Felipe Vicencio Álvarez
Cuando la SCT entregó el 4 de abril pasado a la Consejería Jurídica de la Presidencia su dictamen técnico sobre las reformas a
las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión, había tiempo para detenerlas. Todavía el Presidente no había ordenado
su publicación en el Diario Oficial de la Federación y, como ha hecho en otros casos, podría haber devuelto las reformas al Congreso con observaciones y la solicitud de que las mismas se atendieran.
Esto podría haber sido así si el Presidente hubiera actuado con visión de Estado, si en su reflexión hubiese reconocido como
prioridad atender al interés superior del país. Pero resulta evidente que el apremio era otro. Se trataba de cumplir el compromiso establecido con unos cuantos, de ofrecerles todas las facilidades para la expansión de sus negocios. ¿A cambio de qué? Esas cláusulas quedan en la oscuridad. Lo único evidente para todos es el sometimiento de las dirigencias partidistas a estos intereses con el afán de recibir de los medios electrónicos un trato considerado durante la contienda electoral, pero no falta mucho tiempo para identificar cuál fue para la Presidencia la ganancia a cambio de su actitud entreguista.
Las reformas se publicaron pese a los señalamientos del dictamen de la SCT respecto a que tales modificaciones daban lugar a un régimen de excepción; que la doble definición de "radiodifusión" ambigüedad deliberadamente diseñada como traje a la medida para las empresas de televisión causaría confusión e incertidumbre legal; que el estatuto jurídico de la Cofetel era impreciso e inconstitucional; que, en fin, era inconveniente resolver la asignación del espectro radioeléctrico con criterios económicos. Ni éstas, ni decenas más de observaciones fueron tomadas en cuenta por el Ejecutivo que, ni tardo ni perezoso, promulgó las reformas. Como si el documento referido no hubiera existido.
Pero casi tres meses después, el dictamen de la SCT se dio a conocer públicamente. Y entonces surgieron las preguntas. El
vocero presidencial respondió que en aquel tiempo el Presidente no lo conocía. Es patético esgrimir la ignorancia como arma contra la irresponsabilidad. Fallida resultó la explicación del secretario de Gobernación, quien señaló la extemporaneidad del referido dictamen, cuando es sabido que todas las dependencias del Ejecutivo recibieron instrucciones precisas de no fijar posición y seguir el mismo guión: "tenemos un profundo respeto por el trabajo legislativo". La Consejería Jurídica quiso cubrir lo evidente con un velo de presuntas inobservancias reglamentarias en las que, respecto a ciertos trámites burocráticos, habría incurrido la SCT al emitir su documento. De forma marrullera, la Consejería pretendió confundir señalando presuntas omisiones de procedimientos que son exigibles sólo cuando el Ejecutivo es el promotor de una iniciativa legislativa. ¿O sería una confesión de parte?
Ese dictamen ya está en manos de la Suprema Corte, que podrá encontrar en él argumentos para considerar favorablemente
la acción de inconstitucionalidad. Mientras, las reformas comienzan sus estragos.
Que tales reformas hayan surgido de un equilibrio tan precario de intereses ha ocasionado que el procedimiento de integración de
la "nueva" Cofetel se entrampara al primer intento. Los diferentes intereses en juego se anularon mutuamente y los
primeros nombramientos, salvo uno, se cayeron. Entonces, como en el legendario juicio del rey Salomón, al Ejecutivo no se le ocurrió algo mejor que partir la comisión y entregarla en "lotes" a los interesados. Así, la flamante Cofetel, que tendría que ser referente de autoridad moral, capacidad técnica y respetabilidad, fue entregada a quienes promovieron la reforma y tienen la garantía de quién vele en ella por sus intereses.
Exhibiendo su rostro más pragmático y mezquino ahí están dentro los partidos, y con su innegociable agenda de expansión a costa
de lo que sea, están también las grandes empresas. Esa integración de la Cofetel pone de manifiesto, más que un conflicto de
intereses, una clara acreditación de éstos, o más aún, una concertación por encima del interés nacional. Y lo que nos falta ver. Ahora la Corte tiene la palabra.
