Posible reconocimiento legal a las radios comunitarias
Aleida Calleja
Durante los 17 meses consecutivos que hemos sostenido un proceso de diálogo con la Secretaría de Gobernación, específicamente con la Subsecretaría de Normatividad de Medios, para solucionar el reconocimiento legal del Estado a las radios comunitarias en el país, hemos tenido avances, especialmente en los últimos meses, y en algunos momentos serios retrocesos.
Entre los avances destacan inicialmente el hecho de que la propia subsecretaría hizo una gira de trabajo para conocer en las comunidades el quehacer que desarrollan las emisoras, y el reconocimiento de que el tema es parte de una legítima demanda social de los grupos más empobrecidos de nuestro país. Después vino el acuerdo entre los titulares de Gobernación y Comunicaciones y Transportes en el sentido de que era necesario dar una salida por la vía legal a la situación de las radios en lugar de seguir aplicando una política represiva por parte del Estado; posteriormente el hecho de que el Estado mexicano haya reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la necesidad de tener un marco normativo que garantice la libertad de expresión de los ciudadanos a través de la radiodifusión comunitaria, y que la SCT estableciera de manera más clara los requisitos para que las radios puedan obtener sus permisos.
En este proceso hemos coincidido en que muchos de esos requisitos contemplados en la norma, en materia de permisos, establecen condiciones económicas o técnicas muy por encima de las capacidades de los grupos ciudadanos que aspiran a operar una frecuencia propia, por lo que en la práctica legalizan la exclusión de los grupos más pobres y vulnerables.
Las radios comunitarias son consideradas por organismos multilaterales como una necesidad primordial para atender a los grupos más vulnerables en materia de acceso a la información y libertad de expresión, ya no sólo por la UNESCO, sino también en su informe más reciente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2003 recomienda establecer marcos regulatorios para garantizar su existencia.
El Banco Mundial, en su capítulo de Desarrollo Social de 2003, reconoce el papel de los medios comunitarios como medios efectivos para la transparencia y la rendición de cuentas, así como la construcción de ciudadanía, especialmente en las comunidades más pobres, tanto urbanas como rurales. Incluso por el trabajo que desarrollan las radios en México, en breve estará un grupo de organizaciones sociales y del Banco Mundial que trabajan en Indonesia para conocer la labor que desarrollan.
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Sobre la base de las condiciones de inequidad existentes para acceder a los permisos es que se requiere facilitar y flexibilizar las condiciones para que las radios comunitarias puedan cumplir con la norma, pues está demostrado que dichos medios proporcionan un irrestricto servicio público sin fines de lucro, que llenan las carencias de la población más vulnerable en materia de salud, derechos humanos, medio ambiente, entre otros, y que por ende apoyan el quehacer de muchas instituciones del gobierno federal. A pesar de desarrollar esta tarea no cuentan con los apoyos necesarios, producto de la ausencia de una política de Estado en materia de comunicación para el interés público.
Nuestro compromiso es que las radios pertenecientes a la Red de AMARC elaboren sus respectivos expedientes con el fin de cumplir, en la medida de sus posibilidades, con los requisitos y las normas establecidas para que sean reconocidas legalmente y se les otorgue su respectivo permiso. Sin embargo, ello no es suficiente si primero no se establecen condiciones de tipo técnico, financiero y legal por parte de las autoridades para que las emisoras puedan cumplir con todos los requisitos. Razón por la cual es imperante que pasemos de los acuerdos a los hechos para hacer el trámite formal de petición de permisos ante la SCT.
Proporcionar respuesta a la legítima demanda de los medios comunitarios en el marco de la legalidad es una responsabilidad ineludible de las autoridades, por lo que hemos instado a la Secretaría de Gobernación a que lleguemos a acciones concretas. Cabe recordar que la emisión de los permisos a las radios es tan sólo una solución coyuntural a una demanda social emergente a la que el gobierno federal se ha comprometido a dar justa respuesta, pues la solución de fondo debe estar encaminada a instaurar un cambio normativo y políticas de Estado, que reconozcan a este tercer sector de la comunicación ciudadana en igualdad de oportunidades y equidad de condiciones para acceder a las frecuencias radioeléctricas, tal como se ha comprometido nuestro país con la firma de la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente en el rubro de Libertad de Expresión y Pensamiento.
Al respecto, hay que señalar que en octubre próximo solicitaremos una sesión de trabajo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington, para dar seguimiento a los avances del Estado mexicano en cuanto al reconocimiento legal de los medios comunitarios, una razón más para que se hagan las acciones pertinentes para dar soluciones concretas en el tema.
Sólo falta la concreción de los acuerdos, que esperamos no se queden en palabras.
Diciembre 2008
Del dicho ¿al hecho?
