Víctor Ugalde
En los últimos cuatro años el cine mexicano ha mostrado una recuperación en materia artística y económica, sin
embargo, año con año la Secretaría de Hacienda ha presentado presupuestos restrictivos a esta industria cultural que
tantos beneficios aporta.
Para 2006, la SHCP no rompió con su aversión a las actividades culturales y presentó un presupuesto que le
resta recursos por más de 65 millones a los Estudios Churubusco Azteca, al Centro de Capacitación Cinematográfica, y al
gasto operativo y producción de cortos del Imcine, y no aumentó los fideicomisos, por lo que recibirán lo mismo que en
2004, lo cual equivale a una pérdida presupuestal de 9% por la inflación que existió en el mismo periodo.
Todo esto pese a que de 2003 a 2005 el cine mexicano ha crecido en más de 82.75%, cifra muy superior al
crecimiento obtenido en los niveles generales del país. En 2003 se produjeron 29 cintas; en 2004, 36, y para 2005 se habrán
producido 53 largometrajes, lo que se traduce en un crecimiento anual superior a 41.3%. Sólo en producción, en 2005 se
invirtieron 869.2 millones de pesos de alto impacto y el impulso del Estado no superó los 220 millones en total. La circulación en
la cadena productiva cinematográfica de estas cintas mexicanas generará IVA por más de 486 millones, aparte de lo que
se capte por otros impuestos. Además atrajo inversión de la iniciativa privada en monto superior a los 800 millones. A
esto agréguense los beneficios artísticos y culturales que son más abundantes. Entonces, ¿por qué la SHCP premia el éxito
con el castigo?
Con el fin de no perder el crecimiento de los últimos años, para 2006, el Imcine, Conaculta y la SEP
presentaron presupuestos cinematográficos para alcanzar los 60 largometrajes, nivel mínimo para considerarse industria, para
apoyarlos en la distribución nacional e internacional, garantizar el contacto con el público y facilitar la revolvencia de las
cuantiosas inversiones que genera esta industria.
La miopía de la política neoliberal restrictiva que desarrolla esta secretaría, había sido parcialmente paliada por
la visión y compromiso del Poder Legislativo. Año con año lo ha evitado y valga como ejemplo que en 2005, a la
petición original del Poder Ejecutivo le aprobó incrementos sustantivos a los Estudios y Laboratorios Churubusco Azteca, CCC
e Imcine. A los fondos de producción los apoyó de 140 a 170 millones de pesos. A esto se agrega la iniciativa del
senador Javier Corral que con el fin de cumplir con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Federal de
Cinematografía, logró que se aprobara un estímulo de 500 millones mediante la acreditación del 100% del 3% del ISR a pagar por
los empresarios nacionales siempre y cuando destinaran esa cantidad a la inversión de cine mexicano. Apoyo
extraordinario que fue aprobado por unanimidad en el Senado y por mayoría en la Cámara de Diputados, ante el natural disgusto de
la SHCP, que al momento de su aprobación amenazó a los representantes del área cinematográfica ahí presentes. Por lo
que realizó durante 2005 se puede afirmar que sus amenazas fueron cumplidas. ¿Cómo lo logró?
Para empezar, la SHCP inició una controversia presupuestal para congelar los incrementos y modificaciones
realizadas por el Poder Legislativo. Ante la posibilidad de perder el juicio operó de manera oculta para sabotear la resolución. En
los primeros días de enero rasuró las partidas iniciales de los fideicomisos en el monto que el Legislativo las había
incrementado. Así, en caso de que perdiera todo quedaría igual y si ganaba, también, tal y como sucedió: los fideicomisos recibieron
sólo 140 millones de pesos y nadie sabe qué pasó con los 30 millones restantes.
Para boicotear el artículo 226 de la ley del ISR la SHCP nunca publicó, como es su responsabilidad, la forma
de aplicación en la miscelánea fiscal de 2005. Los empresarios que deseaban utilizar este estímulo preguntaron a
diferentes módulos de orientación y cada uno de éstos dio un método de aplicación diferente. Si lo hubieran utilizado, la SHCP
diría que fue incorrecto y los sancionaría por no pagar impuestos con sus respectivas multas y recargos (una de sus
grandes fuentes de ingresos en los últimos años). Por esto durante 2005 nadie logró aplicar este estímulo y se congeló. Además,
en silencio realizó recortes presupuestales a programas operativos durante el año. Todo lo anterior nos muestra una
actitud perversa para boicotear la economía de la cultura cinematográfica.
A todo lo anterior, agréguenle que para evitar que esté debidamente informado el Poder Legislativo, el Ejecutivo
emitió la prohibición, en contra del derecho de petición que indica la Constitución, de que las autoridades responsables del
cine puedan presentarse a defender su proyecto de desarrollo mediante informes y solicitudes. En caso de que lo hagan se
les pueden fincar responsabilidades administrativas que pueden llegar hasta el despido.
