José Yuste

El Canal del Congreso ha sido útil. Se pueden revisar las discusiones en momentos donde se termina el gran poder presidencial, y los congresistas toman una responsabilidad decisiva. El canal de la SCJN también tiene una lectura positiva de mayor transparencia. Dichos canales pueden verse gracias a que el Estado se encuentra facultado a tomar espacios de la televisión de paga, sea cable o por multiondas, o la televisión satelital.

Al querer aprovechar esa ventaja, ahora el Ejecutivo quiere su canal de televisión, y ha recibido una andanada de críticas.

Primero, el Ejecutivo ya cuenta con canales o sistemas que deberían ser más de Estado que de gobierno, pero que por lo pronto están en manos del gobierno federal. Desde Notimex hasta el Imer, pasando por el Canal 22 o Canal Once, los cuales han logrado tener proyectos propios, independientes del gobierno y que son de alta calidad.

Sin embargo, el gobierno quiere un canal de televisión. ¿Para qué? Todos sabemos que a diferencia de los legisladores o ministros, el Presidente ejecuta, pero no tiene que someter sus decisiones a votación, y por lo tanto no existe un ejercicio de transparencia en la transmisión de su canal de televisión.

Más bien, el canal de Presidencia puede ser visto como una práctica publicitaria y se puede sentir con tintes autoritarios.

No decimos que los legisladores sean un dechado de virtudes, pues no han aprobado ni una de las grandes reformas estructurales, pero su canal funciona para divulgar las discusiones y la votación de cualquier iniciativa. En el caso de los ministros de la Corte sucede lo mismo.

Y conste que hablamos de un Presidente tolerante con las críticas, abierto a la libertad de expresión, pero que aun así el tener un canal de televisión le puede dar un tinte autoritario.

Recordemos que el Presidente ya cuenta con el programa de radio sabatino Fox Contigo.

Dentro de la Canitec, hay revuelo por todos esto. Realizaron el convenio con la Suprema Corte, pero sobre el canal de la Presidencia aún hay dudas: no saben cómo se producirá, cuánto costará, y si los costos correrán a cargo de ellos.

Y lo peor: ¿este canal se comercializará? Esto puede prestarse a todo tipo de conflicto de interés. Cualquiera de las empresas privadas que se patrocine en ese canal, de inmediato, se le puede relacionar con un interés particular que quiere gestionar con el gobierno. Si la comercialización se hiciera a través de un tercero: ¿la Presidencia debe estar a expensas del mercado publicitario privado?

Sin lugar a dudas los canales de paga deben abrir espacios al Estado. Es una obligación que tienen por ley. Pero en el caso del canal de la Presidencia hay fuertes críticas de si sólo va a servir como canal de divulgación de obras del Presidente, lo cual no sería bueno para un mandatario que ha respetado la libertad de expresión.