Felipe Vicencio Álvarez
Es lamentable: México no dispone de un sistema de medios públicos de comunicación articulados en torno a
una política de Estado en la materia.
Aquí el surgimiento de los medios electrónicos y su consolidación, particularmente la radio, se dio bajo el modelo de
inversión mixta pues la autoridad no tenía recursos suficientes para desarrollarlos. Aunque la mayoría de las estaciones de radio tenían
un perfil comercial, la autoridad se ha permitido -particularmente en periodos como el cardenismo- ejercer un eficaz
control político de los contenidos en función de los intereses del grupo gobernante.
Desde el nacimiento de la televisión se resolvió la disyuntiva entre el modelo inglés de televisión pública y el
estadounidense de naturaleza privada en favor de este último. Salvo la persistente y dignísima presencia del Canal Once desde fines de los
50, así como la de proyectos más jóvenes y menos consolidados en diversas plazas del país, la televisión creció al amparo
de poderosos grupos económicos sin contrapeso al criterio comercial. Aunque a partir de los 70 el gobierno impulsó un sistema
de televisión estatal, éste no escapó a los peores vicios de la burocracia, al tráfico de influencias y a la ineficiencia
administrativa; fue remedo de la televisión privada hasta que se entregó irremediablemente a esos intereses.
Esta actitud desertora de sucesivos gobiernos mexicanos es analizada puntualmente por Carmen Patricia Ortega
Ramírez, quien ofrece en su tesis doctoral una investigación en torno a "Medios públicos y el Estado mexicano moderno. La
televisión". Éste nos permite saber cómo se ha desarrollado la TV en México, reconocer las condiciones que le han impreso su
carácter eminentemente comercial, y comprender la importancia de que el país cuente con medios públicos. El trabajo describe cómo
en muchas naciones europeas los sistemas de televisión, que nacieron con el perfil de medios públicos, han padecido la
enorme presión que les obligó a ceder su hegemonía y a compartir la presencia de los medios privados que se imponen desde la
plataforma de nuevas tecnologías en los tiempos de la globalización.
La paradoja es que, mientras en el viejo continente se opera un ajuste que permita a los medios públicos convivir con
la modalidad comercial, en México prácticamente no se ha conocido el primer modelo. Para Ortega, una auténtica
televisión pública se distingue de la privada por sus funciones, objetivos e interacción con la sociedad. Su carácter le viene de su
naturaleza jurídica, pero también y sobre todo de su función de servicio, que se expresa en la naturaleza universal de sus contenidos y de
su cobertura, en el cuidado de ofrecer información, educación y entretenimiento de calidad, así como en su autonomía de
intereses políticos y económicos lo mismo que en su capacidad de ser cauce eficaz de la libertad de expresión y de la pluralidad
política y cultural de la nación.
Una televisión así parece no tener cabida en la dinámica actual, como lo demostrarían las dificultades por las que atraviesa
el modelo en Europa. ¿Eso implica que no habría modelo capaz de satisfacer el interés público? Según algunos, este interés
se satisface favoreciendo simplemente los mecanismos del mercado; sin embargo, está demostrado que esos mecanismos
homogenizan la oferta televisiva y subordinan inevitablemente a ellos cualquier función de servicio que no se le someta. Por eso es
pertinente procurar una política de Estado que haga posible la existencia no marginal de medios públicos bajo nuevas modalidades,
como foros independientes de intereses económicos o políticos que fomenten la participación de los ciudadanos en la vida pública.
En México es apremiante una legislación que establezca exigencias precisas para que la televisión comercial atienda no
sólo a la lógica del mercado sino a su naturaleza de servicio público. "El Estado -sostiene Ortega- no debe renunciar a crear
un marco legal que implique a la televisión comercial con el objeto de proteger el interés público". También son
necesarias disposiciones que garanticen la existencia y el desarrollo de emisoras públicas que asuman la función de servicio como
la preponderante. Con esos instrumentos legales, podremos exigir a la autoridad el establecimiento de una red de emisoras
públicas que haga después posible el despliegue de una política de Estado en la materia.
Pero "mientras prevalezca la ambigüedad respecto a la responsabilidad social que deben tener tanto el sector público de
la comunicación como el privado y mientras no existan reglas claras que orienten el quehacer de los medios, la situación
será siempre más desfavorable para los medios de carácter público", pues "ante el vacío de la ley, el mercado tiende a imponer
sus propias reglas", puntualiza con tino Patricia Ortega. Y no puede dejarnos tranquilos una imposición que debilita nuestra
democracia y constriñe nuestros derechos.
Senador de la República por el PAN y miembro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes de ese órgano legislativo.
