etcétera

Acceso, publicidad, concesiones, secrecía

Jorge Carpizo

En México, cada día, más medios de comunicación y más profesionales de la información se convencen que hay aspectos de ese amplio e importante campo el derecho a la información que deben ser regulados como fruto de consenso, lo cual resultaría benéfico para todos: los dueños de los medios, los trabajadores de éstos, los editorialistas y especialmente para la sociedad. Los únicos que sí perderían con esa regulación serían los mercaderes de la información, los enemigos de la libertad de expresión que la quieren utilizar como pretexto para mentir, calumniar y difamar.

Afortunadamente, los medios y sus profesionales son conscientes de que los mercaderes de la información causan grave daño a la sociedad y a los propios medios, deteriorando su propio prestigio y credibilidad. No es justo que las bajezas de unos cuantos se atribuyan a todo un gremio.

Foto: Raúl Ramírez
Martínez

En consecuencia, la discusión sobre el derecho a la información ya se encuentra entre nosotros. Llegó para quedarse y nada ni nadie la podrá eliminar o minimizar. Así, es indispensable estudiar y reflexionar sobre estos temas. Hoy, no queda de otra, resulta un imperativo informarse sobre el derecho a la información.

En los últimos años las publicaciones sobre estos asuntos han aumentado en cantidad y calidad, aunque estaba descuidado el análisis jurídico, lo cual también se ha venido superando; esto se debe en buena parte a la producción de Ernesto Villanueva, quien nos ha ofrecido importantes libros y artículos sobre los más diversos temas de esta joven y apasionante disciplina de la ciencia jurídica y en los cuales emplea, con provecho, el método del derecho comparado.

Ernesto Villanueva acaba de publicar un nuevo libro titulado Derecho mexicano de la información que constituye una versión corregida, remeditada y ampliada de su obra Régimen jurídico de las libertades de expresión e información en México.

Este libro constituye un análisis de las instituciones jurídicas más importantes respecto de los medios de comunicación y, sin lugar a dudas, es y será útil tanto para los especialistas como para los estudiantes y para toda persona interesada en esta problemática.

Villanueva combina muy bien en esta nueva obra la doctrina, la legislación, la jurisprudencia y el derecho comparado, además de sus reflexiones y aportaciones personales.

El libro en cuestión se refiere a aspectos que en México han sido poco e insuficientemente examinados, tales como el derecho a la vida privada, el derecho de réplica, el derecho a la imagen propia, el régimen de los medios de información del Estado tanto en el nivel federal como local, la responsabilidad legal de los periodistas, el secreto profesional de los mismos, los delitos de prensa, el daño moral, las condiciones laborales del periodista, la cláusula de conciencia y el acceso a la profesión periodística.

Uno de los temas que más me interesaron de aquellos que trata el libro es el examen que realiza respecto del otorgamiento, de la nulidad, caducidad y renovación de concesiones y permisos en materia de radio y televisión, aspectos que actualmente en nuestro país son facultades discrecionales del Poder Ejecutivo federal.

No cabe duda alguna que es indispensable encontrar un sistema que al mismo tiempo que garantice a esos medios su independencia y libertad, asegure su responsabilidad, veracidad y objetividad en beneficio de la sociedad. En este aspecto, como en tantos otros, nos puede ser de especial auxilio el conocimiento del derecho comparado y para ello contamos con la obra jurídica de Ernesto Villanueva y su último libro.

Ernesto Villanueva y el autor de esta columna hemos meditado sobre la reglamentación del derecho a la información en nuestro país y consideramos que debe privilegiarse un desarrollo gradual pero sosteniendo que permita en un plazo razonable que México pueda superar el atraso legislativo en que se encuentra, porque si seguimos insistiendo en una ley reglamentaria de los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución, corremos el peligro de que vuelvan a pasar otros 20 años o más antes de alcanzar esa finalidad.

Con esa perspectiva, hemos propuesto que los temas prioritarios para legislar sean los siguientes:

1. El acceso a la información pública con las excepciones correspondientes que principalmente son: el respeto a la vida privada y la seguridad nacional. Dicho acceso es de especial trascendencia porque permite que el ciudadano pueda participar con mayor fundamento y solidez en la toma de decisiones.

2. La creación de una ley de transparencia publicitaria que permita establecer, entre otros puntos, los criterios para la asignación de publicidad oficial y la prohibición de la promoción personal de los funcionarios utilizando recursos públicos.

3. La actualización de la legislación vigente en radio y televisión, con el objetivo de garantizar, por una parte, seguridad jurídica a las inversiones de los concesionarios y, por otra, asegurar el interés de la sociedad en las transmisiones de acuerdo con criterios democráticos internacionales.

4. El secreto profesional de los comunicadores, así como la cláusula de conciencia.

5. La seguridad de que los medios públicos deben actuar como medios del Estado y no del gobierno; éstos deben enriquecer la oferta programática con el objetivo de elevar el nivel educativo y cultural de la sociedad.

A dichos temas prioritarios, únicamente le agregaría, por ahora, un sexto: la creación de un órgano no gubernamental, ciudadanizado, integrado por dueños de medios, comunicadores, representantes del poder público, académicos y personajes sociales, que tuviera como función primordial el conocimiento y salvaguardia de los diversos aspectos y derechos que componen la información. Sería una especie de Instituto Federal Electoral y de Comisión Nacional de Derechos Humanos para los medios de comunicación masiva.