El Economista dicta sentencias
y Riva Palacio difunde conversaciones privadas

 Marco Levario Turcott

Del 15 al 20 de enero, El Economista reseñó un documento elaborado por el Ministerio de la Policía Suiza y que se entregó a la procuradora de ese país el 22 de abril de 1998. Según esa investigación, la familia Salinas ­incluido quien fuera Presidente de México­ tuvo relaciones con los principales cárteles de la droga en el país.

Las notas son firmadas por el director del periódico, Luis Enrique Mercado, quien no dice cómo ni cuándo ni de parte de quién recibió aquel documento, contraviniendo el punto 4 del código de ética de El Economista, que dice: "En toda información debe quedar clara la fuente de dónde se obtuvo". El reseñista sólo afirma que el legajo está en poder del diario. Este no es el resultado de una investigación periodística que es, por cierto, otro de los señalamientos a los que conmina el código de ética de El Economista.

Llama la atención que las entregas tuvieran la firma del director, quien no publica regularmente. No lo hizo, incluso, cuando por medio de El Economista se filtró una reunión de 25 "de los más grandes empresarios (que) se comprometieron a realizar aportaciones al Partido Revolucionario Institucional por un mínimo de 25 millones de dólares". En aquella ocasión, 26 de febrero de 1993, la nota fue redactada por Francisco Barradas Benítez y obtuvo el Premio Nacional de Periodismo. Ahora, Barradas Benítez es director de Imagen, un periódico de Zacatecas del que Luis Enrique Mercado es presidente.

Testigos protegidos

Cada entrega ocupó el titular principal. En la primera, Mercado sintetiza las afirmaciones de 16 testigos protegidos que "trabajaron con los Salinas o con los narcotraficantes antes de que se convirtieran en informantes de la policía". El martes 16 se lee que, en 1991, Raúl Salinas recibió el encargo de su padre para continuar el negocio con los narcotraficantes (en la portada está la foto del hermano del ex mandatario con la señora María Bernal). Al día siguiente se lee que las declaraciones de los testigos protegidos, en opinión del reseñista, "no dejan lugar a dudas" sobre el apoyo de los cárteles de las drogas a la campaña presidencial de Carlos Salinas. En interiores están los dichos de Raúl Salinas, expresados un día antes en un programa radiofónico: "La Procuraduría General de la República desestimó a los informantes", afirma Raúl Salinas, "ya que se trata de los mismos que acusaron de estar involucrado en el narcotráfico a Liébano Sáenz, entonces secretario particular de Zedillo".

La nota del jueves 18 aborda los problemas de la familia Salinas para "lavar el dinero". También se lee que la PGR "estimó que la información revelada por El Economista no es suficiente para integrar una averiguación previa contra el ex presidente Carlos Salinas, su hermano mayor Raúl y el progenitor de ambos". El viernes 19, Luis Enrique Mercado reitera: "no hay duda" de que fueron cometidos aquellos ilícitos.

Vale la pena señalar que la Suprema Corte de Suiza, al recibir ese documento, determinó que la procuradora Carla del Ponte se había excedido en sus funciones y la investigación fue turnada a un juez investigador de Ginebra.

Espionaje telefónico

El 18 de octubre del año pasado, Raymundo Riva Palacio Neri escribió:

"Fuera de aquellos casos donde por autorización judicial se permite intervenir llamadas telefónicas (...) todos aquellos casos donde éstas se realicen, violan la ley. Bajo esa premisa el gobierno mexicano, desde varias dependencias, es un violador consuetudinario de la ley, alegando razones de seguridad nacional, o para utilizar esas pláticas como chantaje político o para destruir individuos."

Dos días antes, en el diario Reforma, Jesús Silva Herzog Márquez recordó que también es un delito difundir la grabación de conversaciones privadas. El ensayista transcribió el artículo 211 bis del Código Penal del DF: "A quien revele, divulgue o utilice indebidamente o en perjuicio de otro, información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada, se le aplicarán sanciones de seis a doce años de prisión y de trescientos a seiscientos días de multa".

Por su parte, Raymundo Riva Palacio escribió que desde 1994 "comenzó una fiesta para los medios mexicanos, quienes desde entonces, en palabras del historiador mexicano Héctor Aguilar Camín, tuvieron una 'borrachera democrática'. Los medios que antes de 1994 no se atrevían a guardar una distancia crítica ante el poder, lo empezaron a hacer (...) El balance en este primer quinquenio no ha sido positivo. Con el pretexto de periodismo de investigación y la búsqueda de competencia a partir del escándalo irrumpieron en la vida privada de las personas, lanzaron acusaciones sin pruebas ­o sea, difamando­, destruyeron famas públicas y prestigios profesionales, sin tener, en un gran número de casos, la documentación necesaria para apoyar sus latigazos".

Un mundo nos vigila y otro lo difunde

Raymundo Riva Palacio Foto: Salvador Castellanos/Silva

Riva Palacio criticó esas violaciones a la ley, pero después fue parte de ello.

En la edición de la revista Milenio del 22 de enero, ese periodista difundió las ilegales grabaciones telefónicas de conversaciones privadas sostenidas por Héctor Aguilar Camín con dos personas cuyo nombre no cita. Riva Palacio afirma que las copias de aquellas charlas fueron entregadas a Milenio y no dice quién las proporcionó. La intención parece evidente y la comparte Riva Palacio.

"El Caníbal". Así se titula el texto. En el primer párrafo, Riva Palacio dice que Carlos Salinas "se asemejaba a un encantador de serpientes. Sedujo intelectuales ­de interlocutores los convirtió en locutores­, a periodistas ­les regaló propiedades­ y los consoló en momentos de crisis personales­ y a no pocos les hizo ganar dinero". Enseguida, menciona a Héctor Aguilar Camín, "a quien el ex presidente le profesó privilegios y cariños públicos". Raymundo Riva Palacio ­director de Notimex desde diciembre de 1988 hasta mayo de 1990, es decir, en el gobierno de Carlos Salinas­ es implacable y parece que sabe de lo que habla.

Luego, Riva Palacio transcribe el reporte hecho por no se sabe quién, de las mencionadas conversaciones telefónicas. Según esto, ocurrió el 11 de octubre del año pasado:

"El Dr. Aguilar Camín señaló que hacía tiempo que le urgía sacudírselo, y que la grabación de sus hermanos le había resultado útil."

Este reporte ocurre justo cuando se difundieron las conversaciones telefónicas de los hermanos Salinas. En aquellos días, Riva Palacio escribió:

"Las violaciones a las garantías individuales han existido en México bajo el cobijo de la impunidad. En ocasiones, la inmoralidad ha llegado a extremos tales como (que) hubo grabaciones que llegaron a ser editadas para presionar y chantajear políticamente a personalidades de la vida pública. Este debate, muchas veces arañado en la opinión pública, nunca ha sido realmente discutido para buscar frenar los enormes abusos que imperan y la forma tan salvajemente arbitraria como se aplica el espionaje telefónico" (18/X/00).

Escupiendo al cielo

Volvamos a la citada edición de Milenio. Raymundo Riva Palacio continúa con la transcripción del teléfono intervenido de Aguilar Camín citando varios pasajes donde el historiador, según el reporte, se refiere a Carlos Salinas en forma soez y también cuando considera que Vicente Fox no tiene estatura para dirigir al país. Una constante entre las conversaciones es la preocupación de Aguilar Camín sobre unos documentos de los años 90 y 91, que pudieran ser utilizados por Salinas para exhibirlo.

Quién sabe si el reporte sea verídico o si fue editado (Riva Palacio no le pone reparo alguno). Tampoco sabemos quién lo dio, aunque la razón tal vez sea, usando los términos empleados por Riva Palacio hace unos meses, para cometer "la inmoralidad" de "presionar y chantajear políticamente a personalidades de la vida pública". Y si es verídico, ¿cuál es el valor de la información?

Más allá de la imprudencia del historiador por decir lo que dijo sabiendo que podría ser grabado, sus diferencias con el ex Presidente ya las había hecho públicas en la primera quincena de octubre del año pasado en la revista Proceso y frente a las cámaras de Televisa. Queda el asunto del documento que, según el reporte, le inquieta a Héctor Aguilar Camín. Pero junto a ello hay otra pregunta: ¿por qué quien ha criticado la intervención telefónica se presta a la (ilegal) difusión de esa práctica (ilegal)? Esa es una manera de alentar el espionaje y despedazar la intimidad, como caníbales postmodernos que viven su fiesta democrática