Critica la Ley de Acceso a la
Información Pública de Sinaloa
Marco Levario Turcott
Director de etcétera
El 27 de abril entró en operaciones la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública, sobre la que el gobierno
del estado (Sinaloa) ha armado un gran montaje publicitario, burlando la buena voluntad de académicos y
periodistas que se han creído su rollo de la transparencia. Con la complicidad de la mayor parte de medios de difusión
locales, sobre los cuales hay "amarres" y jugosos convenios de publicidad, aunado a que una buena parte sobrevive
del presupuesto oficial, se ha permitido que la faramalla crezca.
Periodistas y académicos hacen su valoración basados en un texto que en teoría sí es de "avanzada" y uno de
los mejores del mundo, pero que en la práctica ya estamos "sufriendo" algunos periodistas que hemos mantenido
una actitud de reserva y suspicacia respecto a dicha ley.
Del 15 al 17 de octubre de 2002, el periódico
Noroeste publicó una serie de reportajes titulados "Apertura
de oropel", en el que se desnuda la escasa voluntad política del gobierno de Sinaloa por informar. Se realizó un
ejercicio en el que se pedían nóminas, licitaciones, destinatarios de recursos, sobre los que se tenían antecedentes
de corrupción, tráfico de influencias, irregularidades. Ninguna de esta información fue entregada. El argumento:
que la ley aún no entraba en vigor.
El gran fiasco nos lo llevamos el mismo 27 de abril. Como "información mínima de oficio", a la cual
están obligados por ley a difundir, las dependencias subieron información escueta, genérica, bastante
incompleta, información que ya se conocía, quedando muy por debajo las expectativas creadas de la tan cacareada
transparencia gubernamental. Una de las más grandes vaciladas es que todo el aparato gubernamental está escudándose en
la "protección de datos personales", para no precisar a detalle lo que gana cada funcionario de la
administración, incluso el Legislativo, sobre el cual en Sinaloa aún existe gran control por parte del gobernador Juan
Millán. Solamente nos darán "tabuladores" escuetos, lo que impedirá conocer a detalle a quién se le está pagando
con nuestros recursos públicos.
En los parcos informes de "auditorías", de una sola hoja, subidos a Internet, todo es un paraíso. Todo está
bien, todos han cumplido "satisfactoriamente" con las reglas y procedimientos.
Los "destinatarios de recursos" no son más que un avance en el ejercicio de partidas presupuestales, de
rubros genéricos, que ya estaban contenidas en la ley presupuestal. Y así por el estilo. Todo ello puede corroborarlo en
el sitio de Internet: www.sinaloa.gob.mx, donde encontrará las vaciladas que le menciono.
Señor director: los reporteros que hemos asumido una posición crítica sobre el quehacer de las
autoridades estatales, sabemos lo que viene. Hay un gran riesgo en puerta: si antes se batallaba para que nos "filtraran"
una nómina o un documento sobre irregularidades, ahora resulta que habrá hasta cárcel o sanciones a aquellos
funcionarios honestos que se atrevan a hacerlo, desde la administración estatal.
Otro dato. A diferencia de muchas páginas oficiales que ya cuentan con la información a detalle y no
hay necesidad de hacer las solicitudes formales, en Sinaloa uno queda automáticamente "fichado", porque nos
exigen una credencial para votar. Con ello se alerta a funcionarios de quién está realizando x o y trabajo. El aparato,
además, tiene hasta 20 días para "maniobrar". El Ejecutivo, astuto, montó una coordinación general, que ha girado
instrucciones para que toda solicitud le sea inmediatamente reportada. Además homogeneizó los criterios, más que para
cumplir satisfactoriamente las solicitudes, para que nadie se salga del redil.
Ojalá que
etcétera ponga los ojos sobre Sinaloa, que mucha falta nos hace.
José Alfredo Beltrán, reportero
jabe07@hotmail.com, abeltran07@yahoo.com
(N. de la R.: carta resumida)
