivo.
El aliento original que propicia la participación política es sofocado y capturado por los medios masivos
que no pueden ver en la política sino otro campo de negocios. Fin de la historia, pero no porque se haya
alcanzado alguna fase mítica o intemporal del espíritu humano, sino porque sin política la sociedad se seca.
Todos los países modernos tienen enfrente esos panoramas indeseables, pero unos se acercan a ellos
más que otros, y a más velocidad. México, con una democracia en pañales y sin tradición de vida cívica abierta
y soportada por instituciones adecuadas, corre el peligro de tomar contacto precoz con esas perspectivas
ominosas, postdemocráticas y antirrepresentativas, neoautoritarias en realidad, que los partidos y los
medios masivos parecen obsesionados en conformar víctimas de su frenesí electoralista, los primeros, y de su
irrefrenable y angosta visión lucrativa de corto plazo, los segundos.
Ambos, de la mano en una complicidad exasperante que suena a fatalidad griega, se han visto
incapaces de reaccionar ante las convulsiones que ellos mismos provocan y en esta incapacidad confirman la
sospecha elemental de cualquier ciudadano alerta: la democracia no hace diferencia alguna con el régimen anterior,
pero sí hace más ruido y propicia más incertidumbre, compañía irritante ésta, nefasta, para una sociedad que
no encuentra rumbo.
Lo menos obvio: el entramado institucional que debería dar cauce y curso a la disputa abierta por el
poder es insuficiente y puede mostrarse enemigo de la evolución democrática de México en una circunstancia de
crisis política aguda, como la que se ha perfilado en estos días aciagos. No se trata sólo de la evidente falta de
reflejos políticos de los políticos afectados, o de la avidez gananciosa de que hicieron gala los hipotéticos
beneficiados por la demolición del PRD, o de la prepotencia de unos medios electrónicos constituidos en tribunal de
alzada, guillotina virtual y fiscalía implacable, sino de la más transparente de las fallas que vulneran el edificio
democrático: la precariedad de los procesos formales para afrontar el escándalo y la invisibilidad de los que
existen ante una opinión pública acosada por la cascada de revelaciones.
En especial, resaltan dos temas envenenados: la relación entre el dinero y la política y, dentro de ésta, la
de los medios de comunicación masiva con la actividad política formal, las elecciones, las campañas y su papel
en la construcción del discurso y la deliberación democrática.
Sin abordar con amplitud y franqueza el tema del dinero, el sistema político se aproxima peligrosamente
a una arena donde la disputa por el poder se vea teñida y al final sometida por los intereses y poderes de
hecho, legales y criminales, que dan cuerpo a la sociedad económica mexicana. No hay remedio: o el Estado se
hace cargo, a través de las estructuras jurisdiccionales y de organización y vigilancia de la política formal, de la
enorme complejidad de esta relación, y se las arregla para construir mecanismos de fiscalización eficaces y
métodos de juicio oportunos, o la política se deslizará a los territorios salvajes de la compra y venta de protección
donde los políticos se verán sin más trámite en el papel de intermediarios y operadores del poder económico.
La sociedad se quedará sin mediaciones ni recursos institucionales para poner coto a los abusos que son
inherentes al ejercicio de dicho poder, y el país entrará a una fase de irrefrenable trasiego de recursos públicos y
de reconversión instantánea de dichos recursos en propiedad y disfrute privados.
El circo del poder supone restricciones. El presidencialismo autoritario las ofrecía y le daba a la
competencia descarnada por el acceso al poder constituido una lógica que no por incierta, lo que es propio de
todo autoritarismo, carecía de cauces conocidos o conocibles. Eso se acabó y hoy amenaza quedarse sólo en
todas las pistas el gran dinero y lo que parece ser su vehículo preferido: el uso, control y abuso de los
medios electrónicos para imponer realidades, modular el gusto, configurar y desfigurar los reflejos de la sociedad
ante la política y sus actores.
Darle más capacidades al IFE en materia de fiscalización parece imprescindible. Revisar pronto los tejidos
de control y contraloría del Estado sobre los gobiernos parece otra obvia asignatura pendiente puesta de
relieve por las jornadas del bochorno perredista. Pero nada de eso podrá tener implicaciones políticas constructivas
si no se hace un esfuerzo riguroso y arriesgado en materia de medios.
La política democrática aceptó con sorprendente rapidez y facilidad el estilo estadounidense de hacer
elecciones y comunicación de masas para fines políticos. Hoy tiene que asumir que ese estilo tiene límites y
costos que un país como México no puede darse el lujo de abordar sin ponerse en el peligro inminente de caer en
las versiones más bizarras y grotescas del espectáculo estadounidense. Sin amarres eficientes en el Poder
Judicial, y sin controles mínimos sobre las decisiones que en materia política tomen las empresas mediáticas, el
despliegue del poder centrado en la gran corporación no encontrará diques ni cauces coherentes con el
propósito original y primordial que es la construcción de un orden democrático durable, no gracias a la
resignación ciudadana sino a la confianza y la credibilidad que pueda despertar.
Y para ello, es preciso actuar pronto y disponerse a reandar el camino de la organización estatal de la
política. No es tarde, pero estamos contra el reloj.
Diciembre 2008
