Laura Islas Reyes
/ Raymundo Cárdenas
¿Qué detuvo la aprobación de la iniciativa de ley de radio y televisión?
Que hay intereses que consideran que van a ser afectados si hay una nueva ley, y más una como
la planteada. Especialmente los temas del órgano regulador, de los límites para evitar
la concentración de frecuencias en una sola
persona, en un solo grupo; el registro nacional de concesionarios que va a
poner en claro quién está trabajando su concesión o la ha vendido. Creo que también molesta mucho el
asunto de que sea el IFE el único que va a contratar publicidad política. Todo eso está en documentos que
algunos compañeros senadores presentaron de última hora y que ya no fue posible procesar en un solo día,
con lo cual obligaron a posponer la presentación del dictamen en el pleno. La verdad es que la inmensa mayoría que presentó propuestas en el último día lo hizo no con la idea de
que introdujeran sus ideas sino con la idea de que hubiera nada. Por eso creo que es un gran paso el que dieron los coordinadores parlamentarios al establecer un compromiso de que en febrero se vota
en el pleno una ley. Ahora, los esfuerzos por evitar que haya ley van a tener que canalizarlos hacia
el contenido; el riesgo es que la ley que se produzca sea una ley sin dientes, una ley que deje las cosas igual.
¿Cómo evitar que el debate termine con una ley
a modo para los concesionarios?
La única manera es generar una opinión pública muy consistente en apoyo a las obligaciones
principales que contiene la ley. Hacer que los organismos de la sociedad civil, personalidades democráticas les
llamen a los senadores, manden correos electrónicos y los animen a hacer una ley como la que requiere el
país. Por primera vez la sociedad tiene que cabildear mucho con sus legisladores, especialmente con
aquellos que podrían estar más cerca de los concesionarios. Creo que es necesario que se
genere un ambiente de opinión pública que
permita que los legisladores, y especialmente los coordinadores, perciban que van
a pagar un costo alto si no sacan una ley o si sacan una que no contenga los elementos principales que
están siendo comentados por la mayoría.
¿Por qué la actitud de algunos senadores para aplazar la discusión?
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Foto: Ricardo Hernández |
Hay mucha gente que a veces es más papista que
el papa. Lo hacen por quedar bien con los
concesionarios, unos; otros porque ellos mismos son
concesionarios, aunque éstos, por ejemplo mi paisano
Pepe Bonilla, es concesionario pero es un pequeño
concesionario y la verdad es que la ley a los
pequeños no los perjudica, antes les va a beneficiar, porque les permitirá tener una competencia mucho más
equitativa. Creo que hay tres tipos de compañeros,
unos de plano son voceros de los concesionarios más
fuertes; otros no lo son pero quisieran, y otros que simplemente están respondiendo a una visión muy
equivocada de la realidad nacional y creen que no es tiempo de que haya tensión entre el Poder Legislativo y,
sobre todo, el duopolio televisivo. Si hubieran querido de veras que se incluyeran sus propuestas en el
dictamen las habrían hecho con anticipación para que la subcomisión las estudiara y pudiera ver si tenían
acomodo en el proyecto de dictamen. No fue así, lo presentaron de última hora
en la lógica de que no se cumpliera el acuerdo que
ya había entre los grupos parlamentarios de que
habría dictamen que se presentaría en
primera lectura y se dejaría enero para obtener más observaciones y propuestas y votar en febrero. A fin de
cuentas el avance más significativo es que hay un compromiso público de las bancadas en favor de la
legislación; eso es muy importante. Nunca había ocurrido, y además no es un asunto de los coordinadores, sino de
sus bancadas. El PRI, el PAN, el PRD y el Verde han discutido en sus reuniones previas a las sesiones,
y especialmente hay que destacar que el PRI ya decidió que sí debe haber ley.
¿No hay el riesgo de que en febrero nuevamente se rehuya la discusión?
El riesgo es que se dé una polarización muy fuerte. Vamos a ver qué capacidad de negociación
tenemos. Nosotros vamos en la idea de buscar un acuerdo salvaguardando el espíritu original de quienes
iniciaron la ley.
¿Cuáles serían esos mínimos?
Creo que debe haber un consejo, hay que
ver cuál figura adoptamos, si es
descentralizado o desconcentrado o mucho más autónomo. Deben otorgarse o revocarse las concesiones, creo que eso
es irrenunciable. También es irrenunciable que haya límites en la concentración de frecuencias. Se
puede negociar qué tanto se puede contratar de publicidad política, porque ya hay posiciones públicas, el diputado
Chuayffet planteó que toda la publicidad política debería ser gratuita, que se utilice el tiempo de Estado, eso es
muy importante. Es una posición en un extremo y otra posición que el día de la reunión de la Comisión de
Radio y Televisión es que no haya límite, que candidatos y partidos puedan contratar libremente la
publicidad política pagándola a los concesionarios. Esos son extremos.
Creo que entre eso hay muchas posibilidades de encontrar un arreglo que permita que los medios
aporten a la democracia, y también que
permitan mediante la ley que las campañas políticas sean menos costosas, que las prerrogativas de los
partidos puedan disminuir y eso significara que se liberará
dinero que hoy se dedica a la publicidad, para otros
asuntos sociales.
¿Qué precisiones
recibieron por parte de los concesionarios?
Hay una inmanente, que se siente aunque no se pueda
identificar una fuente especial. Todos sabemos que es mucho muy difícil, tanto en uno como en otro de los grandes noticieros, todos los senadores y
los diputados sabemos que confrontar sus intereses puede costarte la exclusión total de la televisión, y en
la manera actual de hacer política en México, eso sería la muerte de cualquier político, la muerte
política. Nosotros hemos trabajado para convencer a los legisladores de que especialmente la televisión se
ha encargado de desprestigiar al máximo a la política, a los políticos, a los partidos, al Congreso, y que
ya no perdemos mucho. Además la inmensa mayoría de los senadores están excluidos, en los hechos, de
las grandes televisoras. Los hemos tratado de convencer y lo hemos logrado en la mayoría.
Pero en este caso es una presión abierta...
Es una presión virtual, ahí está. Cuando menos a
mí no me han hablado para decirme "oye, no vas
a aparecer", pero está claro que no me invitan y punto. No me amenazan pero no me invitan a discutir
un tema como éste. No se ha abierto ningún tipo de debate en las dos cadenas de televisión, un tema
que es de interés nacional y de interés público está vedado o vetado para aparecer en estas dos
grandes cadenas. Creo que esa situación es parte de lo que hay que cambiar.
¿Cómo han participado los concesionarios en la discusión de esta iniciativa?
Creo que en este tema ha habido una equivocación de ellos, porque al plantear que sea una
ley incluyente y no asistir a los foros a los que la subcomisión convocó incurren en una contradicción
que desnuda una actitud muy mezquina, que implica que ellos escogen a sus interlocutores. No les gusta la subcomisión, no están de acuerdo con sus integrantes, tengo la impresión de que Javier
Corral no es de su agrado y entonces en lugar de concurrir a las sesiones de la subcomisión se han dirigido
al presidente de la Mesa Directiva del Senado, Diego Fernández de Cevallos, y esa actitud de
menosprecio de los interlocutores es la que ha impedido que la ley se elabore con la participación de la industria.
Espero que cambien de actitud porque una de las cosas en las que más estamos unidos los senadores es que
no vamos admitir vetos de nadie. No se puede disminuir la dignidad del
Senado estableciendo interlocutores a modo,
admitiendo que a unos interlocutores los veten y a otros los acepten. La industria tiene
que cambiar de actitud. Finalmente es el Senado el que va a desarrollar este debate.
Es posible que los concesionarios cabildeen con varios legisladores.
Sin duda lo harán. Pero va a tener que haber sesiones formales de las comisiones o subcomisiones
para escuchar las opiniones de la industria y creo que ahí se tiene que dar esta nueva actitud, que no se
vete a nadie como interlocutor.
¿Cómo evitar que la sucesión adelantada contamine la discusión del proyecto?
Por eso planteamos que el proceso o que el debate de la ley de radio y televisión debería haber
concluido ya, para evitar que se traslapen los procesos. No fue posible, ahora hay que procurar que de veras se
dé en febrero, cuando mucho una semana o dos de marzo, y creo que tiene que darse al mismo tiempo
que una reforma electoral porque lo que metemos en la ley de radio y televisión es sólo
la prohibición a los concesionarios a contratar publicidad con partidos. Ahora hay que reformar el Cofipe para darle
facultades al IFE al respecto.
* * *
Los tiempos de El Universal
2004 mostró varias novedades en la discusión del marco normativo de los medios electrónicos. Una
fue la actitud de algunos diarios sobre la iniciativa de ley al respecto.
Hace seis años, por ejemplo,
El Universal estuvo entre los más acérrimos adversarios de una
propuesta similar a la que fue presentada para su dictamen en el Senado, el 13 de diciembre pasado. Con esa definición política, durante el último tercio de 1998 ese diario distorsionó el
contenido de la iniciativa, le llamó "Ley Mordaza", y fue muy severo con sus promotores, los entonces
diputados Javier Corral y Porfirio Muñoz Ledo. Ahora
El Universal simpatiza con la causa y es el diario que dedica
más amplios espacios informativos para favorecerla. Incluso uno de sus funcionarios, Javier Solana,
participa y se compromete con los promotores de la nueva ley en la estrategia de medios que delimitan
para mantener el tema en la opinión pública (y Javier Corral escribe en el diario). Algo ha cambiado, sin
duda. Ahora el dueño del periódico está convencido de una nueva norma para abrir la oferta que ahora hay
en los medios electrónicos. Quiere una concesión de radio. Hace casi diez años, el entonces presidente Zedillo disintió de la reforma de los medios y dijo que
eran preferibles los excesos a coartar la libertad de expresión. Entre los que más lo apoyaron fue
El Universal que, en el editorial del 2 de junio de 1995 afirmó: "Ciertamente, toda regulación en esa materia
podría implicar más riesgos que beneficios, debido a que bajo ningún aspecto es conveniente dar margen a
que se considere que se ponen cortapisas al ejercicio informativo". Y tres años después, el 26 de
octubre, celebró con estas ocho columnas: "Desechan diputados iniciativa de 'Ley Mordaza'".
Los tiempos cambian, aunque las explicaciones escaseen. Ahora
El Universal coincide con el cambio del régimen de medios electrónicos y hasta se preocupa por los medios públicos, como lo expresó en
su editorial del 22 de septiembre de 2004: "el reto para los medios públicos (...) radicará en resolver
sus carencias legales, adquirir definición y perfil propios, independientemente de los gobiernos en turno,
y encontrar formas imaginativas de financiamiento que no afecten la utilidad pública de unos medios
de comunicación que son de todos nosotros".
etcétera
