etcétera

Carlos Slim, nuevo fiel de la balanza

José Carreño Carlón

Las fiestas de fin de año no lograron disipar el efecto de las tormentas vividas en los espacios del Congreso durante el ejercicio (fallido) de su responsabilidad de acordar normas modernas para el funcionamiento fiscal y presupuestario del país a partir de este naciente 2004.

Tampoco pudieron los festejos navideños desvanecer los gruesos trazos que marcaron la ruptura de una minoritaria y de viabilidad incierta corriente reformadora, enfrentada a una mayoritaria corriente tradicionalista dentro del abierto campo de batalla en que se expresa cada vez más el otrora indivisible Partido Revolucionario Institucional.

En fin, fue alta la visibilidad del espectáculo de fuego cruzado ofrecido el pasado fin de año por los poderes Legislativo y Ejecutivo, los partidos políticos y, poco antes, por el gobierno del Distrito Federal con su enfrentamiento con el Poder Judicial de la Nación.

Y esta visibilidad fue explicable en razón de que se trata de órganos e instituciones de la democracia representativa que en México pasó, finalmente, del texto constitucional a la realidad cotidiana de los interesados en la vida pública.

Sólo que la alta visibilidad de aquellas confrontaciones en la superficie de la vida pública no debería mantener ocultos los cambios profundos que se están dando ahora con mayor velocidad que el muy celebrado tránsito a la familiarización de la sociedad mexicana con algunas prácticas identificadas con la vida democrática.

Los nuevos cambios en marcha podrían clasificarse en cinco grupos:

1) La transformación en artículos desechables o en espectáculos de consumo rápido, dirigidos y controlados por los medios, de los procesos de decisión atribuidos por la Constitución a los órganos de la democracia representativa.

2) La desvalorización, la degradación y la inhabilitación sistemáticas en los medios de los exponentes y actores de esa democracia representativa, elegidos legal y democráticamente, y la erección de los poderes mediáticos como verdaderos espacios de toma de decisiones y como tribunales que día a día organizan todo tipo de juicios sumarísimos contra los exponentes de los órganos administrativos, legislativos y judiciales legalmente establecidos (lo que no excluye admitir la frecuente autodesvalorización, autodegradación o autoinhabilitación en que suelen empeñarse esos mismos actores de la democracia representativa).

3) El dócil sometimiento de estos actores de la democracia representativa y de sus espacios de jurisdicción y competencia de pleno derecho, al poder político de hecho ejercido por las cabezas y los operadores de los grandes medios y de quienes controlan sus contenidos y efectos a través de la inversión accionaria y publicitaria.

4) La abyecta rendición de la mayor parte de estos actores de los espacios de la democracia representativa a las personalidades del poder fáctico constituido por la alta concentración del capital que, entre otros rubros, controla los movimientos fundamentales del campo de batalla de los medios.

5) La suplantación de los poderes metaconstitucionales que antes ejerció el Ejecutivo, por los poderes de hecho derivados de la concentración del capital, significativamente: a) el poder del control de los grandes medios de comunicación, b) la capacidad de conciliación y arbitraje entre grupos y actores políticos, c) la aprobación (el "palomeo") de los prospectos pre seleccionados como triunfadores hoy, con el apoyo de los medios bajo su control en las competencias por los principales puestos de elección, y d) la construcción de candidaturas y el cuidado de los actores considerados más idóneos para la sucesión presidencial.

Democracia postrepresentativa se le ha llamado en Europa, a la vista del fenómeno Berlusconi en Italia, o simplemente postdemocracia, se le ha nombrado en Reino Unido, a esta fase disfuncional de la organización política. En los hechos, se tiende a anular en este ciclo el papel de la representación democráticamente elegida en la integración y el funcionamiento de los poderes constitucionales del Estado. Y se tiende a erigir a los medios y a quienes los controlan como los llamados a procesar y determinar las decisiones públicas y a elegir y a desechar, a su conveniencia, las opciones para ocupar los puestos de los poderes del Estado o de los nuevos poderes autónomos.

Los procesos constitucionales para aprobar leyes o elegir o designar presidentes, gobernadores estatales o del Banco de México, así como las cabezas de otros organismos autónomos, los miembros del Congreso o los ministros de la Corte, tienden a reducirse a espectáculos rituales, confirmatorios de las decisiones de una élite o de un solo hombre, ahora desde la concentración del capital, como antes desde la concentración del poder político.

Se trata de aceleradas definiciones de fondo, apenas mal escondidas en episodios como el colorido y estridente espectáculo difundido en las semanas anteriores bajo la dirección escénica de los medios.

Asistimos el pasado fin de año a una muestra inequívoca de un cambio radical en la correlación de fuerzas entre las instituciones constitucionales de la democracia representativa y la estructura del poder real que pone en escena ese estridente espectáculo: el poder de los medios y sus nuevos agentes de control político.

En este preciso sentido, la estrategia del discurso político presidencial y de su despliegue en los medios en la última quincena del año viejo, tras el incumplimiento de los acuerdos en materia fiscal por la facción tradicionalista del PRI, pudo leerse como una decisión con efectos en tres planos:

1) El de dar por extinguidas la función y la capacidad históricas del presidencialismo mexicano de conciliar y arbitrar las controversias entre grupos y personas en conflicto.

2) El de asumir, en lugar de ese papel conciliador y arbitral, el del liderazgo de un bloque dispuesto a sacar adelante las reformas propuestas y a reducir a cualquier costo a las fuerzas de la contrarreforma.

3) Y, lo más relevante para estos comentarios: de dejar el paso libre para que el lugar del Presidente como centro de conciliación y arbitraje de los conflictos termine siendo ocupado por los poderes del capital y de control de los grandes medios.

Sólo desde la añoranza o desde el reclamo de la recuperación de esta función histórica del presidencialismo mexicano cobra algún sentido el reproche extendido a la beligerancia del discurso del presidente Fox ante quienes incumplieron los acuerdos para sacar adelante la reforma fiscal. Porque resulta un tanto fariseo, por decir lo menos, llamar al Presidente a serenarse a la vista de la crispación desbordada de un bloque antirreformista desde el que uno de sus miembros llegó a pedir la muerte para quienes votaran por las reformas.

Pero es en el punto del abandono de la función presidencial de conciliar y arbitrar los conflictos en el que los episodios que siguieron a la jornada parlamentaria del 12 de diciembre cobran un significado que trasciende la anécdota y el espectáculo mediático.

La facción tradicionalista del PRI que emprendió una lucha intestina en sus propias filas e incumplió los acuerdos comprometidos con el presidente Fox para aprobar la reforma fiscal, no acudió ni fue llamada a la residencia presidencial donde se dirimían los conflictos en el ciclo anterior sino que concurrió a una audiencia presurosa con Carlos Slim, en busca de los dones protectores, orientadores, conciliadores y arbitrales que antes otorgaba la institución presidencial.

Uno de los asistentes a la audiencia, con un Carlos Slim erigido en algo así como el nuevo jefe de las instituciones de la democracia postrepresentativa mexicana, expresó ante los medios su gratitud por los dones recibidos, en términos muy semejantes a los utilizados en el anterior régimen por quienes hacían declaraciones a la prensa al término de las audiencias y acuerdos con el entonces llamado jefe de las instituciones nacionales, el presidente de la República:

"Mostró una posición responsable y disposición para contribuir al debate con su presencia y con sus ideas", deletreó, agradecido con el magnate, el diputado Manlio Fabio Beltrones ante los micrófonos de Joaquín López-Dóriga.

A cambio, el empresario, a la cabeza del nuevo poder supraestatal de la democracia postrepresentativa, trató al jefe del Estado como una parte más de una controversia entre súbditos diversos.

Carlos Slim

Según El Independiente, Slim descalificó a Fox por sus críticas al bloque antirreformista de la Cámara de Diputados, lo mismo que criticó al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Héctor Rangel Domene, haciéndoles ver a los priistas que acudieron a su lado que los empresarios comunes "no entienden de estas cosas y por eso se ponen nerviosos". Pero también los instruyó: "Si van a negociar con los de Hacienda, no cedan; son muy tercos".

En otros espacios de la misma publicación Slim aparece como un elemento de certidumbre, como un estadista por encima del jefe constitucional del Estado y algo fundamental para este análisis como un poder al que acudieron los priistas tradicionales a solicitar y obtener un trato más considerado por los grandes medios, en especial, las grandes televisoras y radiodifusoras bajo la influencia o el control del empresario.

Sólo se registró un contraste al analizar el singular liderazgo postdemocrático o postrepresentativo de Slim. Raúl Trejo, en Crónica, hizo ver que más que buscar la salvación de la patria como lo sugirieron o establecieron los medios en su mayoría los movimientos del empresario tuvieron el propósito de conquistar mejores condiciones para sus negocios.

En efecto, bajo la perspectiva de la relación de los medios con los poderes dominantes en la fase de la democracia postrepresentativa, Carlos Slim había dado a finales de noviembre una exhibición magistral de su destreza para gobernar en las nuevas condiciones de control de los medios y, con él, de los temas de la agenda del debate público y de la manera de abordarlos: el público mexicano lectores y audiencias de los medios fue el único en no enterarse de la decisión de la Organización Mundial de Comercio de reprobar la anticompetitiva regulación mexicana del sector telecomunicaciones, que no ha podido actualizarse por las resistencias del propio Slim a modificar las condiciones monopólicas que favorecen su imperio en ese ramo. Y no sólo. Los medios mexicanos fueron unánimes en el manejo de la interpretación que le dio Slim a las noticias de Ginebra: el magnate salió a "informar" a los medios y no hubo quien lo corrigiera que México había "ganado" la disputa (citando un aspecto secundario de la decisión). Como lo señaló un autorizado servicio de análisis de medios, ello le permitió atenuar la turbulencia que podría haber afectado el valor de la acción de Telmex en los mercados, así como ganar tiempo para corregir las políticas afectadas por la decisión de la OMC. En la misma salida a medios, Slim se cubrió con una cortina de humo ante la eventualidad de que alguno diera el giro correcto a la resolución de Ginebra: abordó los grandes problemas nacionales, todavía en esa ocasión de una manera amigable con el gobierno y con la reforma fiscal en curso de discusión todavía no de colisión mostrando a las autoridades que es un hombre con ánimo de ayudar al gobierno, y asegurando, entre otros propósitos, la buena voluntad de las autoridades regulatorias para amortiguar el golpe de la OMC.

Finalmente, bajo la perspectiva de la definición pública presidencial de semanas atrás, en el sentido de que no se involucraría en los movimientos sucesorios desencadenados en su propio equipo de gobierno, ni siquiera en los que involucran a su esposa, mucho menos en los de su partido o los de los otros partidos, las vísperas del año viejo respondieron con nuevas definiciones de las nuevas realidades políticas.

Las más importantes se relacionan con el implícito o explícito en todo caso, inequívoco reconocimiento que hicieron algunos de los principales actores de las turbulencias de diciembre, en favor del más poderoso exponente de la concentración del capital a escala latinoamericana, con su igualmente poderosa participación en el control de los medios, como el fiel de la balanza de una anticipada y enconada lucha por el poder presidencial, que terminará de definirse en los próximos meses, aunque no se formalice hasta las elecciones de 2006.

En otras palabras, cedida o perdida la función presidencial de conciliar y arbitrar conflictos entre grupos y personas y la capacidad para conducir el proceso sucesorio surge Carlos Slim a la cabeza de la concentración del capital privado y de un singular poder político: como jefe de las instituciones de la nueva democracia postrepresentativa mexicana y como el nuevo fiel de una balanza ya cargada por el poder mediático al arrancar este año de 2004.

Adscritos públicamente a este fiel de la balanza aparecen ya el más adelantado precandidato presidencial del sector tradicionalista del PRI, Roberto Madrazo, y el más adelantado precandidato presidencial del PRD, Andrés Manuel López Obrador. Son los más enconados en el plano personal, desde el fondo de sus atavismos tabasqueños, pero también los que aparecieron más cercanos en las redefiniciones de diciembre. No sólo compartieron el centro y las reglas de referencia de Carlos Slim como cabeza de la nueva democracia postrepresentativa, sino que sus efectivos en la Cámara de Diputados integraron, unidos, el bloque opositor a las reformas foxistas.

Otra vez, cerrando el círculo de los movimientos políticos del empresario con el propósito de conquistar mejores condiciones para sus negocios, es fácil vislumbrar que este bloque antirreformista-populista bajo la égida de Slim, se erigirá en un dique para perpetuar la anticompetitiva regulación mexicana del sector telecomunicaciones, que seguirá sin actualizarse a fin de perpetuar igualmente las condiciones monopólicas que favorecen el imperio de Slim en ese ramo. Ya se ha anticipado esta postura por parte de un alto funcionario del gobierno del Distrito Federal y ya se han inclinado por esta posición perredistas connotados de varias legislaturas. Ahora sólo habrá que esperar que alguno de ellos convoque a dar muerte a quienes propongan o voten una legislación antimonopólica en la materia.

Pero la historia sigue su curso. En los días siguientes de la audiencia de la facción tradicionalista del PRI con Carlos Slim, sus espacios mediáticos más autorizados se empeñaron en generar una percepción de amplio espectro en el alcance y la diversidad de actores políticos y económicos adscritos a sus reglas y condiciones. Se trataba de diluir todo riesgo de reducir su actuación de diciembre a la expresión de un aval exclusivo a Roberto Madrazo y su facción.

Insistieron en que el presidente del Grupo Carso no sólo se reunió con Madrazo para hablar sobre las ideas y los ejes que se requieren para una reforma fiscal balanceada, sino que lo hizo prácticamente con todos los grupos y partidos representados en el Congreso. Y agregaron que a mediados del último mes del año estuvo en Monterrey con los principales empresarios de aquel grupo para platicar sobre las iniciativas y los conceptos que necesita una reforma fiscal y de cómo trabajar sin alarmarse en medio de esta tolvanera que al final de cuentas será temporal.

Se pudieron leer, presentadas como material periodístico, proclamas apologéticas como la de que:

"El presidente del Grupo Carso opta por actuar y exponer sus ideas en medio de la controversia política y parlamentaria por la que pasa el país, en lugar de mantenerse como espectador pasivo."

O revelaciones tan sugerentes, o al menos tan contundentes, del viaje del potentado a Monterrey, como la de que:

"Está claro que la visita de Carlos Slim a Monterrey no fue un asunto de rutina. Evidentemente que tiene que ver con un asunto estratégico de negocios y de definiciones políticas que le requerían al empresario acortar la distancia que se había ampliado entre él y el empresariado regiomontano de grueso calibre."

Lo cierto es que estamos ante un nuevo tránsito que podría estar completando, aquí y ahora, sólo que con un sentido regresivo, el ciclo que llevó a la democracia representativa mexicana, de su simple registro, sin consecuencias en la realidad, en nuestros textos constitucionales, por cerca de dos siglos, a la realidad cotidiana de los últimos años, para pasar ahora al control de quienes controlan los medios, los poderes de hecho que, en palabras de Thomas Meyer, han colonizado la política con la complicidad de los políticos.

Opera en este tránsito un triángulo de hierro, escribe Meyer, constituido por el poder de la élite que controla los medios, por un lado, las cabezas de los mismos medios por otro lado, y, por el otro, los controladores de los aparatos de medición de la opinión pública y su difusión intencionada. Un triángulo que ha logrado ahogar la deliberación libre, racional en los procesos de elección y toma de decisiones, y sustituirla por seudoplebiscitos con resultados predeterminados por este nuevo autoritarismo.