etcétera

Política y medios, entre el delirio y el cinismo

José Carreño Carlón

Al llegar a marzo de 2002, la lista de desaparecidos de la agenda del debate público aumenta con la certificación del ya prolongado desvanecimiento en los medios de la presencia del subcomandante Marcos y de la discusión sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio.

Foto: Jorge Claro/Contraluz

Estos dos temas dieron contenido a algunas de las más alucinantes (y, a su manera, eficaces) estrategias de comunicación a partir del primer trimestre de 1994. Fue tan poderosa en la sociedad y en los medios la presencia de dichos asuntos que a éstos, sobre todo a la muerte de Colosio, se les ha atribuido en gran parte la incubación del colapso económico y más tarde político de 1995 que, a su vez, precipitó la caída del régimen de partido dominante que gobernó al país por siete décadas.

A ocho años del asesinato de Colosio y tras (al menos) siete de su sometimiento a las más extravagantes e interesadas especulaciones políticas, policiacas y mediáticas, no parece quedar duda de que la prolongación de este debate se alimentó de una serie de códigos de autodestrucción activados en los medios desde dentro del grupo gobernante, especialmente el que presidió el último sexenio del antiguo régimen.

Como se ha analizado en diversos estudios sobre magnicidios, por siglos ha habido reyes, presidentes u hombres fuertes o herederos malogrados de su poder asesinados ya sea a manos (o por órdenes) de quienes los han sucedido o suplantado, o por fanáticos llevados por sus delirios religiosos o políticos.

Sin embargo, en la mayor parte de los casos los magnicidios no han logrado modificar los regímenes políticos en los que ocurren, sean monárquicos, republicanos o de facto. Entre regicidio y regicidio, recreados o no por el genio shakespeareano, solía reanudarse o incluso mantenerse la continuidad dinástica de las casas gobernantes. Y los magnicidios muy frecuentes en la historia de Estados Unidos tampoco han interrumpido en ese país la continuidad republicana. A la inversa, el paso definitivo a la democracia en España fue facilitado finalmente por la muerte natural, apacible, del caudillo dictatorial Francisco Franco.

De manera que nadie en su sano juicio podría establecer una constante histórica que relacione directamente magnicidio y cambio de régimen.

Pero hay más complicaciones. Sí han existido magnicidios fraguados consciente y colectivamente dentro de procesos revolucionarios que se propusieron y lograron destruir al antiguo régimen, como el que llevó al patíbulo a Luis XVI al inicio de la Revolución Francesa. Y a su lado ha habido magnicidios a cargo de personas dispuestas a dar su vida a cambio de quienes simbolizan el agravio a sus sentimientos nacionales, étnicos o religiosos, como el grupo terrorista Mano Negra, al cual pertenecía Gavrilo Princip, quien hizo los disparos mortales sobre el archiduque Franz Ferdinand, heredero del trono austro-húngaro. Este magnicidio es considerado el primer acto del drama que puso fin a ese régimen imperial y marcó el inicio de la Primera Guerra Mundial, que a su vez cambió el mapa de Europa en la segunda década del siglo XX.

En México ha habido magnicidios probada y fríamente organizados desde las élites del poder, a la manera de los regicidios fraguados en las cortes, como el que inició el golpe militar que asesinó al presidente Madero y al cual siguió una década sangrienta de pronunciamientos y luchas fratricidas. O como el asesinato de Carranza, que generó la década dominada por el régimen caudillista de Alvaro Obregón.

A ocho años del atentado que acabó con la vida de Luis Donaldo Colosio, la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis reunió a un grupo interdisciplinario, con la participación destacada, pero no exclusiva, de psicoanalistas y comunicadores, en una singular jornada de trabajo: "El delirio en la política". El punto de partida para la discusión fue la exposición del doctor Carlos Tornero Díaz, autor del dictamen de psiquiatría forense que estableció la autoría del homicidio de Colosio en la persona de Mario Aburto Martínez, un joven de 23 años impulsado por un delirio crónico de carácter reivindicativo.

A la vista del título de la jornada de trabajo y ante el apremio del doctor Alberto Sladogna para que, a mi vez, le anticipara el título con el cual se podría anunciar mi participación, no tuve empacho en llamarla "El delirio en los medios". Me quedé corto.

Tras escuchar la intervención de Carlos Fazio: una prolija y riquísima antología de las teorías conspirativas elaboradas tras la muerte de Colosio y recogidas y magnificadas por los medios mexicanos, no me quedó mayor duda de los pasos que siguieron al homicidio de Lomas Taurinas: de la irrupción del delirio en la política, conforme al dictamen de la

conducta de Mario Aburto, a una serie de actos y mensajes políticos, policiacos y mediáticos que si bien no han sido dictaminados psiquiátricamente como delirantes, sí parecen haber constituido a los medios en un punto de encuentro de la política, la procuración de justicia, la psicosis y el cinismo.

El magnicida del tipo de Aburto actúa solo, propuso el doctor Tornero en su dictamen. Se inspira en la política, pero no conspira para alcanzar fines políticos, agregaba el programa de los psicoanalistas convocantes a la jornada. Ya en las sesiones de discusión e incluso en los recesos, algunos de ellos insistieron en discutir un fenómeno desconcertante: la incredulidad sembrada en las audiencias por los discursos políticos y mediáticos dominantes desde 1995 arrasó con toda hipótesis que no incluyera un complot, así se contradijeran y se anularan, unas a otras, las sucesivas y simultáneas teorías conspirativas.

Más les llamó la atención la forma como tales discursos llegaron no sólo a marginar sino, de plano, a ignorar palmariamente la información psiquiátrica como fuente de interpretación, para darle centralidad, en cambio, a la desinformación y así privilegiar la especulación conspirativa. Ya entrados en materia, los psicoanalistas propusieron que no sólo se ha tratado históricamente de ignorar las versiones de la ciencia, sino de pasar por alto las expresiones, las versiones y las motivaciones explícitas de los objetos de estudio mismos de las ciencias, de estas ciencias: los locos.

En mi turno traté de acomodar esas inquietudes en el marco de algunas aportaciones recientes del campo científico de la comunicación. Afirmé que la agenda del debate público se establece a partir de los discursos de los llamados definidores primarios de esa agenda, las fuentes del poder. Y propuse: ni los locos ni los científicos a menos que respondan a las estrategias o a las expresiones dominantes pueden soñar con erigirse en definidores primarios de la

agenda pública. Tampoco en definidores secundarios lugar conferido a los medios particularmente en un modelo de subordinación o de colusión de intereses entre los medios y los poderes dominantes, como el que privó en México durante la mayor parte del siglo pasado. Uno de los mensajes más alucinantes en el más acabado muestrario del delirio y del cinismo fue el sembrado por el poder policiaco, en tiempos del fiscal Pablo Chapa Bezanilla, en el discurso conspirativo de quienes se plantaron como herederos de alguna cuota del poder que les hubiera correspondido con la entronización del asesinado heredero fallido del poder presidencial. Era un discurso delirante, pero diseñado cínicamente para exigir compensaciones ante la pérdida del trono que esperaban compartir.

Y, otra vez, el desconcierto de los psicoanalistas, ¿por qué este discurso conspirativo no se preocupó siquiera de la existencia del dictamen de psiquiatría forense, una pieza nunca rebatida por los conspiracionistas, a pesar de que era una barrera para hacer valer jurídicamente alguna de las teorías del complot? ¿Por qué Chapa, célebre fabricante de testigos y de pruebas como la siembra de la osamenta en el caso Ruiz Massieu, no ordenó al menos fabricar otro dictamen, adecuado a alguna de las teorías de la conspiración?

Una respuesta quizá se encuentre en la desvalorización, junto a los discursos de la ciencia, de los discursos relacionados con la legalidad y los procesos que atañen al Estado de derecho. Y en contrapartida, en el excesivo peso atribuido al discurso mediático elevado a "tribunal de la opinión pública".

Se trataba de dominar las percepciones de las audiencias de los medios con las especulaciones más delirantes y desde los cálculos más cínicos: la construcción de conspiraciones favorecía a las necesidades de distracción del grupo gobernante respecto de sus responsabilidades en el colapso económico de 1995 y en su quiebra política de los años siguientes. Pero le convenía al grupo sólo hasta el punto en que las teorías conspiracionistas apelaron a uno de sus reflejos típicos: la certeza de que el principal sospechoso del crimen es su principal beneficiario, en este caso, quien tomó el lugar del sacrificado heredero del poder. Entonces fue echado el principal fabricante de conspiraciones desde el discurso policiaco, el fiscal Chapa. Sólo que ya era imposible interrumpir la gestación de los procesos social e institucionalmente destructivos desencadenados por los discursos políticos, policiacos y mediáticos dominantes en el último lustro del siglo anterior.

Otra respuesta para explicar el auge de las estrategias conspirativas de comunicación la encontré en un trabajo reciente de Carlos Pereda, también presente en la jornada. Para la mentalidad conspirativa, sostiene este filósofo, a grandes efectos producidos por un acto, deben corresponder grandes causas. Y grandes causantes: grandes culpables y grandes castigados, habría que agregar.

Permítaseme aquí una desproporción que ayude a comprender el tamaño de la pérdida medido en términos de los efectos domésticos del magnicidio mexicano de 1994. Si bien con profundas diferencias de contextos, alcances y significados históricos, el asesinato de Colosio tuvo para el régimen postrevolucionario mexicano el efecto de la ejecución de Luis XVI en la historia europea del siglo XVIII. Siguiendo a Paul Connerton (How Societies Remember: Themes in the Social Sciences, Cambridge University Press, 1989, pp. 8-9) por la forma como se realizó, la decapitación del rey no constituyó sólo la privación de la vida del gobernante, sino la revocación de un principio de gobierno: el principio de acuerdo con el cual la monarquía y la norma dinástica eran las únicas formas y vías reconocidas de ejercicio y transmisión del poder.

Sólo que tras la muerte de Colosio no sólo no había un proceso revolucionario mucho menos la madre de todas las revoluciones, como en el caso de Luis XVI sino sólo un modesto trabajador incapaz de conspirar con fines políticos y, a lo mucho, con posibilidades de inspirarse en algún fantasioso ideal político.

Y, sin embargo, los efectos enormes del asesinato de Luis Donaldo Colosio no se limitaron sólo a la muerte del heredero de la Presidencia en la línea sucesoria del régimen hasta entonces en vigor, sino que marcaron el camino sin regreso hacia la revocación plena del principio que había regido los procesos de sucesión presidencial durante la mayor parte del siglo XX mexicano.

A mayor agravio de quienes no aceptan sino grandes causas, grandes causantes y grandes culpables de los grandes efectos desatados por los actos magnicidas, los cambios de régimen político ocurridos en México en las pasadas siete décadas no se originaron en grandes acciones o golpes revolucionarios como los que llevaron al cadalso a Luis XVI, ni siquiera en conspiraciones locales como la que acabó con la vida del archiduque que ya no pudo heredar el trono austro-húngaro ni ha habido manera de allegar la menor prueba de maquinaciones desde el poder como las que llevaron a la muerte a Madero y a Carranza.

En 1928, el delirio religioso de José de León Toral condujo a la consumación del asesinato de Alvaro Obregón y abrió paso al tránsito del régimen de caudillos al régimen presidencial.

Fue un tránsito relevante, aunque las condiciones históricas como se dio le hayan impuesto a la Presidencia de la República características absolutistas, a la vez acotadas temporalmente y ampliadas con la facultad para definir la sucesión sexenal en el poder, con base en un sistema de partido dominante bajo la disciplina presidencial.

En 1994, el delirio de difusa inspiración política, el delirio crónico y de carácter reivindicativo de Mario Aburto, lo llevó a la consumación del homicidio de Luis Donaldo Colosio y abrió el camino, a su vez, al tránsito del régimen presidencialista de partido dominante a un régimen de competencia electoral plena con mayor equilibrio de poderes y alternancia de partidos en la sucesión del poder presidencial.

Fue acaso mayor la trascendencia de este tránsito, realizado en dos pasos: el primero en las elecciones legislativas de 1997 y el segundo en la elección presidencial de 2000. Aunque, igualmente, por las condiciones como ese tránsito se dio y por las características, actitudes y conductas de los actores que pasaron al primer plano tras la muerte de Colosio, el proceso se vio marcado por el extremo opuesto igualmente nocivo a la concentración de poderes del presidencialismo absolutista surgido del tránsito de 1928-1935.

Esta vez, a la sustitución del candidato presidencial asesinado en 1994 siguió una secuela de desestructuración y autodestrucción institucional y un aceleramiento del curso de descomposición política y social que, desde entonces, hasta estas vísperas primaverales de 2002 han mantenido en entredicho la gobernabilidad y la capacidad para construir las nuevas instituciones, las nuevas actitudes y conductas y la nueva cultura que reclama la refundación del nuevo régimen político.

Y a más de un año de iniciado el nuevo régimen no se ve la luz en el túnel de la comunicación política e institucional. No se perciben más estrategias informativas que aquellas al servicio de las agendas personales de los actores políticos del poder y de las nuevas oposiciones. Ni más discursos políticos y mediáticos que los del mismo corte de los que condujeron a la autodestrucción política e institucional del antiguo régimen, a raíz del asesinato de Lomas Taurinas. Ello, no obstante que el discurso político de los supuestos causantes ocultos del crimen haya visto reducido sustancialmente sus márgenes de utilidad, y su expresión en los medios ya no encuentre audiencias ni anunciantes interesados en el producto.