A merced de los intereses empresariales y políticos
Carlos Gómez Valero
La denuncia pública por parte del senador Javier Corral, presidente de la Conferencia Parlamentaria de Telecomunicaciones (CPT), de las presiones de Carlos Slim, propietario de Teléfonos de México, a este órgano del Congreso para influir
en el proceso de discusión y definición de una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones, puso en evidencia la
vulnerabilidad del proceso de transición en México, donde, a falta de reglas claras, los distintos actores promueven o frenan los
cambios políticos o legales acorde a sus intereses.
El 1 de mayo, Corral acusó en conferencia de prensa a Slim de haber ejercido "un poder sin escrúpulos" en el
Senado durante las últimas horas de la sesión del día anterior, en el que concluyó el periodo ordinario de sesiones, para que
no fuera presentada la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones en la cual ha venido trabajando la CPT, una
comisión conjunta de diputados y senadores, a la cual están integrados además representantes del Ejecutivo federal, a través
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Corral señaló además a Slim como promotor de una iniciativa que fue presentada en la Cámara de Diputados casi
al término de la última sesión, por los diputados Jesús Orozco, del PRI, y Víctor Manuel Camposeco, del PRD. Esta
propuesta ha sido calificada como "proyecto Slim".
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Carlos Slim
Foto: Eikon |
Y es que los cambios que promueve la CPT a la Ley Federal de Telecomunicaciones, como el tema de la
dominancia en el sector que ejerce Telmex, la interconexión, el bucle local (última vía de la red telefónica que se debe compartir
con los demás operadores) y la inversión extranjera, no son del agrado de Teléfonos de México, que ve en éstos riesgos
que podrían poner en peligro la dominancia que ejerce en el mercado de telecomunicaciones en México. Telmex
controla 96% del mercado mexicano de telefonía local, 78% del de celulares y 73% de larga distancia
nacional.
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Estas presiones de uno de los empresarios más poderosos del país para influir en las decisiones del Poder
Legislativo destapa un flanco débil de la transición, no sólo porque vulnera la autonomía de uno de los poderes del Estado,
sino que deja entrever que los cambios legales que han sido planteados para aterrizar esta transición se podrían dar
en beneficio de quien más presión ejerza, más amenazas haga o mayor cantidad de dinero ofrezca.
Sin embargo, a nadie debería sorprender las maniobras de Slim para obtener beneficios, porque si algo lo ha
caracterizado ha sido su capacidad para adaptarse a los cambios y jugar simultáneamente varias cartas en la esfera política. Sirvió y
se sirvió bien del régimen priista, pesan en su contra las supuestas irregularidades del proceso de venta de la
paraestatal Teléfonos de México y los presuntos apoyos que recibió por parte del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari,
para que esta empresa le fuera adjudicada.
Estos apoyos le sirvieron a Slim para erigir sin competencia alguna durante varios años a Telmex en la mejor
empresa de telecomunicaciones en el mundo, según
Forbes; pero al mismo tiempo es señalado en México por la Comisión
Federal de Competencia de realizar prácticas monopólicas en los mercados de telefonía local y de larga distancia nacional
e internacional.
Ahora, en tiempos de cambios políticos, Slim lo mismo se erige en defensor de la soberanía y de los pobres y
promotor de la inversión, que crítico de las políticas económicas del gobierno foxista.
Simultáneamente, Slim teje alianzas con el Partido de la Revolución Democrática, a través de Andrés Manuel
López Obrador, a quien respalda en el Fideicomiso para el Centro Histórico, y con Cuauhtémoc Cárdenas, a cuyo hijo,
Lázaro, apoyó, reuniéndole a empresarios de Michoacán en la campaña en la cual ganó la gubernatura. Atrás quedaron
las diferencias con Cuauhtémoc, quien en 1995 presentó una denuncia por la venta fraudulenta de Telmex.
En la campaña por la Presidencia en 2000, a pregunta expresa de a qué candidato estaba apoyando
económicamente, Slim dijo que a todos un
poquito,2 previsor, el empresario, reparte equitativamente en política sus recursos, pero en
su momento cobra los favores o presiona para obtener beneficios.
No se regatea el derecho de los empresarios o cualquiera que considere afectado sus intereses por alguna ley o
decisión política, a defenderse; lo cuestionable son los métodos. El problema es que en México no existe todavía una
normatividad que permita a los interesados influir en las decisiones del Congreso.
En Estado Unidos existen cerca de cinco mil organizaciones, conocidas como lobbies, que cabildean ante la
Cámara de Representantes, ante la que deben estar previamente registradas, en favor de distintos sectores para hacerle
llegar a los legisladores sus opiniones o para influir en el diseño de las políticas
públicas.3
En México, tradicionalmente el cabildeo ante el Congreso ha sido ejercido directamente por las distintas
organizaciones sindicales, ciudadanas, empresariales o por las empresas mismas; recientemente, el 29 de abril de este año, el
diputado Efrén Leyva Acevedo, del PRI, presentó una Iniciativa de Ley Federal para la Regulación de la Actividad Profesional
del Cabildeo y la Promoción de Causas.
El caso de la CPT y las presiones de que ha sido objeto por parte de Slim plantea la urgencia de establecer reglas
claras para que los ciudadanos, organizaciones o empresas hagan llegar sus opiniones al Congreso para influir en las
decisiones legislativas, de otra manera se fomenta el espacio para que los intereses políticos o empresariales continúen
influyendo más que el interés ciudadano.
La transición
