Sí. La actual es ambigua
Javier Corral Jurado
Afirmamos la necesidad de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, no sólo porque se requiere incorporar los avances tecnológicos, figuras jurídicas de mayor transparencia y certeza, sino también porque bajo muchas de las ambigüedades y lagunas de la actual ley, el monopolio privado que opera la red nacional de Telmex ha
resultado el único favorecido con que no hayan cuajado disposiciones que en favor de la competencia se habían contemplado.
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La resistencia de Telmex y de quienes le representan en el Congreso se ha expresado con varios pretextos,
como la supuesta dureza que se contempla en la iniciativa de ley en materia de reglas de interconexión y de
dominancia, así como en la desagregación del llamado "bucle local", la última parte de la red que llega al usuario. En
realidad, estas disposiciones ya están contenidas en el título de concesión de Telmex, en mayor número y contenido.
Pero al trasladarse a la ley, estará en la obligación de cumplirlas, lo que hasta hoy no hace por virtud de la existencia
de un órgano regulador enclenque, con atribuciones indefinidas y sin la fuerza de verdaderas sanciones.
No debe extrañar que los legisladores se hayan colocado en la disyuntiva de optar entre defender los
intereses de una empresa bajo el socorrido argumento de un nacionalismo que no se ve en sus tarifas a los
mexicanos, y quienes nos empeñamos en la defensa de los intereses de los consumidores de los servicios de telecomunicaciones.
En la iniciativa que combate Telmex y algunos legisladores, se incorpora un capítulo en favor de los
consumidores, estableciendo 13 nuevos derechos frente a las empresas y a la autoridad; consagra el carácter confidencial de
la información; se obliga a celebrar un contrato que deberá incluir determinadas condiciones relacionadas con
la calidad del servicio y precio, y se consigna un mandato claro para que la Cofetel y la Profeco se coordinen
estrechamente para proteger al usuario.
La iniciativa busca reducir la brecha existente en el acceso a los servicios de telecomunicaciones, con
especial énfasis en los mexicanos que habitan en zonas urbanas y rurales marginadas, así como en pueblos y
comunidades indígenas. Y reconoce que la mejor atención de los programas de cobertura social puede exigir el uso de
mecanismos que se alejen de las reglas de mercado; crea un fondo de recursos para inversión en la materia; incorpora
como criterio de selección del ganador en las licitaciones de espectro radioeléctrico, ofrecer las mejores condiciones
de cobertura, conectividad, penetración, tarifas al público, entre otras.
Actualmente la Cofetel está prevista sólo en un artículo transitorio en el que no se señalan sus facultades
ni competencia. En la iniciativa se señalan su naturaleza, objeto, facultades, autonomía y se establecen nuevos y
claros procedimientos. Más independiente, autónoma y con dientes, para meter en orden a los que incumplan.
El tema de la interconexión se mejora. No es una novedad ni para la actual ley ni para Telmex, pero ahora sí
se crea un procedimiento para que los operadores negocien los acuerdos de interconexión y para que, en su caso,
la Cofetel resuelva lo que no se hubiere convenido. Cuando la Comisión resuelva desacuerdos entre operadores
en relación con precios o tarifas de interconexión, " el monto de las mismas deberá considerar el costo de
operación, la parte proporcional de recuperación de la inversión, y una utilidad razonable, de manera que se fomenten
la inversión en infraestructura y precios competitivos a favor del usuario".
En la ley vigente, el tema relativo a operadores con poder sustancial de mercado y las facultades de la Cofetel
para establecerles obligaciones específicas, está regulado exclusivamente por un párrafo del artículo 63.
La iniciativa prevé expresamente el concepto de dominancia y lo determina como el único demandante de
un servicio específico en un mercado relevante, o aquél que en el ejercicio fiscal del año inmediato anterior
haya obtenido una cuota superior al 25% de los ingresos brutos globales generados en un mercado relevante.
La iniciativa actualiza otros temas importantes, tales como procedimientos concesionarios, permisos,
servicios de valor agregado, comercializadoras, derechos de vía, patrimonio público, coordinación entre niveles de
gobierno, certificación, inspecciones, simplificación administrativa, afirmativa ficta.
Es claro que se habrá de reforzar por estas fechas la resistencia y el embate a un proyecto legislativo que
toca intereses multimillonarios, pero que no puede quedar en un asunto entre operadores y gobierno.
Diciembre 2008
¿Nueva Ley de Telecomunicaciones?
