Lidia Camacho
La historia de la radio y la televisión educativas y culturales ha estado llena de vicisitudes, de
tropiezos, de obstáculos, de caídas. Es verdad: también se han registrado éxitos y singulares propuestas que
han marcado en más de una ocasión el rumbo de la cultura audiovisual de nuestro país; pero esos éxitos se
han dado la mayor parte de las veces a despecho de una casi inexistente política de Estado en materia
de medios electrónicos, a una histórica falta de interés de los gobiernos por consolidar un modelo de
medios públicos y también a una deficiente legislación en ese ámbito.
Es precisamente por este último factor que la Red
Nacional de Radiodifusoras y Televisoras
Educativas y Culturales, institución que me honro en presidir
desde noviembre, considera indispensable la
elaboración de un marco legal que dé certeza
jurídica y financiera a los medios de Estado, no sólo como un
complemento a los medios privados, sino como una estrategia de inversión social y educativa.
El dictamen de la nueva Ley Federal de Radio y
Televisión que se impulsa en el Senado de la
República responde al anhelo que durante muchos años hemos expresado por tener un modelo de medios
electrónicos de radio y televisión más justo y equitativo. Consideramos que la propuesta incluye
beneficios innegables para el desarrollo del sector; por ejemplo, la posibilidad de obtener ingresos adicionales
para mejorar la calidad de las producciones.
En este documento se han incluido las observaciones y propuestas que los miembros de la red
hemos enviado al Senado. Una de las más importantes es que, cada dos años, se destine una partida
adicional de 10% del presupuesto asignado a las radios y televisoras de Estado, para su renovación tecnológica
y de infraestructura. Esa partida estará prevista de manera expresa en el Presupuesto de Egresos de
la Federación y, en su caso, en el de los estados y municipios. Con ello se dotaría a las emisoras de
equipos de tecnología más avanzada, lo que prepararía mejor la transición analógica-digital, una vez definido
el estándar tecnológico de televisión (ATSC) que se desarrollará en México y el que próximamente se
elija para la radio.
Otra observación de singular relevancia que atendieron los legisladores fue el cambio del
término "medios de explotación directa", con el que se pretendía bautizarnos, por el de "medios de
serviciopúblico" o "medios de Estado". No se me escapa que el término "medios de explotación directa" es
correcto jurídicamente, sin embargo, no
corresponde semánticamente ni a lo que los medios de Estado
han tenido desde siempre como tarea primordial ni a lo que por lo general se entiende por explotación. En cuanto
al concepto de servicio público debe aclararse que al calificar a un medio como de servicio público
se manifiesta su vocación, su índole y sus objetivos, así como sus líneas de acción. Ciertamente, todas
las emisoras son de servicio público, pero al precisar ese término debe subrayarse que, en el caso de
las radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, nuestro objetivo primordial (no accesorio, no
general) es servir a la sociedad. Es por ello que, para total claridad, recomendamos a los legisladores la
sustitución, en la propuesta de ley, del término
explotación directa, que nos es completamente ajeno, por el de
medios de Estado o de servicio público. Este será un paso definitivo para tener, por fin, el "acta de
nacimiento" de cada una de nuestras emisoras y dejar de ser los "hijos naturales" de la radiodifusión.
Celebramos que el Senado haya tomado en cuenta nuestras observaciones en cuestiones de terminología y en lo relativo a los ingresos adicionales para los medios de Estado y la preservación
del patrimonio audiovisual, entre otras recomendaciones, en la redacción final de este documento
histórico, pues provienen de los cotidianos hacedores de la radio y de la televisión educativas y culturales.
Estamos seguros de que acciones como ésta contribuirán a sentar las bases para un mejor futuro de los medios
de Estado.
Diciembre 2008
