etcétera

La lucha política se dio en los medios

Carlos Gómez Valero

La manipulación extrema de los medios de comunicación masiva en que incurrieron tanto el presidente Hugo Chávez como sus detractores, y que instigaron los violentos acontecimientos recientes de Venezuela, debe alertar acerca del riesgo que implica para algunas, todavía frágiles, democracias de América Latina el uso irresponsable de los medios.

Asimismo, plantea interrogantes acerca del rol que están asumiendo los grupos de poder económicos que detentan los medios privados en los procesos de transición de algunos países de la región, México incluido.

Sin duda, también refuerza la opinión de reformar el marco jurídico de los medios para redefinir el desempeño de los medios electrónicos, tanto privados como estatales, como uno de los procesos necesarios en las reformas del Estado que se impulsan en países de la zona que están emergiendo de regímenes controlados durante décadas por grupos políticos ahora desplazados del poder, como es el caso de Venezuela.

Además de los otros factores involucrados en el golpe y contragolpe venezolano, la lucha política se dio fundamentalmente en los medios de comunicación. Chávez lo definió como un "golpe mediático", aludiendo al papel de los medios privados en la revuelta, pero si algo ha caracterizado su mandato ha sido el uso discrecional, y hasta ahora efectivo, que ha hecho de la radio y la televisión públicas para fortalecer su gobierno.

El movimiento de insurrección encabezado por la élite empresarial y abiertamente apoyado por las principales cadenas de televisión, fue el desenlace de un enfrentamiento añejo entre Hugo Chávez y los medios. Ya desde el 26 de febrero de este año, Chávez había denunciado que "la oposición al gobierno está tan desprestigiada, tan desmejorada, tan falta de liderazgo, tan falta de propuestas serias al país que lo que le ha quedado es la búsqueda de un show mediático... ha quedado demostrado que la oposición no tiene capacidad de movilización real".¹ Desde entonces el mandatario denunció una campaña mediática interna en su contra.

No es gratuito que Chávez, en los momentos más álgidos del conflicto, haya decidido clausurar las señales de Telever, Venevisión y la radio privada de Caracas, con el argumento de que "la señal radioeléctrica pertenece al Estado y el Estado es quien otorga las concesiones",² luego de denunciar la insurrección mediática en su contra en la que estaban involucradas
las cadenas de televisión.

Tampoco es casual que el avión donde presuntamente Chávez sería sacado del país la tarde del sábado 13 de abril, desde la isla de Orchila, fuera propiedad del dueño de Venevisión, Gustavo Cisneros. Venevisión es una de las empresas de medios más grandes de América Latina, que surgió en 1960 cuando el industrial cubano-venezolano Diego Cisneros adquirió el Canal 4. Ese mismo año, 42.95% de las acciones de Venevisión fueron adquiridas por American Broadcasting y Paramount Theaters. La familia Cisneros tiene fuertes vínculos con la cúpula empresarial de Venezuela, aglutinada en la Fedecámaras, cuyo dirigente, Pedro Carmona Estanga, encabezó el golpe y asumió la efímera junta provisional de gobierno. Carmona Estanga está ligado políticamente a Carlos Andrés Pérez, en contra de quien, en 1992, Chávez intentó un golpe de Estado. Andrés Pérez, en su primer mandato presidencial, se negó a culminar una amplia reforma legislativa en materia de comunicación social que afectaba los intereses de los medios privados, que él mismo había propuesto inicialmente.³

Ubicados los medios y los grupos empresariales ligados a ellos como líderes de las protestas en contra de Chávez desde que asumió el cargo, éste ha hecho también un uso permanente de los medios públicos para contrarrestar la ofensiva y apuntalar su gobierno. Chávez es uno de los mandatarios latinoamericanos que, junto con Eduardo Duhalde, de Argentina, y Vicente Fox, de México, tienen un programa radial en el que difunden las acciones de sus gobiernos.

En uso de sus facultades presidenciales, Chávez también obliga a los medios privados a transmitir sus alocuciones, al grado que el Grupo de Opinión Convergencia de la Asamblea Nacional de Venezuela propuso, el 1 de enero de 2001, la "Ley orgánica que limita las transmisiones oficiales en los medios radiotelevisivos privados" que tienen por objeto "reducir a límites razonables la transmisión obligatoria de mensajes de la Presidencia o Vicepresidencia de la República, de los ministerios y demás órganos oficiales a través de medios radiotelevisivos y privados".⁴ La propuesta fue rechazada por el pleno de la Asamblea donde los partidarios de Chávez son mayoría.

La ruptura constitucional del régimen democrático de Venezuela sin duda deja varias lecciones para México. Una de ellas es la evaluación que el gobierno de Vicente Fox debe hacer de su política exterior y sus fuertes vínculos con el gobierno de Estados Unidos, cuyas intrigas para derribar a Chávez salen ahora a relucir.

Deja también interrogantes acerca del uso discrecional de los medios públicos para difundir logros gubernamentales que no se ven reflejados en la vida cotidiana de los ciudadanos y para hacer una defensa a ultranzas del Ejecutivo federal ante la propia incapacidad gubernamental para generar acuerdos con los otros actores políticos.

Asimismo, la experiencia venezolana pone en evidencia los riesgos de permitir que empresas extranjeras tenga el control económico mayoritario de los medios de comunicación nacional, lo que pone en riesgo la soberanía de un país.

También es un llamado de alerta para los distintos actores políticos en México del riesgo que implica prolongar los acuerdos fundamentales para concretar la reforma del Estado, en cuya agenda está un nuevo marco jurídico para los medios de comunicación electrónicos, que le dé cauce institucional a los cambios que demanda un nuevo escenario político.