etcétera

El destino empezó a alcanzar
a Andrés Manuel López Obrador

José Carreño Carlón

Apartir de una peculiar adaptación de la propuesta maoísta de "la huída" o de "la fuga hacia adelante", activada ante cada irregularidad puesta al descubierto en su campo personal de responsabilidad, en su gobierno y en su equipo de campaña, el gobernante perredista del DF contraatacó con una sucesión inagotable de reacciones mediáticas de control de daños.

Pero con ellas ya no obtuvo la vía franca para establecer los temas de la agenda del debate público "como hasta hace poco lo hacía", según el primer informe de Consulta Mitofsky posterior a los videoescándalos. Y es que se trató, precisamente, de movimientos reactivos a los temas impuestos en la agenda a partir de esos videoescándalos.

No obstante su obsesiva insistencia, por un lado, en que su gallo no perdió una pluma y en que las denuncias le hicieron lo que el viento a Juárez, es decir, no obstante su resistencia a asumir la realidad, a reconocer los daños y a cuantificarlos, por otro lado no ha dejado de realizar operaciones de control de esos daños supuestamente inexistentes.

Parecería entonces obligado, desde fuera del gobierno de López Obrador, intentar una primera cuantificación de los daños desencadenados tras la exhibición televisiva de las escenas comprometedoras de la integridad de su entorno más cercano y tras las reacciones del jefe de gobierno a esa exhibición.

Para empezar, en términos estrictamente comunicacionales, López Obrador perdió en estos meses su capacidad de iniciativa para colocar sus temas en la agenda pública.

Lo que sí alcanzó a posicionar fueron sus reacciones, en forma de subtemas, de propuestas de interpretación del tema principal que le fue impuesto la corrupción de su entorno a través de una reacción en cadena de variaciones sobre una misma teoría conspirativa.

Con ello logró también efectos de distracción de las audiencias, de adulteración del debate y de postergación de la rendición de cuentas, sólo que a cambio de ir acumulando costos que ahora parecen incalculables y que pudieran llegar a resultar impagables: un orden de efectos que se analiza adelante y que puede llevarnos de los videos de marzo a los procesos judiciales de mayo.

Tuvieron que pasar ocho semanas para que el propio procurador de Justicia del DF reconociera, gracias al interrogatorio que le hizo el Senado, que las teorías conspirativas de su jefe y sus referencias a supuestos complots fueron, precisamente, sólo desplantes políticos, no respaldados en elementos legales, es decir, como consignamos arriba, maniobras de distracción, de adulteración del debate, finalmente reconocidas por el procurador Batiz, y de postergación de la rendición de cuentas.

Foto: Jaime Wernwr

En la línea de investigación y de la teorías de la comunicación centradas en los efectos generados por los medios, los producidos por los desplantes de López Obrador son los conocidos como de corto o muy corto plazos, a diferencia de los efectos de recordación que, según la mayoría de las hipótesis académicas, tendrán, digamos, las imágenes televisadas del máximo operador político del jefe de gobierno en su incansable, laboriosa y a la vez gozosa tarea de empacar fajos de dólares. O los primeros minutos de su trance expiatorio: la tortura mediática a que fue sometido por el payaso tenebroso, acaso la única sanción que recibirá, a juzgar por la protección que, hacia la última semana de abril, le dispensaban todavía las autoridades del DF y el PRD.

En el caso del jefe de gobierno, los efectos de cada una de sus reacciones mañaneras le reportaron beneficios mediáticos de tan breve duración que a veces ésta se midió en minutos, o en horas, a cambio de una gravosa acumulación, día a día, de una abultada cuenta, política y jurídica, cuyo pago ya empezaba a ser exigible en abril y todo indicaba que los vencimientos se seguirían agolpando en adelante.

Por eso es que, a todas luces, parecen más duraderos los efectos desencadenados en las audiencias en el orden del conocimiento de la naturaleza oculta para esas audiencias, hasta marzo del proyecto de López Obrador; en la modificación de las actitudes de esas audiencias hacia ese proyecto, y en los comportamientos y conductas provocados en los actores sociales por los videos de marzo (los comportamientos electorales reales se empezarán a conocer en los procesos locales y en el federal de aquí a 2006).

De acuerdo con la encuesta en viviendas de Consulta Mitofsky, levantada en marzo y publicada en la tercera semana de abril, el gobierno del Distrito Federal ofrece los más pobres rendimientos del país en los indicadores mínimos de responsabilidad de los gobernantes: inseguridad (83%) y corrupción (56%) fueron los problemas más graves mencionados por los habitantes de la capital de la República. El gobierno de López Obrador resultó el líder, a escala nacional, en percepciones negativas sobre corrupción pública su situación no se observa en ninguna otra entidad, señala el estudioademás de conservar la vanguardia en inseguridad y de que, en el rubro de los servicios públicos que los capitalinos reclaman, es el de vigilancia el que más se menciona (49%).

En el plano de los efectos cognitivos y en el de las actitudes, para decirlo en una frase, tras unas semanas de estallados los escándalos de corrupción en su gobierno y en su equipo más próximo, y a poco más de un año de que los partidos definan sus candidaturas presidenciales, la carta del jefe del GDF hasta hace unos meses presentada como una carta de triunfo se perfiló, ya en abril, con decrecientes posibilidades reales de éxito.

En el plano de los efectos en los comportamientos desencadenados como resultado de los efectos en el conocimiento público de lo que ocurre en el gobierno del DF, y en la consecuente modificación de las actitudes de audiencias y actores involucrados, buena parte de los daños parece concentrarse en el partido de López Obrador. Las conductas desatadas entre sus cabezas visibles parecen actuar para algo muy parecido a la autodestrucción del Partido de la Revolución Democrática:

a) Las respuestas partidistas al anuncio de la investigación de delitos presuntamente cometidos por el jefe del GDF y sus allegados constituyeron un revés para un PRD que fue percibido por una parte considerable de los medios como simple instrumento de presión para prolongar la impunidad de sus jefes a través de sobreactuaciones como esa de la "ruptura del diálogo con el gobierno federal" y las amenazantes movilizaciones, estilo Hugo Chávez, contra las dependencias gubernamentales "enemigas".

b) Los nuevos descubrimientos sobre fraudes en varias delegaciones del Distrito Federal, en el marco de los videoescándalos, fueron enmarcados como parte de las reacciones de control de daños de López Obrador e interpretados como la anticipación de que estaba en curso una nueva serie de revelaciones de corrupción organizadas como armas para completar las purgas internas en el Partido de la Revolución Democrática, con miras a dejar fuera de la organización a todo el que haya intentado o intente en el futuro cuestionar la ambición presidencial de López Obrador, con lo que el partido probablemente quedará reducido a un puñado de secuaces del autoproclamado Rayo de Esperanza.

La hora de los tribunales

Hay otro orden de efectos, comunes, en este tipo de situaciones, en los países con regímenes más avanzados, pero excepcionales en México. Tras un crecimiento en espiral de la atención pública producido por la divulgación de una cadena de escándalos políticos como los vividos en nuestro país en marzo y abril, en los países con cultura y reflejos de legalidad arraigados se genera un efecto de sensación de urgencia y una expectativa de inminentes medidas de control, en forma de respuestas estatales a los problemas revelados. Los gobiernos se ven compelidos a adoptar medidas administrativas de reacción, a realizar acusaciones formales para dar lugar al inicio de procesos judiciales y a promover y discutir legislaciones para prevenir la repetición de los episodios traumáticos.

A pesar del escepticismo o del cinismo que vaticina que nada de esto pasará en el México de los videoescándalos, hay signos de que esta vez sí habrá continuidad, al menos selectiva, entre la conmoción mediática en espiral y los efectos de comportamiento en forma de respuestas estatales. Todo parece indicar, por ejemplo, que el alto mando político de López Obrador en el DF actuará selectivamente y decidirá que se lleven a cabo procesos benignos, en libertad de acción, a Bejarano e Ímaz, sus allegados y soportes de campaña, y se cargue el mayor peso de la ley a los opositores a su ambición presidencial, de dentro y de fuera de su partido, involucrados o involucrables en el efecto de sensación de urgencia de respuestas estatales al trauma originado en los videoescándalos y profundizado por las reacciones del jefe de gobierno. Habrá, pues, procesos en mayo. Quizá, en este caso, con algunos rasgos y desgarramientos que pueden traer al menos un recuerdo pálido de los Procesos de Moscú. No esperemos por las ejecuciones sumarias, pero sí porque fundamentalmente se tratará de purgas aplicadas por una tribu vencedora a una vencida dentro de un aparato de poder, como también ocurría en los ajustes de cuentas dentro del régimen priista, para integrar en este escenario las dos tradiciones autoritarias que inspiran el proyecto perredista.

Por otro lado, todo parece indicar, también, que el gobierno federal, a su vez, se mostrará sensible a la sensación de urgencia de respuestas estatales, tanto frente al trauma de los videos como frente al desafío flagrante y frecuente de López Obrador contra la ley, desafío que ya tuvo un efecto internacional.

El análisis de este efecto internacional se inscribirá probablemente en una línea creciente de producción académica de los efectos mediáticos en la globalidad. Los videoescándalos produjeron efectos cognitivos en las audiencias estadounidenses. Enseguida, estas audiencias fueron expuestas a las reacciones mediáticas de López Obrador, quien, de involucrar en sus teorías conspirativas, sucesivamente, a varias agencias oficiales estadounidenses, pasó a exhibir, y a distribuir, a los medios, un expediente confidencial de la Unidad de Investigación contra Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EU. Esta agencia estadounidense le había enviado ese expediente a la Procuraduría General de la República y ésta, a su vez, se lo había confiado a la del Distrito Federal, a pesar de lo cual el jefe de gobierno presentó ese mismo expediente como la prueba suprema de la conspiración en su contra, de la que acusó a la propia PGR, que se lo había entregado a la Procuraduría del DF, la que se lo habría dado al jefe de gobierno.

Eso fue lo que provocó que, personalmente, William Fox, el director del Financial Crime Enforcement, decidiera suspender los convenios de intercambio de información financiera con México, aduciendo que la divulgación por el jefe de gobierno del DF del expediente elaborado por la Unidad de Crímenes Financieros, despertó inquietudes muy grandes en Estados Unidos.

La misma noche del 22 de abril en que se conoció la decisión estadounidense, López Obrador reaccionaba con rápidos reflejos en el noticiario nocturno de mayor audiencia, asegurando que fue el gobierno federal (a través de Hacienda y/o la PGR) el que habría hecho mal uso del expediente del Tesoro de EU, con lo cual lograba una vez más distraer, por unas horas, a las audiencias respecto del contenido del informe: las transferencias de dólares de su secretario de Finanzas a Las Vegas, y respecto del presunto delito propio de divulgar un documento confidencial de una averiguación previa. Con su ya rutinario cinismo, al culpar al gobierno federal de hacer mal uso del expediente estadounidense, López Obrador pudo tener en mente que, en efecto, fue un mal uso del expediente el hecho de que la PGR se lo haya confiado a la del DF, sin prever que ése era el mejor camino para que llegara a manos del jefe de gobierno del DF.

Fue otro golpe reactivo exitoso en cuanto al efecto de adulteración del debate. Pero ya entonces parecía difícil seguir postergando el momento de la rendición de cuentas.

Ya estaba en el límite la eficacia de su patrón de comunicación más socorrido: con la pretensión de neutralizar las consecuencias de sus actos en el frente legal a través de golpes mediáticos, los propios golpes mediáticos terminaron por colocarlo en la ilegalidad.

Al día siguiente compareció por dos horas ante la Procuraduría General de la República y al salir omitió toda referencia a lo declarado por él y a lo cuestionado por la PGR. Se limitó a repetir sus especulaciones sobre el complot de sus enemigos para exhibir la corrupción de su entorno, no obstante que apenas 24 horas antes el propio procurador del DF había reconocido ante el Senado que las referencias del jefe de gobierno del DF a supuestos complots eran sólo desplantes políticos mediáticos, habría que precisar no respaldados en elementos legales, es decir, como consignamos arriba, maniobras de distracción, de adulteración del debate y un esfuerzo, quizá ya infructuoso, de postergación de la rendición de cuentas.

El crecimiento en espiral de la atención pública producido por la divulgación de las transgresiones de López Obrador, incluyendo su impacto internacional, terminó por generar los efectos, comentados arriba, de una sensación de urgencia y una expectativa de inminentes medidas de control, en forma de respuestas estatales a los problemas revelados.

Si también para López Obrador ha llegado la hora de los tribunales, todo parecería indicar que, en el mejor de los casos, dedicará la mayor parte de su tiempo al frente del gobierno del DF a defenderse de la cadena de responsabilidades legales que se le han acumulado, las últimas de ellas, frente a millones de teletestigos de sus desplantes contra una colección impresionante de normas jurídicas.

Los efectos de los medios en la globalización se expresan también en las audiencias internacionales. Algunas de ellas, con bastante peso en Estados Unidos, muestran ya la misma sensación de urgencia y la expectativa de inminentes medidas de control que manifiesta un sector importante de las audiencias nacionales, ante un gobernante empeñado en reincidir en la manía de calificar qué leyes le son aplicables, qué autoridades son las seleccionadas por él como solventes para aplicarlas, qué resoluciones judiciales son las que deben ser acatadas y cuáles son pura transa o producto de complots.

De la marginalidad política que se ha empeñado en recuperar de su pasado, López Obrador parecería estar pasando, infatigablemente, a la conquista de la marginalidad legal, a la vista de las penas aparte de las corporales y pecuniariasde remoción e inhabilitación para ocupar cargos públicos, previstas en las disposiciones aplicables a sus conductas transgresoras de las leyes.

Decálogo de la comunicación política antiestratégica

La ruta final difícil llamarla estrategia que puso en este derrotero a Andrés Manuel López Obrador, a partir del 1 de marzo en que se divulgó el primer video comprometedor para su proyecto, muestra huellas de graves deficiencias de visión y conducción en, al menos, estos diez aspectos de la comunicación pública:

1. Una visión extrema de corto plazo, en que lo relevante como quedó dicho ya no fue siquiera salvar el día, sino la hora la del siguiente noticiario sin considerar los costos que se acumulaban cada jornada, cada semana, cada mes, ni la medida en que se comprometían el mediano y el largo plazos al conducir a la jefatura de gobierno, en cada huída hacia adelante, a callejones sin salida cada vez más desconocidos para su titular.

Foto: Abril Cabrera

2. Una lectura equivocada, cínica y peligrosa de las percepciones de las audiencias según la cual, ante los primeros videos incriminatorios, la gente tendería a apreciar más el valor de enfrentar a quienes lo exhibieron que el valor de enfrentar la corrupción de su equipo político y de gobierno. La interpretación de encuestas como la realizada por Reforma en abril, según la cual 54% de los habitantes del Distrito Federal prefiere a un político que dé buenos resultados aunque sea corrupto, resulta equivocada porque la medición de estas actitudes ante la corrupción no necesariamente se traducirá en comportamientos favorables de los votantes para los gobernantes percibidos como corruptos. La lectura del dato de que 45% prefiere un gobierno que dé apoyos aunque sea también corrupto, es también cínica cuando la interpretación es usada para sustentar políticas clientelares, como las de López Obrador, a fin de movilizar el respaldo de los necesitados, sin importar que 52% de los capitalinos tiene la percepción de que no se ha avanzado "nada" en el DF en materia de combate a la corrupción y 53% piensa que es falso que López Obrador desconociera que algunos de sus colaboradores estaban metidos en actos de corrupción. Pero, sobre todo, la interpretación es peligrosa porque este tipo de gobernantes, en una Latinoamérica en la que 55% prefiere volver a un gobierno autoritario a cambio de mejorar la situación material, puede estar haciendo la misma lectura que la realizada ante la corrupción para revertir los avances democráticos con nuevas ofertas dadivosamente clientelares.

3. Un desbordamiento retórico que lo condujo a polarizar su posición y a marginarse en la ilegalidad, la intolerancia y sus obsesiones patológicas. Si en marzo pasado retrocedió 15 meses en los puntos de aceptación acumulados entre los habitantes del Distrito Federal, su retroceso en violencia verbal y su regresión en materia de obsesiones discursivas personalizadas se remontaron más de 15 años, hasta los primeros años 90 del siglo pasado: 67 veces mencionó López Obrador el nombre del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari a lo largo del marzo negro del jefe de gobierno, sin contar las 20 veces que aludió al ex presidente con el apodo de "El innombrable", que el propio López Obrador le asignó.

4. Una incapacidad radical para cubrir más de un frente de hecho sólo atendió el frente mediático de cada día con lo cual despojó de toda protección el frente legal-judicial y prescindió de toda posibilidad de equilibrio y coherencia en el frente del discurso político. Con esos desplantes, organizados y ensayados para los medios, se colocó a sí mismo en varios supuestos de ilegalidad; expuso a sus informantes y a su sistema mismo de espionaje; lesionó el marco de cooperación con EU en materia de combate al lavado de dinero con tal de darse el gusto de posar para la prensa con los documentos confidenciales del Financial Crime Enforcement, ofrecidos como prueba suprema del complot, no obstante que la Procuraduría General de la República se las había confiado a la del Distrito Federal, en un extremo acaso extravagante de buena fe. En el frente del discurso político el jefe de gobierno privilegió los mensajes del rijoso activista contra la injusticia de las leyes y contra la legitimidad de quienes pretendían aplicárselas, sobre los mensajes del supuesto respeto a las instituciones, que sonaban más bien autoparódicos, incluyendo los que portaban una afectada, supuestamente jurada, pero inverosímil, consideración a la investidura presidencial: una farsa tan obvia que el propio Presidente se sintió obligado a poner al descubierto.

5. Una irreparable falta de preparación para asumir el error, el fracaso y la crítica, de la que se derivó una incapacidad más: la incapacidad de corregir.

6. Una carencia casi definitiva del instrumental básico para la anticipación y el manejo de la comunicación en situaciones de crisis, instrumental indispensable en cualquier función directiva en las organizaciones modernas.

7. Un patrón de conducta de descalificación, rechazo y negación de las fuentes de poder y de opinión diversas a las suyas, patrón incompatible con las condiciones de nuestra todavía nueva sociedad abierta y de nuestro todavía incipiente Estado democrático de derecho, condiciones que imponen a todos los actores el imperativo de acordar las nuevas pautas de convivencia y negociación civilizada en la tensión permanente con esa diversidad de fuentes de poder y de opinión.

8. La expresión reiterada, atávica, de un peligroso rasgo infantil de bajo umbral de tolerancia a la frustración de expectativas, particularmente las de ser admirado y reconocido, sin nada ni nadie que empañe su imagen, y las de no ser confrontado por informes, sentencias, leyes, dictámenes, instituciones, personalidades o simples opiniones que el jefe de gobierno hubiera decidido condenar obsesivamente a la inexistencia pública o a la aniquilación.

9. Una tendencia a abusar de sus aliados en los medios, al grado de menospreciar su capacidad crítica y desatender indefinidamente la comedida demanda reiterada por algunos de esos aliados de que el jefe de gobierno rectificara el discurso encubridor de la corrupción, basado en las más cambiantes y cada vez más fantasiosas teorías conspirativas.

10. La tendencia a abusar de las ganas de la izquierda intelectual y de un sector de la derecha empresarial de creer que el jefe del GDF era, de veras, portador de un proyecto político más allá de la "devoción maniaca" que llamó Paramio a su imagen personal, y de imaginar que ese proyecto era el de una izquierda moderna y democrática.

Entre otras pérdidas sensibles sufridas por la imagen de López Obrador en el primer mes de efectos de los video escándalos, conforme al estudio de Consulta Mitofsky, está una caída de 20 puntos entre el porcentaje que consideraba en febrero que el gobernante perredista mantenía el control de la ciudad y de su gobierno (72%) y la que así lo consideraba en marzo (52%).

En resumen, formado en la admiración y en las ansias de emular a hombres públicos de vocación caudillista a los que sirvió a su paso por el PRI y en los primeros años del PRD, así como a los políticos de instintos unos más lentos que otros y de salidas verbales celebradas como airosas por sus cortes de seguidores, López Obrador armó su ambición presidencial con un conjunto no integrado de actitudes, posiciones, decisiones, acciones, medidas, frases, desplantes, adoptados con base en referencias anecdóticas, tradiciones orales y citas de oídas. La armó con todo lo que pasaba frente a él y con lo que el instinto le aconsejaba utilizar, menos con algunas lecturas básicas. Mucho menos, aún, con una visión estratégica.