Felipe Vicencio Álvarez
El 13 de diciembre hubo en el Senado de la República un significativo acontecimiento. Se celebró
una reunión a fin de analizar y, eventualmente, votar el Proyecto de Dictamen de Ley de Radio y Televisión
que elaboró durante casi dos años una subcomisión encargada del análisis de la iniciativa de ley que
presentaron en diciembre de 2002 Javier Corral y Raymundo Cárdenas.
La reunión permitió que, por primera vez de forma abierta y tan amplia como lo permitieron sus
casi cinco horas de duración, se pusieran sobre la mesa los argumentos de los legisladores.
En favor se insistió en la inoperancia de un marco jurídico anacrónico como lo es el servicio de la
radio y la televisión; en la importancia de extraer del
cálculo político y del control faccioso el otorgamiento y
la supervisión de la operación de concesiones y permisos, para asegurar una verdadera política de Estado
en la materia; se subrayó la importancia de restituir a las instituciones del Estado el tiempo
suficiente para que aprovechen los medios
electrónicos; en establecer límites a la presencia de un operador
en la misma plaza, a efecto de promover la competencia y diversificar la oferta así como en la pertinencia de habilitar
un auténtico derecho de réplica.
Contra el proyecto se plantearon algunas
observaciones sobre asuntos que si bien no significan
un cambio de fondo sí contribuirán a mejorarlo. Es el
caso de la sustitución de minúsculas por mayúsculas
en algunas frases y del ajuste de la secuencia de los numerales de algunos párrafos.
Otros argumentos en contra del proyecto se cimentaron en falacias. Fue el caso del
señalamiento respecto a que el órgano regulador propuesto era inconstitucional, pues un órgano autónomo no
puede ejercer las funciones que la Carta Magna reserva para el Ejecutivo.
De nada valió aclarar que la supuesta
autonomía del órgano había quedado fuera del proyecto
meses atrás, precisamente para ajustarlo al marco constitucional; lo importante era desestimarlo así fuera
impugnando una versión superada. Se dijo que era inaceptable que "un grupo de ciudadanos notables"
se encargara de otorgar y supervisar el uso de las frecuencias, pretendiendo ignorar que en el régimen
actual uno o dos notables manejan el asunto a capricho mientras que los ciudadanos propuestos, al ser
designados por el Presidente, serán funcionarios cuyo desempeño tendrá que sujetarse escrupulosamente a
los criterios y directrices que marca la ley.
Lo mismo ocurrió con el tema de las sanciones económicas y su monto, que difieren entre las
primeras versiones y la que se puso a consideración de los senadores: mientras que al principio se establecían
cifras fijas y elevadas, después se distinguió entre los operadores pequeños y los grandes, por lo cual se
establecieron rangos en los montos, a pesar de lo cual se insistía en señalar lo exagerado de las multas.
Las críticas más interesantes eran aquellas que algunos senadores expresaron como si por su
voz hablaran los grandes concesionarios. De llamar la
atención fue el señalamiento de la improcedencia
de permitir a las permisionarias comercializar el 7% de su tiempo de transmisión, contra el 40% que
pueden vender las concesionarias. Esto, dijeron algunos, sería una "competencia desleal". Claro, pensaría
cualquier ciudadano, si alguien tiene autorización para vender casi la mitad de su tiempo mientras que
otro sólo puede vender 7% del mismo. ¡Pero resulta que la inconformidad se expresó en nombre de
los concesionarios! No es aceptable que vendan tiempo de publicidad, dijo uno más, porque las
permisionarias no pueden lucrar. Esta es una falacia, pues si bien se habilita a las permisionarias para comercializar
una parte mínima de su tiempo, los ingresos que por ello reciban deben ser reinvertidos y en ninguna
forma pueden convertirse en lucro pues la misma ley lo prohíbe.
Con razón se dijo que la progresiva convergencia tecnológica es una realidad que eventualmente
exigirá integrar la legislación de radio, televisión y telecomunicaciones. Sin embargo, no parece sensato dejar
de hacer con el pretexto de que a mediano o largo plazo lo hecho deberá ajustarse. Eso ha provocado
que nuestra legislación sea una de las más obsoletas. Además, el argumento encierra una trampa, pues
quienes más insistentemente sostienen esa exigencia que se deriva del desarrollo tecnológico, rechazan legislar
en materia de telecomunicaciones; y cuando se propone hacerlo en radio y televisión, argumentan que no
es conveniente hacerlo si no se avanza también en telecomunicaciones.
Esa reunión también versó sobre el procedimiento legislativo. Algunos hacían notar que era muy
apresurado dictaminar un proyecto como ése y que se requería más tiempo. A ello se respondió que,
sin considerar los lustros en que el tema se ha debatido, los dos años que ha llevado el análisis de la
más reciente iniciativa ha sido tiempo suficiente para foros, audiencias con todos los involucrados,
consultas y estudios que han permitido elaborar un proyecto suficientemente maduro. Durante el debate surgió
el verdadero argumento: los puntos de vista de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión no
se recogieron adecuadamente, señalaron. Esta afirmación contiene una verdad a medias: la CIRT
ignoró sistemáticamente el trabajo legislativo y decidió que
oficialmente no haría aportación alguna, con
la esperanza de que no prosperara. Sin embargo, no pocos agremiados a esa cámara hicieron llegar a
título personal sus observaciones y sugerencias al proyecto, muchas de las cuales se integraron.
A pocos días de que concluyera el proceso, y probablemente contrariados por la persistencia de
los legisladores, la CIRT resolvió intervenir. Pero no
lo hizo proponiendo mejoras al proyecto, sino
presionando para que el proceso se detuviera; lo que logró en parte. Su argumento: "nos falta tiempo para
analizar el proyecto y para dar nuestra opinión".Las primeras semanas de enero despejarán la duda: pronto
será evidente si realmente se quiere contribuir con ideas o si el argumento es sólo una
argucia.
Por lo pronto, no pocos legisladores invadidos por un temor reverencial, resolvieron que no era
el momento de aprobar un dictamen: "si la CIRT no está de acuerdo, no podemos legislar". Cortesía
desmesurada de quienes tienen la responsabilidad de legislar hacia
quienes representan una parte de los intereses de la sociedad en la materia. Ni debe ni puede desestimarse la aportación de la CIRT, pero
¿es aceptable que el Poder Legislativo sea rehén de un núcleo de intereses?
Sin embargo, el debate está abierto. A través del Canal del Congreso, en una transmisión que
superó varias veces el promedio de audiencia, la sociedad pudo conocer el punto de vista de los legisladores.
Pudo darse cuenta que frente al tema no se verán las posturas monolíticas de los partidos, pues la
convicción de que una reforma a la ley es necesaria y urgente los atraviesa transversalmente, lo mismo que el
temor a pagar los costos de contristar a un poder que tiene en sus manos el futuro de candidaturas y
proyectos políticos. Las próximas semanas permitirán constatar si hay Poder Legislativo cabal o si se trata sólo de
una asamblea subordinada. Este tiempo que el Senado dispuso para que la CIRT dé a conocer sus
aportaciones deberá ser aprovechado para construir una reforma con el mayor consenso posible, nunca para
coleccionar los argumentos que sirvan de disculpa para explicar por qué, una vez más, el Congreso no cumplió con su responsabilidad.
