etcétera

Y reprobar en consensos

José Carreño Carlón

Un buen manejo de medios del Poder Ejecutivo en las primeras semanas de abril lo condujo a una mejoría sensible en las percepciones de la opinión pública sobre el desempeño del gobierno.

Sólo que la elevación de los índices de aprobación del quehacer gubernamental sigue sin traducirse en la generación de condiciones favorables para construir los consensos que le permitan cumplir un programa mínimo de gobierno.

Antes bien, parecería que los triunfos en la competencia por ganar el aplauso del público se han alcanzado a costa de perder aliados en el complejo juego político actual. No sólo el que se da en el campo legislativo, sino el que se libra, incluso, en los terrenos supuestamente propios: el del gabinete presidencial y el de sus relaciones con el partido al que, también supuestamente, se debe el actual gobierno.

El problema a desentrañar parecería centrarse en una serie de distorsiones relacionadas al menos con dos campos de confusión e inadaptación de las estrategias y los recursos gubernamentales a los fines propios del gobierno.

Tribulaciones de la "tropicalización"

Foto: Santiago Salmerón
/Contraluz

El primero de esos campos de inadaptación se relacionaría con la incapacidad para "tropicalizar" dicho sea desde la resignada o celebrada autodenigración de los naturales de estos trópicos las estrategias del marketing político en los términos de la llamada democracia mediática. Se trata básicamente de estrategias nacidas en y para el régimen político de Estados Unidos. Es cierto que han sido importadas por los regímenes políticos de todo el mundo, pero su asimilación productiva ha sido desigual en cada una de las desiguales realidades políticas del planeta.

Una zona evidente de inadaptación en el caso de México parecería ubicarse, por ejemplo, en la estrategia conocida como de "campaña permanente", es decir, la prolongación en el gobierno de acciones y movilizaciones características de la campaña electoral, por parte del equipo que llegó al poder y de quien lo encabeza.

La estrategia de la campaña permanente surge con un sentido inequívoco en un régimen político en la cual la reelección es la prueba suprema del éxito gubernamental. Esta expresa la aprobación y, con ésta, el refrendo del mandato por parte de los electores.

Pero se llena de equívocos en un régimen como el mexicano que proscribe la reelección.

Con todas las distorsiones que supone objeto de críticas profundas y extendidas la meta suprema, en un régimen como el estadounidense, de todo aquel que obtiene un cargo de elección es... la reelección. A alcanzar esa meta dirige todos sus esfuerzos. Y en el caso del presidente en funciones, la expectativa reeleccionista resulta un factor de fortalecimiento de su liderazgo y de la cohesión de sus colaboradores y partidarios en aras de esa causa, cuyos rendimientos aspiran a compartir.

En la transición mexicana, en cambio, la ausencia de la expectativa reeleccionista del presidente en funciones parece haber convertido la estrategia de campaña permanente en recurso de promoción al servicio de las agendas personales de sus colaboradores y, cada día más, en campo de batalla dentro del gobierno entre competidores que pugnan por poner al servicio de sus pretensiones las ventajas de la intensa y frecuente exposición pública que es propia de esta estrategia.

Los límites de la comercialización

El otro campo de confusión parecería centrarse en la excesiva identificación de la competencia política con la competencia comercial.

Es verdad que a ello da lugar el concepto mismo de "marketing político", en tanto confunde las características, los recursos y las "leyes" del mercado y los de la actividad política.

Pero los estudiosos del tema, en Estados Unidos, sin pasar por alto algunos aspectos identificables entre la competencia política y comercial, suelen poner el acento en las profundas diferencias entre ambos campos de actividad.

Y entre esas grandes diferencias apuntan el arraigo de creencias, actitudes, valores, ideologías y pasiones que marcan los comportamientos de los actores políticos y que raramente influyen las conductas en la competencia comercial.

Pero hay una diferencia mayor, específicamente en el caso del ejercicio del gobierno y del cumplimiento de los fines que le son propios. En efecto, en el mundo de los negocios los instrumentos del marketing no tienen más límites que la obtención de objetivos y metas de mercado por parte de un competidor. Nada importa la suerte que corran los objetivos y las metas de mercado de los demás competidores. Mientras que los objetivos y metas del gobierno incluso desde una estrategia de campaña permanente están ligados con frecuencia al cumplimiento de los objetivos y metas de sus competidores.

Y es que mientras en las estrategias de comunicación de las campañas comerciales más parecidas a las de las campañas electorales se trata de ganar el puesto público o el lugar en el mercado venciendo y desplazando al competidor, a todo competidor, en la estrategia de comunicación de los gobiernos no sólo no se trata, en todos los casos, de vencer o desplazar a todos los competidores, sino que con frecuencia se trata de lograr acuerdos con ellos o con algunos de éstos. Porque se trata precisamente de construir consensos, de armar coaliciones que, primero, aseguren la gobernabilidad, el funcionamiento del gobierno y, segundo, que hagan propicio el avance en el cumplimiento del programa de gobierno.

Y eso es lo que parecen pasar por alto los mercadólogos del actual gobierno y los actores con su propia agenda política dentro del mismo gobierno.

Se regocijan junto con los medios permanente o coyunturalmente a su servicio en su efectividad para vencer, desplazar y desacreditar a sus competidores en los campos de la opinión publicada con sus efectos en la opinión pública y con ello celebran haber obtenido sus objetivos y metas de mercado en la aprobación del público, sin consideración no sólo por los objetivos y metas de sus competidores, sino por los fines y metas del gobierno.

Un delirio reivindicativo, revoltoso y litigioso, de la justeza y de la justicia que atribuyen a sus propuestas, rige el contenido y el tono de algunos de sus mensajes mezcla paradójica de arrebato justiciero y arrogancia del poder, especialmente por parte de uno de sus más protagónicos exponentes.

El resultado previsible ha sido, hasta ahora, el de anular a los destinatarios de sus denuestos como aliados potenciales en una coalición de gobierno capaz de asegurar, precisamente, la gobernabilidad y los acuerdos programáticos inaplazables.

Sin novedad en el frente: un gobierno que sube, baja, vuelve a subir o se sostiene en las preferencias, volátiles por naturaleza, del público pero hasta ahora incapaz de construir una coalición duradera de gobierno.