Claras regresiones en conductas informativas
José Carreño Carlón
Son varios los saldos que se pueden anticipar en materia de comunicación pública a un año de la toma de
posesión del primer presidente del nuevo régimen de competencia electoral plena. En primer lugar, un saldo colmado de paradojas.
Por ejemplo, al lado de numerosas celebraciones de una nueva época de libertades informativas y de publicación
de opiniones, como consecuencia se presume del arribo a un nuevo ciclo de democracia sin restricciones, contrastan las reacciones del Presidente de la República, la cabeza visible de esa hazaña democrática: reacciones de disgusto,
reprimendas, reproches y peticiones recibidas por el propio Presidente, sin peticionarios identificados, de represión contra
quienes ejercen esas supuestamente recién adquiridas libertades.
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Foto: Miguel A.
Navarrete |
En este punto vale la diferencia entre cambios y reformas, propuesta por algunos de los estudiosos de los
movimientos reformistas de los años 70: hay cambios que pueden presentarse en virtud de la maduración de procesos y la
concurrencia de factores diversos, al margen o, incluso, en contra de la voluntad de los dirigentes formales de una comunidad,
mientras que las reformas son producto de proyectos deliberadamente inducidos, de estrategias convenidas, de métodos
elegidos y de objetivos deseados.
En este año, en materia de relaciones de los medios con los poderes estatales y corporativos y con la sociedad,
hay sin duda cambios ostensibles pero no reformas. Por una parte, esos cambios han sido impulsados por la maduración
de diversos procesos políticos, económicos, sociales, culturales, relacionados directamente con el sistema de
comunicación pública o con repercusiones claras sobre ese sistema. Por otra, cambios precipitados en el marco de las presiones desatadas periódicamente en cada coyuntura sexenal, desde el complejo burocrático
empresarial de los medios, con miras al reciclamiento y al reacomodo de sus intereses.
Pero no hay es preciso insistir reformas dignas de ese nombre. Los cambios observables en la deshinibición de
los medios en el tratamiento de temas y ángulos de la información y la opinión, específicamente los relacionados con la
figura presidencial y el desempeño e incluso la familia del Presidente, no sólo no constituyen un objetivo deseado sino ni
siquiera asimilado, mucho menos aceptado por la élite del nuevo régimen, de acuerdo con la célebre emisión
radiofónica presidencial del 3 de noviembre pasado y su secuela de reacciones en cadena.
En el aparente vacío de visiones estratégicas del nuevo régimen es impensable inscribir dichos cambios en
una estrategia convenida por las partes involucradas. Sólo que, en ausencia de esa visión estratégica en el gobierno,
avanza una estrategia de presión y negociación de un grupo que sí tiene claridad de propósitos, que cuenta con un
poder acrecentado otra paradoja por el desplazamiento del grupo gobernante que lo sustentó pero a la vez lo
condicionó por varias décadas, y con una rica y bien asimilada experiencia en las lides de la presión y la negociación con el
Estado mexicano.
Para desconcierto de los más altos responsables y operadores del nuevo régimen, los cambios que se le
aparecieron en el camino en materia informativa se sustentan en los efectos acumulados de procesos iniciados hace un par de décadas. De medios informativos con la nómina, la facturación y un generoso caudal de privilegios conectados al Estado, de
hace no más de 20 años, se ha pasado gradualmente a una situación en la cual los medios se sustentan cada vez más en
el mercado.
Sin pasar por alto las distorsiones impuestas por el intervencionismo de la casa presidencial, de este y el
anterior sexenio, en la puesta a flote, la gestión y el nombramiento de funcionarios en la televisora de mayor audiencia
según datos publicados y no desmentidos lo cierto es que el poder público ha ido perdiendo uno a uno los instrumentos
en los que basó la subordinación a ultranza de los medios.
Por ejemplo: el proceso de modernización económica, el redimensionamiento del sector público, las
privatizaciones tuvieron el efecto de quitarle al gobierno el hasta entonces indiscutible, incontrastable, primer lugar como
transferidor de fondos a los medios por la vía de la publicidad oficial, manejada ésta como recurso de mediatización de
políticas informativas y líneas editoriales. La apertura comercial al exterior y el impulso al libre comercio contaron entre
sus primeras víctimas al monopolio estatal de importación de papel periódico.
Y el proceso de modernización política, a través de la legislación electoral, convirtió en jugadores efectivos en
los medios a los partidos alternativos al gobierno en turno: con disposición de fondos públicos, por ley, para la inversión publicitaria.
Los crecientes controles del gasto público en más de una década han ido acabando con las formas más obvias
de compra de periodistas.
Todo ello deja sin base la generalización presidencial que quiso atribuir el endurecimiento de la crítica periodística
a la suspensión de las transferencias de fondos públicos a los medios y a sus operadores, como medida de
transparencia del nuevo régimen.
En todo caso, las transferencias y con éstas la dependencia directa de los medios al gobierno se han ido
reduciendo gradual pero significativamente en los últimos tiempos en función de los factores apuntados. Las que quedan, en
forma de publicidad oficial o enmascaradas en contratos de servicios informativos o de otra índole están registradas en
los ejercicios presupuestales recientes, en poder, buena parte de ellos, de la Secretaría de Gobernación.
De avanzar la ley del derecho de acceso a la información oficial, quizá un día algún ciudadano pueda exigir la lista
de esas transferencias. Si el Presidente encuadró la suspensión o la disminución de esas transferencias en relación
directa al recrudecimiento de las críticas a su gestión, quizá un cotejo de los estados de cuenta de medios y operadores en
relación con el ejercicio de esos fondos podría dar mayor sustento a sus palabras.
Al lado de claras regresiones en sus conductas informativas a lo largo del primer año del nuevo régimen, no se
deben menospreciar los gestos progresivos, no obstante que éstos hayan quedado oscurecidos o minimizados por el
énfasis presidencial en su propios desaciertos. Allí está la rápida aceptación del nuevo régimen a la demanda de suprimir el
día de la libertad de prensa, si bien el viejo régimen ya había suprimido casi diez años atrás su participación en este
ritual grotesco del modelo histórico mexicano de subordinación y colusión de intereses entre medios y gobierno. Y allí
están también la disposición a suprimir la gestión gubernamental en la adjudicación de los premios nacionales de
periodismo y el compromiso de acordar con el Congreso una nueva ley de acceso a la información.
Pero en los extremos del arranque y la conclusión de este primer año de gestión quedan dos muestras
paradigmáticas de arcaísmo en la relación del gobierno y los medios.
La primera, cuando a unas horas de haber tomado posesión del cargo, el Presidente tomó posesión también, por
decirlo así, del noticiario de mayor audiencia de la televisión: desplazó al conductor oficial del programa, se puso él mismo
a introducir a los miembros de su propio gabinete y al final se organizó una porra por el inicio del nuevo régimen. Fue
un salto hacia atrás de casi medio siglo, por su parecido al momento en que el presidente Miguel Alemán dispuso que
la primera transmisión de la televisión mexicana fuera la de su informe al Congreso de hace 50 años.
La segunda, a partir de la emisión radial del Presidente el primer sábado del doceavo mes de su gestión, en la cual
se propuso ejercer una supuesta potestad presidencial para decirles a los medios lo que merece y lo que no merece
ser publicado y para reprenderlos por no ajustarse a esos preceptos. Una regresión, ésta, que podría remontarse tres
décadas atrás, a los años del presidente Díaz Ordaz, en los que al dirigirse a los editores en el ritual del día de la libertad de
prensa solía ofrecer lecciones ciertamente con mayor comedimiento y corrección que el presidente Fox sobre selección
y presentación de noticias, sobre el manejo adecuado de las fuentes noticiosas, así como sobre la forma de realizar
y publicar entrevistas. Algo que ya parecía impresentable incluso en una de las más altas crestas autoritarias del
antiguo régimen, no parece resultar menos que extravagante al llegar a su fin el primer año del nuevo régimen democrático.
En el mes 12 de su gobierno, el presidente Fox justificó sus desbordamientos contra los medios en un balance que
hizo de tres meses de críticas implacables, dijo, a su gestión, es decir, a partir del noveno mes del gobierno.
Un cambio, no una reforma, en la relación del gobierno con los medios. Un cambio que fue producto de un
paciente proceso de gestación donde intervinieron factores diversos a los del nuevo régimen. Por lo mismo no fue una
transformación inducida deliberadamente por una estrategia de reforma con objetivos deseados por el primer gobierno
surgido de la alternancia democrática.
Sin embargo, eso no es lo más paradójico. La mayor de las paradojas radica en la reacción presidencial ante un
nuevo paso en la expansión de las libertades informativas, en la mayor liberalización de los medios, que hace aparecer
la ampliación de la libertad de prensa, una libertad democrática escencial, gestada entre tantos contratiempos, como
una hija no deseada de la nueva democracia mexicana.
Un año de paradojas
