etcétera

Un accidente de la transición mexicana

José Carreño Carlón

En materia de comunicación y reforma del Estado, las conferencias internacionales celebradas a mediados de cada año por las cámaras del Congreso desde 1998 los tres primeros años por la de Diputados y, a partir de 2001, con la participación del Senado ya podrían considerarse como parte importante de los anales de la lenta, accidentada, transición mexicana en este campo.

A partir de los registros de estos encuentros, ya se advierten avances, sin lugar a dudas, pero también se pueden encontrar testimonios de los grandes rezagos que sobreviven y de los nuevos retos del país en la materia.

Deliberadamente me abstengo de reducir el balance a los tiempos sexenales o al cambio de régimen de 2000. Por el contrario, en forma reiterada hemos propuesto que en el campo de la comunicación, la transición arranca con anterioridad al parteaguas electoral de hace dos años. Si nos limitamos ahora a la trayectoria que podría trazarse desde que arrancaron estas conferencias, tenemos frente a nosotros poco más de 60 meses de altibajos, zigzagueos y accidentes:

Foto: Jerónimo Arteaga

De la primera conferencia, que celebramos hace ya un lustro y escribo "celebramos" porque la Universidad Iberoamericana ha copatrocinado las cinco reuniones quedan los registros y alguna leve secuela hasta nuestros días de los anteriores años de enconos e incomprensiones que en México fueron suscitados desde los remotos años 70 por los intereses creados por las partes constitutivas de la colusión de los medios y el poder público ante la sola intención de discutir el considerable atraso del marco jurídico en los diversos campos de la comunicación.

Sin embargo, hoy cinco años después de aquella primera conferencia confrontada y boicoteada entonces por el complejo político burocrático dominante de la comunicación México cuenta con una razonablemente moderna y funcional Ley de Acceso a la Información Pública, tema que formó parte del temario de aquella conferencia fundacional de 1998.

En cambio, hasta junio pasado, con el nuevo nombramiento en la dirección en el Imer (Dolores Béistegui es la actual directora. N. de la R.), siguió entrampado en un confuso discurso de buenas intenciones y anacrónicas acciones, el compromiso del actual gobierno de transformar los medios bajo su gestión directa en auténticos medios públicos, asunto que fue tratado en nuestra segunda conferencia, en 1999.

En contrapartida, en el proceso electoral que dio lugar al cambio de régimen político en 2000, la opción vencedora logró abrirse espacios entre las viejas prácticas de la cultura de la colusión que secularmente han presidido en nuestro país la relación de los medios y el poder político, incluyendo sus procesos electorales una problemática que ocupó la atención de la agenda de nuestra tercera conferencia internacional de aquel año. Ciertamente hay que acreditar este avance, en buena medida, a las habilidades comunicacionales del equipo victorioso. Pero también, en otra importante medida, a las reformas acumuladas en la década de los 90 en la legislación electoral, que incluyeron imaginativas normas eficazmente hechas cumplir por el IFE en materia de garantías (y de generación de mejores condiciones) de acceso a los grandes medios de comunicación.

Ello no es suficiente para contrarrestar un nuevo estancamiento que acaso anuncie otro retroceso, al menos pasajero. En la Conferencia Parlamentaria, así como en foros del Ejecutivo y comisiones legislativas, se discuten sin mayores expectativas de avance la nueva normatividad de las telecomunicaciones y la de los medios electrónicos, temas centrales, el primero, de nuestra IV conferencia del año pasado, y el segundo, de la V Conferencia Internacional que realizamos hace unas semanas, precisamente con el tema de "Los Medios Electrónicos en el Marco de la Reforma del Estado en México".

Los intereses creados en el marco del modelo colusión, generador a su vez de una cultura de la colusión tan arraigada en este terreno, parecen condenar a nuevas postergaciones y a grandes condicionamientos los proyectos de modernización en los campos de las telecomuncaciones y de los medios electrónicos.

En los términos como lo planteamos varios participantes en la conferencia de este verano, en estas materias parecen cobrar fuerza las voces que pretenden reivindicar e incluso legitimar presiones y proyectos de clara tendencia promonopólica.

Podríamos hablar aquí de una transición interrumpida, en parte, por algunos de los actores más relevantes del elenco que la inició. Así, quienes ayer aplaudieron, promovieron y se beneficiaron de la liquidación de monopolios estatales, hoy parecen proponerse sustituirlos con proyectos monopólicos privados, excluyentes incluso de otros competidores particulares, con miras a perpetuar el control del mercado de los servicios públicos de las telecomunicaciones y a consolidar el control de los medios electrónicos a través de la concentración de la inversión accionaria y publicitaria. Este es un reto que se vive, se analiza y para el cual se buscan respuestas en todo el mundo.

Igualmente, ante la urgencia de ponernos al día con una regulación que garantice el acceso universal a la rica diversidad de servicios que ofrece el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, subsisten algunas inercias mentales e intereses tradicionales arraigados en la industria de la radio y la televisión.

Estas inercias parecerían aferrarse a una utilización arcaica y limitada del espectro radioeléctrico, excluyente de las altas y variadas potencialidades que ofrece la digitalización para asegurar la proliferación de servicios en países como el nuestro, urgido como está de aumentar el acceso de importantes sectores de la población a los beneficios de la era de la información que hoy se les escatiman.

En materia de telecomunicaciones, ante la demanda de los consumidores de contar con reglas que les permitan elegir la mejor opción disponible en términos de protección, calidad, diversidad y valor, a cambio del precio de los servicios a pagar, parecerían privilegiarse en el debate público las propuestas de los grupos dominantes a costa del sacrificio del consumidor de los servicios de la comunicación, en términos de desprotección, baja calidad, poca diversidad y precios desproporcionadamente altos en relación con los países con los cuales México se pretende comparar.

Y, en cuanto a los efectos políticos de estos estancamientos, cuando el país parecía encaminarse a dejar atrás un régimen y una cultura política que, al lado de importantes rendimientos, le heredaron también a los mexicanos de este siglo, entre otros problemas, un modelo de colusión de intereses en la relación de los medios y el gobierno, hoy parecería trazarse un camino inverso, pero igualmente nocivo dentro del mismo modelo de colusión.

Se trata de un camino, señalado el mes pasado en este espacio, trazado por quienes desde el control de importantes áreas del capital privado parecerían pretender controlar también la agenda del debate público a través de su creciente influencia en las principales áreas de decisión del poder público. Un camino que pasa, además, de manera fundamental, por el control de los principales medios electrónicos por parte del capital monopólico privado, a través de la concentración en pocas manos de la inversión accionaria y la inversión publicitaria en estos medios.

Languidecen así, en el horizonte inmediato, las condiciones para una saludable competencia en los medios electrónicos, tanto en términos de mercado como de un cotejo sin restricciones ni distorsiones entre los grupos e intereses sociales que pretenden concurrir al debate público.

Pero no en un horizonte más amplio.

El modelo histórico que por décadas privilegió al poder presidencial como definidor prácticamente único de la agenda pública, alcanzó una larga permanencia en condiciones de estabilidad a través de estructuras institucionales, bases jurídicas y una arraigada cultura política. Y entró en su fase terminal cuando dejó de generar esas condiciones de estabilidad y perdieron aceptación las estructuras institucionales, las bases jurídicas y la cultura donde se sustentó.

De allí que para usar el léxico sexenal este tropezón o este accidente de la transición mexicana parezca destinado a una breve vigencia: precisamente por su falta de sustentabilidad institucional y sus rasgos regresivos. Sus vulnerabilidades en un futuro próximo parten de su éxito en el presente: su carácter concentrador provoca fuerzas de reacción en la vida económica y la vida política, dentro y fuera del país, que no auguran condiciones de estabilidad ni permiten profundizar la liberalización de las condiciones político económicas en consonancia con los procesos nacionales e internacionales en curso.

Si en los términos de estos procesos en curso de transición en los órdenes más diversos un lustro podría compararse con el transcurso de una jornada, la primera conferencia internacional con el tema de la comunicación en el marco de la reforma del Estado, podría decirse, ocurrió en un cercano ayer. Hoy se cuenta ya con una ley de acceso a la información pública.

Y en un cercano mañana en no más de cinco de estas conferencias veraniegas, si esta tradición continuara en la siguiente Legislatura parecería esperable una nueva normatividad en materia de telecomunicaciones y de medios electrónicos, acorde con los nuevos tiempos de México y del mundo.