Medios comunitarios: la respuesta es el silencio
Aleida Calleja
Ya transcurrieron los tres meses que tiene la autoridad, de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo,
para responder a la petición de permiso que hizo La Voladora Radio a la SCT, el 20 de octubre. Sin embargo, hasta el
momento, la respuesta es el silencio.
Con las peticiones de permiso para emisoras comunitarias, la SCT aplica lo que se conoce como negativa ficta (o
sea, si en el plazo establecido por la ley la autoridad no contesta esto se interpreta como una negativa).
Contradictoriamente, el subsecretario de Comunicaciones de la SCT, Jorge Álvarez Hoth, dice que no hay persecución contra las
radios comunitarias; con un discurso de supuesto apego a la legalidad insiste en que hay voluntad de sentarse con las
partes. Pero se resguarda la capacidad de aplicar criterios discrecionales para que los grupos ciudadanos accedan a las
frecuencias radioeléctricas que son propiedad de la nación y por tanto de cada uno de los mexicanos. Exige a las radios la
entrega de expedientes, pero no establece los criterios para calificarlos.
Así como digo una cosa, digo otra
En octubre pasado, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la AMARC
sostuvimos pláticas con la SCT para revisar los requisitos que debieran cumplir las radios para obtener sus permisos.
Jorge Rodríguez Castañeda, director general de Radio y Televisión, no aceptó nuestras propuestas.
Según la ley, puede ser una persona o una asociación la que solicite el permiso. En este caso la SCT establece que
para las radios comunitarias es necesario que estén conformadas con alguna figura legal sin fines de lucro. Estamos
de acuerdo. Una característica del medio comunitario es la propiedad colectiva de un proyecto ciudadano de servicio
público y beneficio social, sin fines de lucro. Esa figura permite que los proyectos de radio tengan vías de financiamiento a
través de instituciones estatales y federales, así como de organismos internacionales reconocidos por el Estado, para
fortalecer su capacidad autogestiva.
 |
|
Al respecto proponemos que las radios demuestren capacidad a partir del respaldo formal que darían instituciones
y organismos, y establezcan claramente el servicio que presta la emisora, así como la exhibición de convenios y
proyectos. Pongo ejemplos: Radio Calenda, en Oaxaca, tiene convenios con la Normal Superior para apoyar la capacitación
de maestros indígenas bilingües; Radio Bemba tiene convenios con la presidencia municipal de Hermosillo para trabajar
con jóvenes en estado de riesgo por la drogadicción; Neza Radio tiene convenios con el Instituto Mexicano de la
Juventud para desarrollar programas de jóvenes y género; La Voladora Radio tiene convenios de trabajo con la Fundación
Semillas para el trabajo de perspectiva de género con las jóvenes suburbanas. La lista es larga. Insistimos en que las
autoridades midan la capacidad administrativa según la capacidad de los colectivos ciudadanos para desarrollar proyectos
sociales con diversas entidades. La propuesta fue parcialmente rechazada por la SCT al aducir que la única garantía de
la permanencia de una radio es su capacidad financiera.
Sin embargo, no es lo mismo la capacidad financiera de una emisora que tiene subsidio institucional, como sucede
con los medios de Estado, que la de una emisora comunitaria indígena en Oaxaca, donde la mayor parte de sus
miembros trabajan de manera voluntaria y los gastos de operación se pagan con la aportación voluntaria de la comunidad, o
bien a través del desarrollo de proyectos que son financiados por instituciones u organismos nacionales e internacionales.
Las autoridades argumentan que si las emisoras no tienen un techo presupuestal asegurado van a
comercializar espacios, por lo que piden que las radios muestren un estado de cuenta bancario con una chequera que solvente por
lo menos los gastos de operación de la emisora por un año. Nuestra respuesta fue que eso no sucede ni con Radio
Teocelo que opera desde hace 38 años en Veracruz y vive al día con sus gastos de operación, y no por ello ha comercializado ni desvirtuado su proyecto, por lo que consideramos que la capacidad financiera tiene que calificarse en la medida que
una radio demuestra su capacidad de gestión. Por ejemplo Neza Radio tiene siete años de operar en el Centro Regional
de Cultura Nezahualcóyotl y no contar con una cuenta bancaria que asegure sus gastos por un año no ha impedido
su funcionamiento de servicio público irrestricto a su comunidad, y no comercializa. Además, la figura jurídica de
asociación civil permite auditorías y puede aplicarse la ley si es el caso.
Ojos bien cerrados
Rodríguez Castañeda afirma que la SCT no acepta que las radios se financien por organismos nacionales o
internacionales porque "oscuros intereses ideológicos" podrían manipular la programación de las radios e imponer sus
contenidos, y de esta manera la secretaría daría el permiso a instancias desconocidas en lugar de a grupos mexicanos. Se insistió
en que así como existe inversión extranjera en la actualidad en los medios de comunicación comerciales para fortalecer
a la industria, igualmente es aprovechable que las agencias extranjeras que dan ayuda a países en desarrollo apoyen
el fortalecimiento de medios ciudadanos, tal como sucede en todo el mundo.
Le dijimos al funcionario que la mayor parte de las asociaciones civiles desarrollan sus proyectos con
financiamientos de instituciones y organismos nacionales e internacionales y no por ello podemos afirmar que son manipuladas.
¿Qué oscuros intereses podría haber en los financiamientos que reciben actualmente las radios a través de organismos de
la ONU, de secretarías como la de Desarrollo Social (Sedesol), etcétea? Lo que habría que normar es que las fuentes
de financiamiento de las radios fueran públicas, tal como anualmente hace Radio Teocelo, no sólo por un mecanismo
de control, sino porque es indispensable que los medios en general transparenten sus fuentes de financiamiento
puesto que son medios de servicio público. Además, si alguna de las radios fueran utilizadas por esos oscuros intereses,
la autoridad tiene la facultad de realizar los monitoreos necesarios, y aplicar la norma.
Sobre la capacidad técnica y el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM), muchas emisoras
comunitarias cumplen ambos requisitos, sin embargo, especialmente en el caso de las emisoras comunitarias indígenas, será
necesario que adquieran nuevos transmisores que cumplan la norma. Nuestra propuesta es que la autoridad dé un plazo
perentorio para que los transmisores sean adquiridos, y en los 240 días que tiene la institución para verificar que se cumpla
la norma, las radios transmitan con un permiso provisional que le permita prestar el servicio a su comunidad y
tener elementos para obtener financiamientos de instituciones para adquirir nuevos transmisores, pues muchas
instituciones y organismos piden como requisito para la compra de equipo contar con el permiso para transmitir. La postura
fue inflexible: las radios presentan transmisores que cumplan la norma o no hay permiso y no pueden transmitir hasta
por ocho meses, el tiempo que tiene la autoridad para verificar la NOM, no importa el servicio que esté dando la radio ni
que muchas de ellas atiendan contingencias naturales. La ley es la ley.
La reunión terminó sin acuerdo. La SCT no respeta el principio jurídico de presunción de inocencia. Antes de
cualquier cosa somos culpables de que vamos a comercializar por no contar con techos financieros como los medios
públicos, culpables de ser manipulados por oscuros intereses. La pregunta es si también somos culpables de los prejuicios de
la autoridad para calificar a los medios comunitarios. Si también somos culpables de que desconozcan cómo funcionan
y operan. Si somos culpables de que algunos grupos que ellos llaman "subversivos" operen radios (han insistido en
la existencia de este tipo de radio sin que hasta el momento medie prueba alguna). Reiteramos, si algún grupo hace
uso indebido de la radio hay que aplicar la ley, pero no negar permisos por ello. A cambio de esos argumentos, el
subsecretario estableció requisitos que están planteados en la carta que hicimos pública, y que
etcétera reproduce en su página Web.
Las autoridades son responsables de sentar las bases legales para los medios comunitarios, de proteger a la
industria y el sistema de medios públicos, poniendo reglas claras de funcionamiento, garantizando un responsable ejercicio de
la libertad de expresión por todos los sectores de nuestra sociedad. Antes de seguir exigiendo la entrega de
expedientes, la SCT debe cumplir con su responsabilidad de dar a conocer públicamente los criterios bajo los cuales establecerá
las bases para que los grupos ciudadanos operen medios, no solamente para dar cauces de solución a la coyuntura
actual, sino también para sentar el marco de legalidad en el que debe basarse el uso del espectro radioeléctrico. La
radiodifusión no sólo es un asunto de fierros y centavos, sino también del ejercicio de los derechos humanos.
Sordos, ciegos y mudos
