Mario A. Campos
La imagen es aterradora. Dos sujetos atados de manos responden al hombre que fuera de cámara los interroga. El incentivo para su confesión, los cuatro encapuchados que aparecen detrás de ellos portando armas de grueso calibre. El terror en su rostro era fundado. Horas después los cuerpos de los dos detenidos serían arrojados sin vida a las puertas de una estación de televisión en Veracruz.
El video, transmitido en algunos espacios informativos, antecedió a otro material descrito por El Universal. "Durante la proyección aparece un hombre en trusa negra, sentado y amarrado a una silla de fierro y visiblemente golpeado. (...) El hombre es interrogado por dos sujetos a los que sólo se les alcanza a ver las manos, con guantes quirúrgicos y parte del cuerpo". En este caso el video fue colocado en el sitio de Internet Youtube, y permaneció ahí hasta que algunos usuarios pidieron su expulsión.
Los casos referidos no son los primeros de este tipo en México. Como referente ahí está otro interrogatorio similar ocurrido en el estado de Guerrero hace ya más de un año, y por supuesto, tampoco es novedoso en el ámbito internacional como prueban los videos generados en Irak, empleados para transmitir los llamados de secuestrados que han servido como instrumentos de presión para gobiernos de la coalición presente en aquel país.
Que el narcotráfico utilice este tipo de tácticas para su comunicación no debe sorprendernos. La delincuencia hará uso de éstos y otros recursos si tiene la oportunidad, pues como el resto de los actores empleará a los medios para transmitir sus mensajes a los diversos públicos, ya sea que se trate de sus propios integrantes, bandas rivales, autoridades y periodistas. Pero si bien esto explica el origen de dichos videos que tienen una función similar a los textos con amenazas que han aparecido junto a víctimas de ejecuciones, no permite entender el tratamiento recibido por los medios.
Es verdad que la cobertura de estos casos no está definida por criterios universalmente aceptados. Para algunos que actúan de buena fe, la difusión de los mismos es una tarea obligatoria. Un ejercicio de denuncia que funge como un acicate a las autoridades para que combatan la realidad.
No todos pensamos así. Para otros, difundir estos materiales puede ser la vía más corta para su multiplicación. Al presentarlos, quienes laboramos en los medios les otorgamos un involuntario estatus de fuente. Peor aún cuando transmitimos su contenido. La prensa tiene un poder legitimador. Por eso, difundir el contenido de los testimonios de los interrogados en esos videos o en la notas con amenazas, es jugar un papel de involuntarios voceros de la ilegalidad.
Mensajes que, por lo demás, nunca podrán ser tomados por buenos. No necesariamente por falsos, sino por la condiciones de su difusión. Tomar como verdaderas las palabras de un hombre amenazado, contradice los principios de todo sistema legal que parta del respeto a los derechos humanos. Razonamiento que deberíamos aplicar lo mismo para tratar los testimonios de los marinos ingleses detenidos y liberados en Irán, que para las confesiones de los hombres interrogados por el propio narco.
Construir una postura uniforme en este o en cualquier otro campo del periodismo pensemos en las coberturas a los secuestros que algunos medios reportan y otros no, parece una tarea imposible e incluso para algunos indeseable. La libertad de elegir, se dice, debe ser el único criterio de aplicación general. Quizá sea cierto. Pero también lo es
que se trata de un tema que los propios medios de comunicación deberíamos discutir.
¿Dejaremos que cada periodista actúe a título individual o construiremos ciertos parámetros para definir
el tratamiento a este tipo de información que vista la terca realidad, parece que ha llegado para quedarse al
menos durante un tiempo? Involucrar a especialistas, académicos, medios y periodistas en torno a este tema parece una
tarea pendiente, una asignatura inevitable que debemos atender.
Diciembre 2008
