etcétera

Viejo modelo de colusión

José Carreño Carlón

Una desbordada movilización política y mediática se inició desde los primeros días de mayo contra el senador Javier Corral. Se trató de un escarmiento en la intención de quienes la orquestaron. Pero sus efectos de mediano plazo pudieran ser contraproducentes.

¿La trasgresión del senador? Poner en circulación el hecho aislado de la conducta de un legislador que pretendió hacer pasar como acordada una iniciativa aparentemente escrita bajo el patrocinio de Telmex.

¿El efecto del escarmiento? Poner de manifiesto que lo denunciado por Corral no se agota en un hecho y en la conducta de uno de sus colegas en el Congreso, sino que podría estar constituyendo un patrón de comportamiento del grupo empresarial encabezado por Carlos Slim y de sus numerosos aliados en las cámaras legislativas, los gobiernos locales, ciertas zonas del gobierno federal y algunos de los medios más influyentes, además de sus brechas abiertas previamente en el Poder Judicial.

Se trataría de patrones de comportamiento del principal consorcio mexicano y uno de los más poderosos a escala mundial. Y de patrones al servicio de un proceso de consolidación y expansión del control de los más importantes campos de la vieja y la nueva economía de panaderías a las más avanzadas tecnologías de la información y la comunicación así como de crecientes espacios de la política y los medios de comunicación.

En menos de una década Carlos Slim pasó así de ser víctima de los fabricantes de pánicos morales procesos informativos que presentan a determinadas personas como amenazas a los valores e intereses sociales a fabricante de pánicos morales, con frecuencia de la mano de quienes antes generaban el pánico moral en contra suya, para ahora victimar a sus críticos, generando contra ellos acciones semejantes de descrédito o linchamiento.

Foto: Mario Aldana

En menos de una década, también, Carlos Slim pasó de ser víctima del ejercicio de la función de atribución de estatus propia de los medios algunos de los cuales no le conferían más que el estatus de un prestanombres (algo jamás comprobado) del presidente en turno a otorgador o negador absoluto de estatus y grados de credibilidad a los demás actores públicos, con la misma ausencia de bases con la que él mismo fue antes descalificado. Más paradójico resulta que, básicamente, lo hace a través de los mismos espacios que antes lo escarnecieron y hoy se constituyen en sus canales privilegiados para el control de la agenda pública.

Lo mismo si se trata de actores económicos, políticos o sociales, lo que el episodio de mayo apuntaría a mostrar es que la presencia en los espacios informativos de dichos actores y su valoración en los medios será cada vez más determinada por una circunstancia: si actúan, a juicio del magnate o de sus estrategas en los medios, en la órbita de sus intereses o en la de sus competidores.

El fenómeno resulta de lo más revelador para el análisis de la evolución del modelo mexicano de relación entre los medios y el poder y de las formas de ejercicio del poder a través de los medios.

Y la primera conclusión sería que no ha habido cambio de modelo. Mucho menos extinción del modelo histórico ni de la cultura de la colusión. Sólo se habría diversificado la contraparte en colusión con los medios. Y sólo habrían evolucionado los instrumentos de control.

En efecto, el aflojamiento y el debilitamiento de los controles tradicionales de los medios por parte del poder público, ocurridos con altibajos en las últimas décadas del viejo régimen y acelerado con el cambio de régimen tras la elección de 2000, no han abierto el paso a un nuevo modelo de relación de los medios con los poderes y con la sociedad. Tampoco a un nuevo modelo de transparencia, rigor profesional y compromisos éticos en los procesos informativos.

A lo más que llegó la evolución del modelo histórico de relación medios-poderes en la última década de existencia del régimen anterior fue a un desplazamiento parcial y por momentos, del poder presidencial, que en tiempos más remotos constituyó la contraparte prácticamente única de los medios en el modelo de colusión. Pero la diversificación en las contrapartes de la colusión no suspendió la vigencia misma del modelo. Sólo permitió que otras expresiones de poder político o económico, de dentro o de fuera del grupo gobernante ocuparan el lugar preponderante del poder presidencial en la relación de colusión con los medios.

Pareció entonces y todavía hay avances en ese sentido el inicio de una nueva etapa en la evolución del modelo hacia una relación de competencia entre definidores primarios de la agenda pública a través de los medios.

A partir de la llegada del nuevo régimen los medios parecen sometidos a una serie de sentimientos (y cálculos) divididos. La muerte del antiguo régimen pareció dejar a los medios sin contraparte en su relación tradicional de colusión de intereses con el gobierno y con una necesidad impostergable de inscribirse definitivamente en la lógica del mercado, antes que en la del Estado. Algunos de ellos quedaron como la viuda enriquecida por el marido difunto me ilustra un experto de la industria dispuesta a no volver e empeñar sus márgenes de libertad y de negocios en otra relación estable de subordinación. En todo caso estarían frente a la oportunidad de establecer colusiones (¿concubinatos, affaires?) de corto plazo, en constante revisión y puesta al día, con una diversidad de actores y postores de dentro y de fuera del gobierno. Otros parecen presionar por reconstruir el modelo de colusión. Los más, parecerían estar abiertos a mezclas negociadas de ambas opciones.

El gobierno, candidato natural a constituirse en renovada contraparte en la reproducción del modelo de colusión en el nuevo régimen no parece menos dividido (y confundido) en sus cálculos y sentimientos. Una porción, cercana al Ejecutivo, de la heterogénea coalición gobernante, se muestra dispuesta y activa en el impulso de la prolongación del viejo modelo de colusión. Otro sector desde el Legislativo, especialmente de origen panista e identificado en las posiciones del senador Corral aparece comprometido con la construcción de un nuevo modelo de relación de los medios con la sociedad y el poder, que deje atrás el viejo modelo de colusión.

Sólo que la mayor parte del problema ya no está allí, como lo viene ahora a corroborar en carne propia el senador Corral.

El mayor problema no está más en la relación de los medios y el gobierno porque éste debilitó sus instrumentos de control y de negociación con los medios y con las clientelas políticas tradicionales como parte y como consecuencia de su reforma estructural de finales de los 80 y principios de los 90. Con los procesos de privatización abandonó el primer lugar que ostentaba en inversión publicitaria en los medios en virtud de las numerosas empresas con las que contaba. La publicidad oficial dejó de ser el factor determinante para la sobrevivencia y el enriquecimiento en los negocios de la información y el entretenimiento. La propiedad del gobierno sobre la segunda red nacional de televisión fue dejada en manos de particulares. El fin del monopolio estatal en la dotación de papel periódico es irreversible. Los fondos de reptiles, como se llamaron desde las campañas de Bismark las arcas dispuestas para el soborno directo o disfrazado de medios e informadores, están cada vez más dosificados. Y la distracción de recursos públicos para fines diversos de los institucionales es cada vez más riesgosa, como lo pone de manifiesto el Pemexgate.

Así las cosas, las cartas de negociación del gobierno en busca de la renovación del modelo de colusión de intereses con los medios se repliegan cada vez más a sus facultades discrecionales para tomar decisiones estatales favorables a los negocios informativos o a los negocios paralelos de los empresarios y profesionales de la comunicación. Y una nueva, fundamental paradoja: el gobierno, a cambio de una buena disposición de los medios para colocar sus mensajes en la agenda pública, tiene a su alcance el "poder" de no tomar decisiones que afecten las formas tradicionales del negocio informativo y las actuales formas de control del negocio de las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, a cambio de una actualización del pacto por el cual los medios se empeñarían sin regateos en generar, modificar o reforzar efectos cognitivos, de actitudes y de conductas que resulten favorables al gobierno, éste ejercería el "poder" de no impulsar la actualización del derecho de la información ni la regulación antimonopólica en el campo de las telecomunicaciones frente a quienes ya controlan a los medios por la vía de la inversión accionaria y/o publicitaria.

Hoy, el liderazgo abandonado por el gobierno en inversión publicitaria en los medios lo ocupa precisamente el grupo empresarial de Carlos Slim. Su gasto publicitario es factor de sobrevivencia y de crecimiento de los medios con mayor impacto que el que en su tiempo tuvo el gobierno cuando ocupó el lugar de primer anunciante en los medios y lo usó como un instrumento más de control. Su inversión accionaria en la primera red nacional de televisión fue determinante en la operación de reflotamiento de la empresa, es determinante para su actual estabilidad y estaría en vías de convertirse más temprano que tarde en el paquete accionario de control del consorcio. Se mantiene activa su participación financiera en otros espacios mediáticos emergentes. Sus arcas disponibles para el financiamiento de campañas de gobiernos, de partidos y organizaciones civiles no tienen los límites ni los riesgos del manejo de los fondos públicos, lo que le genera una red permanente de aliados informativos entre legisladores, élites partidistas, gobernantes locales, funcionarios federales, intelectuales y líderes sociales.

Si esto es así estaríamos ante una calca del esquema de control social del viejo régimen, sólo actualizado en cuanto a los actores del modelo de colusión. Nos acercamos al proceso de concentración en el control de los medios por las vías de la inversión accionaria y publicitaria.

En el episodio revelador de mayo, acaso con un par de excepciones, para decirlo en pocas palabras, los medios fueron homogeneizados contra el senador Corral en favor del grupo empresarial que sustituyó al Estado mexicano en el manejo de las actuales formas de control de los medios, en grados que difícilmente lograron los gobiernos del antiguo régimen.

La experiencia del senador Javier Corral muestra que, hoy por hoy, corre más riesgos de ser convertido en pánico moral quien ejerce la crítica desde el Congreso o desde los medios contra la estrategia de este grupo empresarial que quienes la ejercían y la ejercen contra los poderosos presidentes mexicanos, incluyendo por supuesto al actual.

Y queda la función de atribución o negación de estatus por los definidores primarios a través de los medios. La violenta negación del estatus con la que los medios se propusieron escarmentar al senador Corral como un interlocutor honorable en el debate de un tema estratégico para el país, constituye un indicador ominoso. En las manos de un solo definidor primario podría estar quedando otra vez como en el antiguo régimen el poder de "palomear" las listas de merecedores del estatus que otorgan los medios para acceder y ejercer funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, así como los liderazgos culturales y sociales del país.

En la evolución que va 1) del modelo de subordinación de los medios construido desde el inicio del régimen postrevolucionario hasta la presidencia de Miguel Alemán y vigente hasta el sexenio de Luis Echeverría, 2) al modelo de colusión de intereses que llega a finales de los 80 del siglo anterior, 3) al de la diversificación de contrapartes de los medios en las relaciones de colusión, en los tiempos más recientes, los signos que apuntan a una regresión hacia un definidor único de la agenda pública podrían constituir un accidente pasajero.

Y no sólo porque Carlos Slim ha mostrado talento y visión indiscutibles en sus campos de actividad. Y porque estas dotes podrían conducirlo a la convicción de que en el episodio de mayo los impulsos de expansión de sus instrumentos de control y poder traspasaron la delgada línea roja que suele convertir ese impulso hacia delante en su contrario.

Sino porque así como el despegue de su actual auge, una década atrás, se debió en gran medida a que actuaba y se beneficiaba de actuar en el sentido del cambio hacia una economía abierta y de real competencia, sin monopolios públicos ni privados, hoy se enfrenta a una opción terminal de doble pérdida: el proyecto de levantarse con todo imponiendo un sentido monopólico regresivo y una derrota a los cambios económicos y políticos que lo beneficiaron entre las descalificaciones de quienes ahora le ayudan a descalificar a sus críticos y competidores o ser vencido por la dinámica del cambio, que difícilmente va a aceptar el regreso a la vida económica y política regimentada por un solo definidor de sus expresiones, empezando por la involución en los grados de diversidad alcanzados por los definidores de la agenda pública nacional.