Carlos Gómez Valero
Manuel Gómez Morín, director general de RTC y secretario técnico de la Mesa de Diálogo para la
Reforma Integral de los Medios Electrónicos, giró la invitación habitual a los miembros de la Comisión de
Redacción, conformada para presentar una propuesta de reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión (LFRT) a partir
de los acuerdos ya alcanzados. La reunión sería el 10 de octubre, a las cinco de la tarde, en Barcelona 32,
donde se habían venido reuniendo desde aproximadamente año y medio.
El tema a discutir era concesiones y permisos, un tópico en el cual no había coincidencias de redacción
por reparos de los concesionarios y de los propios funcionarios de Gobernación y SCT.
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Bernardo Gómez
Foto: Eduardo Morales/
Cortesía de El Universal |
A la hora citada, todo estaba listo. Mesas, sonido, monitor de televisión, y la secretaria de Gómez
Morín quien, como siempre, daba seguimiento a la reunión. Y así se quedó, nadie de los invitados ocupó sus
lugares. A la misma hora, el director general de RTC, junto con Santiago Creel, Pedro Cerisola y el Presidente de
la República, aplaudían de pie a Bernardo Gómez, dirigente de la CIRT, quien anunciaba las reformas al Reglamento de la LFRT, en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio
y Televisión; y el decreto por el cual se reducen los tiempos oficiales a los que tiene derecho el Estado.
Guadalupe Cortés, Alma Rosa Alva de la Selva y Luis Arturo Bassols, representantes de las
organizaciones ciudadanas en la Comisión de Redacción, se enteraron en la mañana del jueves, mediante una nota de
El Universal, que, por un acuerdo finiquitado la madrugada de ese día, entre concesionarios y funcionarios
del Ejecutivo federal, habría cambios al reglamento y desaparecía el 12.5% de los tiempos oficiales.
Incrédulos intercambiaban información con otros representantes en la mesa, pero ninguno de ellos
sabía algo; decidieron entonces darle un voto de confianza a los funcionarios de Gobernación, ya habría tiempo
de aclarar la información en la reunión a la que habían sido citados.
En punto de las cinco llegaron a Barcelona 32, encontraron el salón listo, a la secretaria de Gómez Morín
y la TV encendida donde se difundía la reunión de los concesionarios. En ese momento el salón en pleno
festejaba el anuncio de Gómez de que el 12.5% llegaba a su fin.
Nadie más había en el salón, Guadalupe, Alma Rosa y Luis Arturo pidieron una explicación a la
secretaria quien sólo alcanzó a decir que al igual que ellos, se enteraba en ese momento del asunto por la televisión.
Ya no había duda, la versión de que el acuerdo se negoció esa madrugada se confirmaba además porque
también en ese momento unos seis ejemplares impresos de la edición del
Diario Oficial de la Federación, que
contenía los cambios al reglamento y el decreto firmado por el Presidente, circulaban en la asamblea.
Ufano, Bernardo Gómez levantaba el brazo festejando el triunfo y la desaparición del 12.5%, al que
los concesionarios criticaban como un impuesto ilegal, aplicado por Díaz Ordaz en un intento de coartar la
libertad de expresión a raíz de la represión del 68.
El empeño de Bernardo Gómez
Al asumir la presidencia de la CIRT, la tarea de Bernardo Gómez era convencer al gobierno de Vicente
Fox de esta versión y desaparecer los tiempos oficiales. Ese había sido el objetivo de su antecesor, Joaquín
Vargas, pero el gobierno de Zedillo no cedió a las presiones, como no lo habían hecho los anteriores gobiernos priistas.
A ello se abocó con empeño Bernardo Gómez. Los asesores de la CIRT trabajaron a marchas forzadas
sobre una propuesta para cambiar el reglamento y sobre el contenido de un anteproyecto de decreto para
reducir el 12.5%.
Pero querían más, proponían limitar al mínimo las estaciones permisionadas de radio y televisión en
materia de ingreso publicitario, reiterando su argumento que representan una competencia desleal para
las concesionarias. Planteaban que sí se les permitiera la publicidad, pero que los anunciantes sólo
especificaran la razón social de quien pagaba, mas no el nombre de la empresa. Eso significaba una obvia limitación,
ninguna empresa cuyo nombre no apareciera, en virtud de que en la mayoría éste no coincide con su razón social,
se arriesgaría a apoyar a las estaciones permisionadas.
Las propuestas se hicieron llegar al secretario de Gobernación hace aproximadamente mes y medio.
La redacción contenía muchas inconsistencias jurídicas y significaba, además, reventar las negociaciones que
se llevaban a cabo en la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de los Medios Electrónicos, a la que
convocó Santiago Creel el 5 de marzo de 2001.
La Mesa ya tenía conclusiones sobre los cambios que proponía Bernardo Gómez. Ya había
conclusiones acerca de los tiempos de Estado y los oficiales, sobre un órgano plural que sustituyera al actual Consejo
Nacional de Radio y Televisión, integrado por 13 miembros, entre ellos cinco representantes ciudadanos; había
propuestas acerca de la transparencia en el otorgamiento de concesiones, permisos, refrendos y sobre la vigencia de
éstos; el derecho de réplica se incluyó como una garantía básica de los ciudadanos.
Estas conclusiones habían sido firmadas y avaladas por los representantes del Poder Ejecutivo y del
Legislativo, del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, de las organizaciones ciudadanas, de los partidos políticos, de la Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y
Culturales y, algunas de ellas, por integrantes de la CIRT.
La pretensión de la CIRT de cambiar el reglamento y de reducir los tiempos oficiales era una bomba
política, iba contra estos acuerdos, pues muchas consideraciones allí consensadas no se tomaban en cuenta.
Las propuestas de la CIRT se detuvieron, en tanto los asesores del Ejecutivo las analizaban. El cabildeo
de la CIRT se intensificó. Gobernación llamó a consulta a los funcionarios involucrados en esa materia. Hubo
varias impugnaciones, desde el contenido hasta las inconsistencias jurídicas. Una de las propuestas que causó
mayor indignación fue el asunto de la publicidad de las permisionarias. Si pasa, advirtió una voz, significaría
la desaparición de los medios gubernamentales, como el Imer.
En tanto, las estaciones de radio y televisión saturaban la programación con la difusión de los
preparativos de la XLIV Semana Nacional de Radio y Televisión, que se llevaría a cabo del 9 al 11 de octubre, en la cual
el punto principal de la agenda era la elección de un nuevo presidente de la CIRT, pues Bernardo Gómez se
decía convencido de haber alcanzado sus objetivos y rechazó la reelección para dedicarse de tiempo completo a
la vicepresidencia de Televisa, donde funge como brazo derecho de Azcárraga Jean.
Gómez no se quería ir sin cumplir el objetivo de desaparecer el 12.5%, la vieja demanda de los magnates de los medios electrónicos. Intensificó las presiones. Quería hacer el anuncio el mismo día que dejara el
cargo, era su regalo de despedida a los empresarios del ramo, pero sobre todo a su jefe, Azcárraga Jean, por
quien llegó a la presidencia de la CIRT, a pesar de no ser concesionario.
Un día antes de la inauguración de la Semana Nacional de la Radio y la Televisión, Bernardo Gómez
deslizó públicamente lo que se venía: "La actualización a la Ley Federal de Radio y TV ya no es tan necesaria,
porque se han eliminado por completo los trámites burocráticos y las condiciones políticas y de censura a cambio
de la entrega o refrendo de concesiones"
(Reforma, 9 de octubre). Nadie acusó el golpe, pero ya todo
estaba armado. Gobernación resintió y cedió, la instrucción era precisa, los cambios al reglamento saldrían y el
decreto también.
A las 17:53 horas del 9 de octubre, Carlos Arce Macías, titular de la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria recibió el oficio OM/455/02, firmado por Francisco Suárez Warden, oficial mayor de la Secretaría de
Gobernación, donde ponía a su consideración el anteproyecto de "Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión,
en materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión".
De igual forma, dice el texto, y con fundamento en el artículo 69-H de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo (LFPA), "le solicito que el instrumento jurídico en comento se considere como un
anteproyecto que no implica costos de cumplimiento para los particulares, por lo que no requeriría la elaboración de
una manifestación de impacto regulatorio".
El artículo 69-H, al que hace alusión Suárez Warden, establece lo siguiente: "Cuando las dependencias y
los organismos descentralizados de la administración pública federal, elaboren anteproyectos de leyes,
decretos legislativos y actos a que se refiere el artículo 4, los presentarán a la Comisión, junto con una
manifestación de impacto regulatorio que contenga los aspectos que dicha Comisión determine, cuando menos
treinta días hábiles antes de la fecha en que se pretenda emitir el acto o someterlo a la consideración del titular de
Ejecutivo federal.
"Se podrá autorizar que la manifestación se presente hasta en la misma fecha en que se someta el
anteproyecto al Ejecutivo federal o se expida la disposición, según corresponda,
cuando el anteproyecto pretenda modificar disposiciones que por su naturaleza deban actualizarse periódicamente, y hasta veinte días hábiles
después, cuando el anteproyecto pretenda resolver o prevenir una situación de
emergencia. Se podrá eximir la
obligación de elaborar la manifestación cuando el anteproyecto no implique costos de cumplimiento para los
particulares. Cuando una dependencia u organismo descentralizado estime que el anteproyecto pudiera estar en uno de
los supuestos previstos en este párrafo, lo consultará con la Comisión, acompañando copia del anteproyecto,
la cual resolverá en definitiva sobre el particular, salvo que se trate de anteproyecto que se pretenda someter
a la consideración del titular del Ejecutivo federal, en cuyo caso la Consejería Jurídica decidirá en definitiva,
previa opinión de la Comisión.
"No se requerirá elaborar manifestación en el caso de tratados, si bien, previamente a su suscripción,
se solicitará y tomará en cuenta la opinión de la Comisión" (Ley Federal de Procedimiento Administrativo).
La respuesta de la Comisión de Mejora Regulatoria fue inmediata. El mismo 9 de octubre, Carlos Arce
le remitió un oficio a Suárez Warden, donde dice que en opinión de la Comisión de Mejora Regulatoria,
el anteproyecto de Reglamento podría quedar exento de una manifestación de impacto regulatorio (que
implicaría haberlo presentado 60 días antes). Pero le señala que la opinión de la Comisión se emite de acuerdo con
el segundo párrafo del artículo de la LFPA y que sería la Consejería Jurídica la que decidirá en definitiva.
Sin embargo, al menos que las reformas al reglamento pretendan cambiarse pronto o que se haya
considerado atendían una emergencia de los concesionarios, la publicación del reglamento en el
Diario Oficial, no cumplió con los tiempos establecidos en la LFPA, aunque falta precisar qué dijo la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal al respecto y para ello es que, con fundamento en el artículo sexto constitucional y la Ley Federal de Acceso
a la Información Pública Gubernamental, le hicimos llegar a esta instancia un oficio donde le pedimos
nos informe si recibió una solicitud por parte del oficial mayor de la Secretaría de Gobernación solicitando
su opinión del anteproyecto de reglamento y si así fue, que nos indique cuál fue el sentido de su respuesta.
Aún no recibimos respuesta.
Al día siguiente, el presidente Vicente Fox, Santiago Creel, Pedro Cerisola y Reyes Tamez firmaron el
nuevo reglamento; y los dos primeros y José Francisco Gil Díaz firmaron el "Decreto por el que se autoriza a
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones de radio y televisión
el pago de impuestos que se indica", con el que derogaron el decreto que emitió Gustavo Díaz Ordaz y
redujeron en 90% los tiempos oficiales.
¿Y la mesa?
Cuando Bernardo Gómez anunció el acuerdo y festejó su victoria, ya tenía en sus manos la impresión de
la edición vespertina del Diario
Oficial. La reacción de quienes integraban la Mesa de Diálogo, y que se
quedaron al margen de la negociación entre concesionarios y el gobierno, fue inmediata. El senador panista Javier
Corral Jurado, quien acudía a la Mesa en su calidad de presidente de la Comisión de Comunicaciones y
Transportes, le dio el 11 de octubre, durante el acto de entrega en la Cámara alta de la Medalla Belisario Domínguez,
una carta al presidente Fox donde le manifestó su desacuerdo y le dijo que los cambios al reglamento y el
decreto se hicieron a espaldas de los sectores que se habían involucrado en la reforma integral de la legislación
en medios.
"Será legal, pero no es legítimo el acuerdo que cambia las reglas de la relación de concesionarios de
radio y televisión y el gobierno", ha reiterado Corral.
También fue tajante la diputada panista María Teresa Gómez Mont: "Vicente Fox se dejó intimidar por
los concesionarios de radio y televisión y les dio todo a cambio de nada. Esto, significa un revés para
Acción Nacional" (El Universal, 11 de octubre).
Por su parte, el 12 de octubre, Hugo Almada, de Alianza Cívica; Alma Rosa Alva de la Selva,
Guadalupe Cortés, Aleyda Calleja, de la Asociación Mundial de Radio Comunitarias, se presentaron en Los Pinos
para entregar una carta al presidente Vicente Fox, donde, entre otros puntos, manifestaron:
1. "Consideramos que la promulgación del Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en
materia de Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones de Radio y Televisión, realizada a espaldas de
la Mesa de Diálogo (...) resulta por completo contraria a los acuerdos tomados en la propia mesa, entre los
cuales se encuentra el compromiso del Ejecutivo de discutir a profundidad, y con presencia de representantes de
todos los sectores, los aspectos fundamentales de la ley.
2. Esta traición a su propia convocatoria y al esfuerzo de abrir a la sociedad la relación entre el Estado y
los medios, es un retroceso histórico y pone en entredicho la credibilidad del gobierno que usted encabeza.
3. En su discurso frente a los concesionarios de la radio y la televisión, el día 10 de octubre, usted
afirmó que ahora se cuenta con seguridad jurídica en el régimen de concesiones, ciudadanización del
Consejo Nacional de Radio y Televisión, inscripción del derecho de réplica y además, que este reglamento, publicado
por el Diario Oficial, está basado en las conclusiones de la mencionada Mesa de Diálogo. Esto no es cierto.
4. Es por ello que los Grupos de Participación Ciudadana nos dirigimos a usted para demandarle
una explicación al respecto, así como para hacer de su conocimiento que no renunciaremos a un auténtico
cambio en la materia, que continuaremos impulsando los acuerdos de la Mesa de Diálogo y que, como
ciudadanos, exigiremos al Poder Legislativo que atraiga y resuelva este proceso, con el que el Ejecutivo no supo cumplir."
En efecto, el 17 de octubre, estas organizaciones se mudaron de la sede de las negociaciones (la
Secretaría de Gobernación), al Congreso de la Unión para entregarle al Poder Legislativo los acuerdos y exigirle
que asumiera la responsabilidad de sacar adelante la reforma ante la pérdida de confianza al Poder Ejecutivo.
Los representantes de dichas organizaciones fueron recibidos por María Teresa Gómez Mont, presidenta
en turno de la Comisión Especial para la Reforma del Estado; Lorena Beauregard, miembro de la Comisión
de Radio, Televisión y Cinematografía, y el presidente de esta comisión, Lionel Funes Díaz, quienes dijeron
continuarían los trabajos de la mesa.
El mismo día, los representantes de las organizaciones tuvieron una reunión con la directiva de la
Comisión de RTC, de la cual emanaron las siguientes acciones inmediatas:
1. Se hará un llamado al secretario de Gobernación para que entregue todo el seguimiento de los
trabajos que se efectuaron en la Mesa de Diálogo, desde la lista de asistencia, hasta los acuerdos firmados por
los representantes de los sectores.
2. Se sostendrán reuniones con las organizaciones ciudadanas y con otros sectores para escucharlos y recibir sus propuestas.
3. Se elaborará una ruta crítica para definir la estrategia de los trabajos legislativos rumbo a la reforma
de medios.
4. Se coordinarán esfuerzos con la Comisión Especial para la Reforma del Estado.
Esto último, en virtud de que el día anterior la Comisión Especial para la Reforma del Estado había
anunciado la instalación de una mesa para revisar la legislación de los medios, que incluye una nueva LFRT que tomará
en cuenta, entre otras propuestas, los acuerdos que se alcanzaron en la Mesa de Diálogo. Entre otros temas,
se discutirán la transparencia en el otorgamiento de las concesiones y permisos, la competencia y la
democratización de los tiempos oficiales.
Finalmente, a pesar del dicho de Fox, de que "lo hecho, hecho está" y de la sentencia de Creel de que
"no hay retroceso en el decreto para la radio y televisión", la mala operación del acuerdo y su contenido
disparó una reacción unánime en su contra y quienes antes tenían opiniones distintas y no encontraban los
mecanismos políticos y legislativos para alcanzar acuerdos en esta materia algunos legisladores del PRI, PAN,
PRD, principalmente ahora se dicen dispuestos a impulsar una iniciativa de reforma de medios que, si desean
que fructifique, tendrá que ser presentada en el transcurso de este periodo ordinario, ya que es el penúltimo
que le queda a esta legislatura de la Cámara de Diputados.
El 18 de octubre, diputados del PRI, PAN, PRD y PT presentaron sendos puntos de acuerdo, en los
que coinciden, con matices, en que el proceso que culminó el acuerdo fue desaseado, piden a la Cámara
de Diputados asuma la reforma de los medios electrónicos, exigen a Gobernación informe cómo se
distribuyen los tiempos oficiales y uno de ellos, el diputado Víctor Antonio García Dávila, del PT, solicitó que la Cámara
de Diputados se pronuncie en favor de interponer una controversia constitucional para que el pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación determine si el presidente Fox invadió o no facultades del Legislativo, al
reducir con el decreto los tiempos fiscales considerados como impuesto especial.
La contundente reacción del Poder Legislativo pone en jaque los cambios al reglamento y el decreto
emitido por el Ejecutivo federal.
Si las protestas, las propuestas y el compromiso de varios legisladores de impulsar una amplia reforma
de medios electrónicos avanza, el Legislativo enmendaría lo hecho por el Ejecutivo y demostraría que,
efectivamente, está dispuesto a hacer cumplir el equilibrio entre poderes que marca la Constitución. Sin embargo, existe
el riesgo de que los concesionarios y los partidos políticos prioricen intereses ante la inminencia de las
elecciones federales del próximo año y estos últimos decidan no confrontarse con los empresarios de la radio y la
televisión. Así fue en el 98, en la vísperas de la sucesión presidencial de 2000, cuando las dirigencias de los partidos
dejaron solos a algunos de sus legisladores que pretendían impulsar la reforma de medios.
Por lo pronto, en 2002, en el marco de este debate y a unos meses de las elecciones federales del próximo año, Roberto Madrazo considera que Vicente Fox no cuenta con las atribuciones legales para anular impuestos, como lo hizo con el decreto, pero, dijo Madrazo, hay voces en el PRI que han argumentando que no es conveniente entrar en una confrontación con las televisoras (El Universal, 18 de octubre).
Auténtica sorpresa
