Julio Chávez Sánchez
y Laura Islas Reyes
Sesgos, omisiones y distorsiones son algunas de las características que resultan de este ejercicio de
revisión de las notas que TV Azteca difundió sobre el conflicto entre esa televisora y CNI Canal 40.
Uno de los elementos centrales que guían a este trabajo es el reconocimiento de que cualquier empresa
se conduce con los lineamientos de sus dueños. Nada es más natural y entendible que eso, por mucho que en
la esfera de la valoración de cada empresa se disienta o se coincida con sus lineamientos. Más aún, si se trata
de una empresa de comunicación, ha de reconocerse que la línea editorial se estructura con base en
directrices planteadas por los funcionarios. Esas directrices tienen definiciones ideológicas, políticas y financieras,
y persiguen metas que en algunas ocasiones se hacen públicas y en otras no.
Pero una es la definición antedicha, el derecho de cada empresa de comunicación a fijar sus
lineamientos editoriales, por muy cuestionables que sean, y otra situación muy distinta es cuando en nombre de
aquellos lineamientos se deteriora la información a la que está obligado a proveer cada medio de comunicación en
sus segmentos noticiosos. Ese ha sido el caso de TV Azteca desde que se agudizó su diferendo con Canal 40,
el 27 de diciembre pasado. Los lineamientos de la televisora del Ajusco sobrevinieron en causa de defensa de
los intereses económicos de esa empresa y para ello sus noticieros distorsionaron la información. Su hilo
conductor fue el de pretender justificar una acción ilegal, como lo es el despojo de las instalaciones ubicadas en el
Cerro del Chiquihuite, decir y querer convencer de que Azteca actúa y se apega a derecho, así como buscar
el descrédito de su adversario en este conflicto, el señor Javier Moreno Valle. La cronología que publicamos
en estas páginas establece el contexto en que fueron difundidas las notas de TV Azteca.
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Foto: Mario Aldana |
Además, debe advertirse que las notas recuperadas y los juicios que nos suscitaron buscan una
estricta valoración informativa, ya juzgará el lector sobre la solidez de esta pretensión, pero no se entremeten en
la controversia legal entre esas televisoras porque no es el objetivo del trabajo, porque no es la
formación profesional de quienes esto escriben y porque, finalmente, las instancias legales respectivas serán las
encargadas de dirimir este asunto y dar la razón legal a quien la tenga. La única convicción expresada en el terreno
del derecho es que el 27 de diciembre pasado TV Azteca actuó al margen de la ley y concretó una asonada
que no tiene parangón en la historia de México.
Por último, debe señalarse que no hicimos el mismo trabajo en relación con las notas informativas de
CNI Canal 40 por varias consideraciones, algunas de ellas ciertamente subjetivas: a) porque a diferencia de
Azteca, el informativo de CNI no tuvo cobertura nacional y, en consecuencia, no consiguió el mismo impacto; b)
porque con este trabajo pueden encontrarse elementos de coincidencia entre el gobierno federal y TV Azteca
en demérito de Canal 40; c) porque Azteca fue la que, en contradicción con sus propios dichos de esperar
la homologación a las leyes mexicanas del laudo de la Corte Internacional de Arbitraje, resolvió tomar
las instalaciones del Cerro del Chiquihuite y porque, d) estos reporteros comparten el señalamiento sustancial
de CNI, expuesto en todos sus partes informativos, en el sentido de que fue despojado ilegalmente de
sus instalaciones. (Otro asunto son los exabruptos verbales y los desatinos discursivos expresados por Moreno
Valle durante esta fase del conflicto, así como sus reales y magnificadas deudas y fracasos financieros.)
En la mesa de redacción
El trabajo abarca del 27 de diciembre al 22 de enero pasados. Se estructura en el contraste entre lo
que difundió Fuerza Informativa Azteca (en adelante FIA) y los documentos y sucesos en los que se
ostentó. Naturalmente, está acompañado de los juicios de la redacción de
etcétera que pretenden sustentarse
en criterios periodísticos de verificación y en señalamientos éticos y profesionales para dar testimonio de la
falta de probidad que, en ese sentido, tuvo TV Azteca. Cabe señalar que ni los directivos ni los reporteros de
esa televisora accedieron a platicar sobre las inconsistencias en las que incurrieron según nuestra opinión.
Varios reporteros de aquella televisora se dijeron dispuestos a este ejercicio, siempre y cuando fuera guardado
su anonimato, condición que no aceptamos. El trabajo no podía desarrollarse con pareceres anónimos de
periodistas cuya labor es y tiene consecuencias públicas. Abrigamos, sin embargo, la esperanza de que sea posible
un intercambio público con ellos, y por eso insistimos en la invitación.
Azteca, en la legalidad
En reiteradas ocasiones durante el 27 de diciembre, los comunicadores de Azteca, entre otros Jorge
Zarza, Pablo Latapí y Lilly Téllez, leyeron ante el auditorio:
"En pleno uso de sus derechos y con estricto apego a la ley, TV Azteca reasumió la operación de Canal 40."
Zarza, Latapí y Téllez dijeron también que esto se hizo "con base en resoluciones definitivas y
unánimamente emitidas por diversos tribunales, que no están sujetas a revisiones o recursos por las partes
(sic)". Luego aseguraron: "Es falso e inexacto
(sic) que un comando armado hubiese actuado en las instalaciones del
Canal 40 (...) Como es del conocimiento público, la Televisora del Valle de México hace dos años en forma ilegal
y violenta desposeyó a TV Azteca las instalaciones que legítimamente tenía en operación".
La mano que mece la toma
No es verdad que en pleno uso de sus derechos y con estricto apego a la ley, TV Azteca hubiera tomado
las instalaciones del cerro del Chiquihuite para interferir la señal en su favor. No es verídica la afirmación
porque no hay ni podía haber un documento legal que autorizara a TV Azteca a hacer lo que hizo durante la
madrugada del 27 de diciembre. Tan fue ilegal, que por eso días después tuvo que entregar las instalaciones que
había ocupado. Buscar justicia por mano propia es una violación de la ley, independientemente de que no se
puede "retomar" lo que antes no se tuvo porque, al menos mientras se redacta esta nota, el titular de la
concesión es Javier Moreno Valle. Hasta ese día, 27 de diciembre, TV Azteca no había acusado al señor Moreno de
haberla desposeído en forma violenta de las instalaciones en 2000, por lo que eso no podía ser del
"conocimiento público".
Además no existen o no se conocen "resoluciones definitivas y unánimemente emitidas por diversos
tribunales" a las que se refirió Azteca. La única resolución definitiva es el laudo de la Corte Internacional de París que
tuvo interpretaciones contrapuestas entre las empresas en conflicto porque, como se sabe, cada una alegó que
el fallo le resultó favorable.
En este asunto, hubo una evidente inconsistencia tanto en el trato informativo como en la decisión de
los directivos de Azteca de tomar la antena de trasmisión de CNI. En un boletín con fecha del 23 de diciembre
de 2002, TV Azteca afirma que el laudo de la Corte Internacional de París tendría que homologarse ante
las respectivas instancias legales de México. Veamos el siguiente párrafo:
"El arbitraje emitido y otorgado a TV Azteca es inapelable ante la Corte Internacional de Arbitraje.
Asimismo, el arbitraje tiene que pasar por un procedimiento de ejecución ante los tribunales mexicanos."
Como todos supimos, cuatro días después, contrariamente a sus propios dichos y sin mediar explicación
o justificación alguna, Azteca resolvió despojar a CNI de sus instalaciones, sin que mediara resolución de
los tribunales mexicanos.
Una sola opinión
Los tremendos intereses económicos de los empresarios de TV Azteca, la duración de un conflicto que
tiene más de dos años y medio sin resolverse, así como el resuelto despojo de las instalaciones de CNI
configuraron un escenario tal que señalar la ausencia de pluralidad en los noticieros de FIA pudiera parecer una
ingenuidad. Sin embargo, creemos que, en cualquier situación, un noticiero tiene ese imperativo ético y profesional.
Incluso hasta afanes empresariales, como el de la búsqueda de credibilidad que reditúa en las finanzas, hubieran
podido orientar a que en los informativos tuvieran cabida las opiniones contrapuestas a los juicios de Azteca.
Una constante de todo este conflicto, al menos hasta el 22 de enero, fue que los noticieros de Azteca
no dieron cabida a opiniones que impugnaran su acción de fin de año. En más de un sentido en este tema,
sus espacios informativos fueron los despachos de comunicación de la televisora y operaron en franca
violación del derecho del ciudadano a estar informado. Incluso, un conocido funcionario de esa empresa, el
periodista Sergio Sarmiento, expresó en otros medios pero no en Azteca, su desacuerdo, aunque no fue más preciso,
con la toma de las instalaciones del Chiquihuite.
Amigos, amagos, engaños y desengaños
Entre el 27 y el 29 de diciembre, en algunas ocasiones con señalados tropiezos en la lectura del promter
por el nerviosismo de los conductores, pero siempre difundiéndose el mismo texto, desde los micrófonos de
TV Azteca se propalaba la versión antes descrita junto con una intencionada y llena de prevaricaciones,
estampa biográfica de los presuntos y/o reales malos negocios y las deudas de Javier Moreno Valle. La referencia
al empresario se remontó incluso hasta antes de diciembre de 1998, cuando ambas televisoras signaron
contratos de promoción y comercialización. Ante esto, cabía preguntarse por qué entonces, con esas cartas
credenciales de Moreno Valle, el dueño de Azteca hizo negocios con el concesionario de la Televisora del Valle de
México. El "amigo" Moreno Valle pidió un préstamo y Azteca lo concedió, fue la respuesta dada en los noticieros
para que, en esa caja promotora de sensaciones y sentimientos que es la televisión, hubiera el impacto deseado
en favor del amigo engañado, dueño de TV Azteca.
Como ya hemos dicho y citado, el 27 de diciembre Azteca acusó a Moreno Valle de haberla despojado
ilegal y violentamente de la trasmisión a la que, según esa empresa, tenía derecho. Sin embargo, el 30 de ese mes, hubo un implícito aunque también farragoso reconocimiento de que no era tal la supuesta ilegalidad en la
que habría incurrido el señor Moreno Valle contra TV Azteca:
"En julio del 2000, Javier Moreno Valle, dueño de CNI, dio por terminado de manera unilateral y
mediante pretextos legaloides, el contrato vigente entre ambas televisoras."
Enseguida, Azteca aludió otra vez al polémico laudo de la Corte Internacional de París para afirmar que,
con la toma de las instalaciones de CNI, Azteca actuó conforme a derecho. Al respecto, el 6 de enero, Pedro
Cerisola, titular de la SCT, señaló lo siguiente:
"Para el gobierno mexicano no es válida la determinación que sobre este caso tomó la Corte
Internacional de Comercio, hasta que no lo convalide u homologue un juez mexicano."
Esa nota no fue difundida por la televisora del Ajusco.
Por cierto, sobre ese tema la edición de
Milenio Diario correspondiente al 8 de enero cita la opinión del
jurista colombiano Eduardo Silva Romero, secretario general de la Cámara Internacional de Comercio, quien
señaló: "Si bien TV Azteca fue beneficiada por el fallo de la Corte en su disputa con CNI, la televisora del Ajusco
no puede hacer la ejecución del laudo ella misma pues ese es un acto contrario a todo sistema jurídico".
Los noticieros de Azteca no han recurrido a los funcionarios de la Cámara Internacional de Comercio para
preguntarles sobre la legalidad o ilegalidad en la que incurrió la televisora del Ajusco cuando por mano propia ejecutó el
laudo que tanto aludió por esos días.
Los abogados de Azteca abogan por... Azteca
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Foto: Mario Aldana |
El 30 de diciembre, los noticieros de Azteca difundieron una nota de José Martín Sámano en la que
pusieron de relieve:
"Debe Canal 40 cumplir sentencia de la CCI, coinciden
abogados". Fueron cinco los
profesionales consultados por el comunicador, dos de ellos abogados de Azteca, y con ellos fue con quienes inició la
nota: Francisco Borrego, director jurídico de TV Azteca, y Manuel Galicia Alcalá, asesor jurídico de la televisora
del Ajusco. Las aseveraciones de esos abogados eran previsibles. La respuesta editada de los otros tres
abogados no corresponde con el título de la nota, es decir, no se refirieron a si debe o no cumplir Canal 40 con el
laudo de la Corte Internacional de Comercio. El doctor en Derecho Raúl Carrancá, José Elías Romero Apis,
miembro de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, y el abogado Carlos Sodi fueron cuestionados sobre
si deberían o no respetarse los acuerdos firmados. La respuesta era obvia. Esto fue lo que dijo Raúl Carrancá
en aquella ocasión:
"El compromiso es absoluto y total; un contrato-convenio implica la presencia de la voluntad de las
partes conviniendo algo que tengan que acatar y el contrato se establece o se suelen establecer en la mayoría de
los casos, si son de establecerse, pues cláusulas de penalización". (En contraste, Azteca no difundió los
múltiples cuestionamientos que diversos abogados hicieron en relación con la toma de las instalaciones del Chiquihuite.)
El comunicador José Martín Sámano concluye con estas palabras:
"TV Azteca reitera su confianza en que las autoridades seguirán actuando con estricto apego a la ley."
Como se sabe, el gobierno no actuó de inmediato frente a los sucesos del 27 de diciembre sino
que, inexplicablemente, lo hizo 11 días después de la toma de las instalaciones de CNI. Por eso es inconsistente
que, el 30 de diciembre, en el noticiero de Azteca se hubiera "reiterado" la confianza en que las
autoridades "seguirán" actuando conforme a derecho. Al respecto, diversas interpretaciones de juristas, analistas
políticos y expertos en el análisis de medios dijeron que el silencio del gobierno operó en beneficio de Azteca.
En otros asuntos, para este ejercicio de valoración conviene señalar que hasta el 30 de diciembre
Azteca aludió tangencialmente a la denuncia interpuesta por CNI contra Azteca por el delito de despojo, hecha
tres días antes. Lo hizo, sin embargo, de una manera imprecisa:
"Los representantes de TV Azteca no incurrieron en ningún ilícito al apropiarse de las instalaciones de
CNI Canal 40 para emitir su señal y, al contrario, la toma fue pacífica (...) la toma de las instalaciones no
fue arbitraria y corresponderá a las autoridades definir los delitos que se cometieron."
(Como se sabe, días después la PGR solicitó siete órdenes de aprehensión contra trabajadores de Azteca
por el delito de despojo.)
La hoguera en la pantalla
Durante el 30 de diciembre y los tres días posteriores, Azteca promovió el desprestigio de quien fuera
su socio en 1998. Una nota de Edgar Galicia y Víctor Hugo Puente comienza de este modo:
"Quienes le han prestado dinero a Javier Moreno Valle saben la manera que tiene de pagar. A la hora
de cobrarle resulta que no hay dinero.
"Peor aún, enfrenta al que le tendió la mano. Moreno Valle es un hombre de deudas fuertes."
Los comunicadores detallan cifras y montos cuantiosos que, presumiblemente, debe Moreno Valle a
distintos acreedores. Se remontan a 1979, precisan malos negocios de aquel empresario en 1983 cuando quebró
una empresa suya de Servicios de Información Financiera para Ejecutivos; aluden a su paso efímero por el diario
El Financiero del que fue fundador, se refieren a otra quiebra en 1989, ésta de una Compañía Electrónica
de México y luego comentan sobre otra malograda empresa de Moreno Valle, creada en 1986 y que era
de consultoría económica; hablan de que esa empresa duró mientras las relaciones políticas de Moreno Valle
le permitieron conseguir buenos negocios con diversas empresas gubernamentales.
Enseguida, Edgar Galicia y Víctor Hugo Puente dicen:
"(Moreno Valle) apareció después con Tevescom, la historia apenas cambia, la Secretaría de
Comunicaciones le otorga una extraña concesión: la operación del servicio de teletexto para la trasmisión de datos. En
1988, la empresa de Moreno Valle utilizaba para su empresa equipo del Canal 13 pero por falta de pago
Imevisión le rescindió el contrato.
"Se fue a Televisa, pero también termina relaciones con esta empresa en 1994 a raíz de su separación
con Gina Diez Barroso Azcárraga, a quien además quedó a deber 20 millones de dólares.
"Tevescom también cerró."
La trayectoria reseñada por TV Azteca formó parte de una estrategia de desprestigio contra el
concesionario de la Televisora del Valle de México, pero se llevó a cabo con un grado de algidez tal que para algunos
entre quienes están los redactores de esta nota cabe la pregunta de por qué, si acaso por ingenuidad
bondadosa, simples negocios o expectativas de adquirir más tarde Canal 40, la televisora del Ajusco buscó una alianza
con el hombre al que ahora menosprecia.
Lejos están las palabras dichas por un funcionario de Azteca, el 29 de julio de 1998, cuando se anunció
la alianza entre esas televisoras: "En CNI han hecho un trabajo extraordinario, pero ahora con TV Azteca
como su socio, Canal 40 tiene la oportunidad de despegar", comentó Adrián Steckel, vicepresidente de Finanzas
de TV Azteca.
La "víctima" es Azteca
El 31 de diciembre, una nota leída por Samuel Prieto Rodríguez para FIA afirma que "desde hace cuatro
meses los trabajadores de Corporación de Noticias e Información (CNI) no reciben su salario" y dice también
"que muchos de ellos ya presentaron denuncias ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, sin embargo, ninguno
de ellos está en peligro de perder su empleo puesto que TV Azteca respeta y aprecia su trabajo y esfuerzo".
Por eso, alienta Prieto Rodríguez, "los 400 trabajadores de la nómina de Canal 40 podrán pasar a las de TV
Azteca, incluso el conductor Ciro Gómez Leyva, asumiendo su oficio como periodista y no como vocero del señor
Javier Moreno Valle".
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Foto: Cuartoscuro |
El 2 de enero un boletín de FIA dice que la disputa legal "no involucra en modo alguno a ninguno de
los empleados de CNI Canal 40. Nosotros, como muchos de ustedes, somos una víctima más de la larga
cadena de engaños del señor Moreno Valle". Por ello, dice el boletín difundido en algunos diarios como
inserción pagada y dado a conocer también en los noticieros de Azteca, la televisora del Ajusco "contratará a
los empleados de Canal 40 que así lo deseen, por lo que a partir de hoy y hasta el jueves 4 de enero se
recibirán solicitudes de 9 de la mañana a seis de la tarde (...) los interesados deberán acudir con su último recibo de
nómina y credencial de CNI Canal 40".
El intento de los empresarios de Azteca fue tan evidente como el uso que hicieron del noticiero para
hacer una oferta que pretendió el resquebrajamiento de la unidad de los trabajadores quienes, en efecto,
padecieron la demora en sus pagos durante varios meses pero que cuando se difundió la nota de Azteca ya habían
recibido su salario. Por cierto, cumplido el plazo para las contrataciones ofrecidas por Azteca, FIA no informó
los resultados de su convocatoria.
Por esos días, los trabajadores de CNI se organizaban para llevar a cabo una marcha rumbo a las
instalaciones del cerro del Chiquihuite donde, el 6 de enero, expresaron su rechazó a las acciones de Azteca del 27
de diciembre. TV Azteca informó de ello en no más de 15 segundos y, en cambio, Gustavo Castillo puso
el micrófono al señor Tristán Canales, vocero de TV Azteca, para que expresara a plenitud sus juicios sobre
aquella manifestación que, dijo entre otros asuntos, se llevó a cabo para presionar al gobierno.
Un día después, al micrófono de FIA, Edgar Galicia dijo que Moreno Valle "operaba una señal que no
era suya", a pesar de que ese empresario, mientras las autoridades respectivas no digan y sustenten lo
contrario, es el legítimo concesionario de la señal de la Televisora del Valle de México. Por esa razón la nota no se
sustentó en la ley, sólo comparó a Javier Moreno con otros empresarios como Gerardo de Prevoisin y Carlos Cabal
Peniche para finalizar con esta afirmación, donde el acusado de un atropello pasa a ser la víctima sin mediar
explicaciones ni contexto:
"Javier Moreno Valle, de manera unilateral y públicamente (esta vez no dijo Azteca que
"violentamente") secuestró la señal de TV Azteca del Canal 40."
Cinco días después, los noticieros de Azteca difunden la solicitud de la televisora del Ajusco ante las
autoridades para que se inicie el trámite de quiebra, cuya antesala es el concurso mercantil. En ese contexto (casi) sobra
decir que Azteca carece de facultades legales para hacer la referida petición.
¿Y TV Azteca por qué?
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Foto: Miguel A. Navarrete |
Como ya dijimos, el 30 de diciembre TV Azteca reiteró "su confianza en que las autoridades
seguirán actuando con estricto apego a la ley", aun cuando entonces y hasta el 6 de enero el gobierno no
hubiera intervenido en ese conflicto que luego consideró como un litigio entre particulares (aseveración
que, coincidentemente, siempre hicieron los abogados de Azteca).
Conflicto entre particulares. Tal vez fue ese el convencimiento que, el 6 de enero, llevó a Vicente Fox
a responder con una pregunta, "¿Y yo por qué?", cuando fue enfrentado por un reportero de Canal 40 que
le cuestionó: "¿Y la ley?". Esto sucedió durante un recorrido que el mandatario hizo en la renovada sala de
prensa de la Presidencia de la República. Fuerza Informativa no consignó la respuesta del Presidente, "¿Y yo por
qué?", y el asunto lo consideró un "incidente", para luego dar cuenta íntegra de las palabras de Fox:
Este fue el reporte que leyó Arturo Tornel frente a las cámaras de Azteca:
"En su contacto con los reporteros de la 'fuente', el mandatario se rehusó a hacer comentarios sobre
la controversia entre Televisión Azteca y Canal 40.
"Mientras el primer mandatario de México recorría la nueva sala, el subdirector de Noticias de CNI
Canal 40, Roberto López, se subió a una silla y sacó una manta que a la letra decía: '¿Y la ley? Fuera TV Azteca
de Canal 40'.
"Tras el incidente, el Presidente sólo se refirió en breves declaraciones a los retos para el año que comienza.
Como se sabe, el "¿Y yo por qué?" suscitó amplios reclamos de parte de los profesionales de la
información en otros medios, particularmente en lo que ha dado en llamarse como "foro rojo" para aludir a los
periodistas de la prensa escrita. "¿Y yo por qué?", frasearon casi todos, simple y sencillamente, dijeron, porque usted
es el Presidente de la República y debe hacer algo frente a lo que sucedió casi al terminar el año.
¿Editar para ocultar?
El 7 de enero, otro parte de FIA señala:
"La Cámara de Diputados podría citar a comparecer a los secretarios de Comunicaciones y Transportes,
Pedro Cerisola, y de Gobernación, Santiago Creel, para que informen sobre el conflicto entre CNI Canal 40 y
TV Azteca.
"Así lo dio a conocer la diputada del PRI, Lorena Beauregard, quien señaló que este miércoles se
presentará esa propuesta ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión" (...)
"En su oportunidad, la panista María Teresa Gómez Mont señaló que el Poder Judicial debe ser el
responsable de dar solución a este conflicto y tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo deben servir de 'puente'.
"Gómez Mont refirió que llegar y enajenar un bien público por parte de un particular es atentar contra
el derecho de propiedad y por ello lo sucedido es grave y peligroso."
Vayamos por partes y subrayemos puntualmente las omisiones informativas de esta nota que, de
haberse cubierto, hubieran difundido una fuerte crítica contra el gobierno y TV Azteca. Según consta en los
principales diarios y noticieros de radio y televisión, la versión completa de lo que comentó la diputada del PRI
Lorena Beauregard fue que promovería la comparecencia de los titulares de SCT y Gobernación para que
expliquen "por qué incurrieron en omisión en este caso", dijo también que la requisa era una medida que "no aplica
en este caso" y que, "en todo caso", el gobierno debería valorar "la conveniencia de retirar la concesión a
las empresas en conflicto". La violación de la ley, dijo la legisladora, "se dio por parte de Televisión Azteca al
hacer uso de la fuerza y tratar de hacerse justicia por su propia mano".
Por su parte, lo que en realidad dijo la diputada Gómez Mont a los medios y éstos lo pusieron de relieve
en sus notas, fue que "llegar y enajenar un bien por un particular es atentar (sin duda, se refería a TV Azteca)
contra el mismo derecho a la propiedad y en ese sentido es lo que hace tan grave y tan delicada esta situación".
Esos son un par de ejemplos de cómo la televisora del Ajusco editó notas para difundirlas como si
hubieran sido declaraciones hechas en favor de su causa. La falta de solvencia ética y profesional, así como el
enorme rechazo de amplios y significativos sectores de la sociedad contra la toma de las instalaciones de la
televisora, hicieron que en más de una ocasión los informativos de Azteca incurrieran en malabarismos verbales
y distorsionaran las notas, en perjuicio de la función pública a la que se debe un medio de comunicación y
al amparo o con el sustento de los intereses empresariales de Azteca.
De la "tregua" al aseguramiento
A instancias del gobierno que anunció la requisa si no había acuerdo entre las partes, el 7 de enero
el propietario de TV Azteca y el de CNI Canal 40 acordaron un plazo máximo de tres días para resolver
sus diferencias. Dos días después, el titular de la Secretaría de Gobernación informó que las partes habían
resuelto continuar sus diferencias "por la vía jurisdiccional" y que, entonces, el gobierno determinó el
aseguramiento de las instalaciones de CNI. Eso fue lo que dijo Santiago Creel, mediante una conferencia de prensa que comenzó justo al inicio del noticiero estelar de Azteca y diez minutos antes del informativo de Televisa,
que trasmite desde las 22:30 horas. (El asunto no es menor, pues el gobierno informó, sobre todo, a través de
TV Azteca.)
Javier Alatorre, el conductor del noticiero, en reiteradas ocasiones dijo frente a las cámaras que desde
siempre Azteca había sido, y seguiría siéndolo, respetuoso de la ley y que por eso, "pacíficamente", personal de
la televisora del Ajusco entregaría al gobierno las instalaciones del cerro del Chiquihuite. En esa ocasión,
Alatorre no deshizo el nudo gordiano que sugiere la disposición legal resuelta por el gobierno y su aplicación al
"presunto infractor", es decir, a TV Azteca. Más aún, la frase de que Azteca entregaría "pacíficamente" las
instalaciones remite a un desplante, pues quien respeta la ley no puede resistirse por vía de la violencia a sus determinaciones.
Junto con la trasmisión de la conferencia de prensa del gobierno, Javier Alatorre hacía esos y otros
juicios, uno entre ellos el que se refiere a las causas que, según Azteca, impidieron la negociación: "La
incapacidad de pagos de Javier Moreno Valle, así como su negativa a cumplir el contrato que firmó con TV Azteca",
además de que el concesionario de la Televisora del Valle de México "rechazó una oferta de compra de TV
Azteca". Javier Alatorre no informó cuál fue el monto que exigió Azteca a su contraparte ni cuál fue la cifra que
la televisora del Ajusco escuchó como propuesta. Esa hubiera sido la manera más precisa de informar
para proporcionar los elementos de juicio al auditorio.
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Sergio Sarmiento Foto: Jerónimo Arteaga |
Una característica de los noticieros de Azteca, destacadamente del informativo estelar, es que cuando la
nota es compleja recurre a recuadros y a explicaciones puntuales, incluso ha llegado a simplificar, para que
la información se comprenda mejor. En esta ocasión no hizo eso el noticiero, es decir, no informó
puntualmente el contenido del ordenamiento legal que invocó el gobierno para tomar la ciertamente cuestionable,
ambigua y contradictoria decisión del aseguramiento. Azteca no hizo lo que cualquier esquema periodístico
comprendería porque el oficio se encontraba atrapado en los intereses financieros de la empresa y en una pésima y
oprobiosa decisión como fue la del 27 de diciembre: ¿por qué el gobierno se refirió primero a una requisa y luego
al aseguramiento? ¿Cuándo, cómo y por qué opera, a juicio del gobierno, el artículo 104 bis de la Ley Federal
de Radio y Televisión? Menos aún, no explican ni piden explicación al gobierno sobre cuáles fueron los
motivos por los que no entregó las instalaciones al concesionario de CNI. Esa sería la mejor manera de dar cuenta
del respeto que, dice Azteca, le guarda a la ley y a las autoridades.
Días después, los noticieros de Azteca buscaron deshacer el mencionado nudo gordiano con una
interpretación que traducía la medida resuelta por el gobierno como hecha en contra del "infractor" Moreno Valle
quien, según la información de Azteca, transmite de manera ilegal desde 2000.
A la hora de la verdad, hablan los hechos
Ese nudo gordiano tiene mucho que ver con las múltiples contradicciones y desatinos del secretario
de Comunicaciones y Transportes, documentados en estas páginas. El 21 de enero Pedro Cerisola compareció
en el Senado y ahí dijo: que "a quien se le asegura el Canal 40 es a TV Azteca, para que deje de utilizar
indebidamente" la concesión. "Efectivamente", comentó el funcionario, "se da la operación de una señal por una
persona distinta al concesionario, eso configura una irregularidad y da entrada y dispara al artículo 104, que es
el aseguramiento de la señal". Finalmente, Cerisola dijo que el aseguramiento también se le notificó a
Televisora del Valle de México, precisamente como concesionario, por no prejuzgar, por no darle la razón a ninguna
de las partes".
Tan cuestionables como accidentados fueron los juicios del titular de la SCT, entre los que sobresale el
déficit de explicación sobre por qué no se restituyó la señal del concesionario que es Javier Moreno Valle. Pero el
tema que nos ocupa es el trato informativo que dio Azteca sobre el tema, por eso resaltamos que, según
Cerisola, los funcionarios de la televisora del Ajusco son "presuntos infractores" al operar una señal que no es la
suya, según lo plantea el artículo 104 bis de la Ley Federal de Radio y Televisión tan multicitado por él en
esa comparecencia. La nota de Fuerza Informativa Azteca, suscrita por Gerardo Segura, no informa sobre
esa consideración y sólo destaca que: el "aseguramiento de canal 40, apegado a derecho: PCW". Termina la
nota con estas palabras de Cerisola: "La secretaría no actúa de acuerdo a opiniones de medios de
comunicación; actúa conforme a hechos jurídicos".
En esa ocasión, como se sabe, el gobierno no pudo explicar cómo es que Azteca está en calidad de
infractor mientras que el concesionario de CNI Canal 40 no puede operar la señal a la que tiene derecho.