María Elena Pérez-Jaén Zermeño
En materia de transparencia y acceso a la información pública, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se
ha caracterizado por un sistemático ocultamiento de información y por obstaculizar al Consejo de Información Pública
del DF (15 de los 18 integrantes son representantes de los órganos de gobierno).
En estos años, los medios de comunicación han desempeñado un papel primordial para que de las entrañas de
la administración pública capitalina, se obtenga información. Fue Elizabeth Galindo, reportera de
MVS Radio, la que el 21 de enero de 2004, puso al descubierto el salario del señor Nicolás Mollinedo; fue en el noticiero de Joaquín
López-Dóriga, y en El
mañanero de Brozo, donde se exhibió la serie de videos que develaron las redes de corrupción, tráfico de
influencias y complicidades en las que participaron personas muy cercanas al jefe de gobierno.
Al comparar las versiones estenográficas de sus conferencias matutinas con documentos oficiales e
investigaciones periodísticas, se pueden identificar las mentiras y contradicciones de López Obrador en materia de transparencia y
acceso a la información. Algunos de los ejemplos más notables en esta materia son:
El 19 de diciembre de 2002, López Obrador afirmó que no requería nuevos aparatos burocráticos -refiriéndose
al Consejo de Información- pues ya existían contralores ciudadanos que "no cobran y nos ayudan en todos los procesos";
el 26 de mayo de 2005, Diario Monitor documentó cómo algunos contralores cobraban sueldos de empleados en el
gobierno capitalino, utilizaban su puesto como trampolín político e incluso formaban parte de las direcciones del PRD en
los comités delegacionales.
El 10 de julio de 2003, el jefe de gobierno se refirió al consejo: "Se estimaron 60 millones de pesos y está en la
misma idea ésta de seguir creando aparatos burocráticos", y " es la integración del consejo, que no se puede integrar de
manera facciosa sin tomar en cuenta a todos"; en el Presupuesto de Egresos de 2003, se estableció que dicho presupuesto sería
de 25 millones, mismos que nunca se entregaron, y un documento de la Comisión de Administración de la II ALDF
constata cómo el PRD realizó propuestas de consejeros ciudadanos y cómo sus diputados participaron en la selección.
El 15 de julio de 2004, respecto de la parálisis en la cual se mantuvo el consejo, López Obrador afirmó: "Yo digo que
sí se les han dado los apoyos"; los medios constataron que el consejo carecía de sede, recursos y personal. Ese día
también dijo: "Estoy firmando para que ninguna información sea restringida en el gobierno de la ciudad, transparencia total",
pero el 15 de noviembre, la Consejería Jurídica del GDF clasificó como reservada por diez años la información concerniente
a gastos en imagen y publicidad, licitaciones y proveedores, entre otros, de la Jefatura de Gobierno. Esto fue denunciado
el 3 de marzo de 2005 por Reforma y el 18 de marzo, el jefe de gobierno cedió a la presión de los medios y tuvo
que desclasificar dicha información. (Ya en noviembre y diciembre de 2004,
etcétera había documentado las reticencias de
la administración capitalina para dar información sobre los gastos del gobierno en publicidad y la concerniente a
los fideicomisos.)
El 12 de julio de 2005, López Obrador dijo, en relación con las obras de vialidad: "Les voy a entregar a ustedes toda
la memoria del Instituto de Ingeniería de la UNAM y todas la pruebas de carga que se hicieron". Dos días después,
los reporteros le expresaron su confusión: "porque son hojas sin ningún membrete, sin ninguna firma, sin ningún aval
() Pero hablan de las obras del distribuidor vial de San Antonio cuando nosotros hemos venido hablando de Periférico".
El 15 de julio, en Crónica aparece: "Oculta FIMEVIC resultados de resistencia sísmica del Distribuidor San Antonio".
La lista es larga, pero en conclusión puede decirse que en los casos en que López Obrador ha sido pillado
ocultando información, en contra de su voluntad tiene que justificar su acción argumentando que se trata de errores o de fe de
erratas; pero al entregarla lo hace de manera parcial o bien, descalifica las demandas de información aduciendo que se trata
de ataques de sus adversarios.
Desgraciadamente para la población, el jefe de gobierno logró que su administración no fuera sometida al
escrutinio público. La transparencia y el acceso a la información continúan como asignaturas pendientes en el Distrito Federal.
