Aquellos medios se siguen enfrentando
Julio Chávez Sánchez
Cualquier medio de comunicación tiene una línea editorial que lo sustenta. Es común que un medio, en este caso
la prensa escrita, exponga sus filias o sus fobias en la información que proporciona. Un ejemplo reciente es la
amplia cobertura que desde el 19 de junio le ha dado
La Jornada a la expropiación de unos terrenos en el cerro del
Chiquihuite en favor de TV Azteca.
Este "reportaje" aborda un proceso expropiatorio que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación hace
casi cuatro meses, el 7 de marzo de 2001.
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Foto: Fernando
Santos Rosas |
El martes 19 de junio
La Jornada
lo coloca como titular principal:
Expropia Fox zona ejidal para Televisión
Azteca. La nota, firmada por la "redacción de Capital", señala que "el gobierno de Vicente Fox expropió a favor de TV
Azteca un predio de cerca de dos mil metros cuadrados, por considerarlo de utilidad pública". Luego reseña lo que
aquella edición del
Diario Oficial consignó: "Esta expropiación que comprende la superficie de 0-18-62 Ha. (mil 800
hectáreas) de agostadero de uso común, de terrenos del ejido 'Cuautepec', delegación Gustavo A. Madero, Distrito Federal,
será a favor de la empresa TV Azteca, SA de CV, para destinarlos a una estación repetidora de las redes nacionales 7 y
13. Debiéndose cubrir por la citada empresa la totalidad de 260 mil 680 pesos por concepto de indemnización a favor
del ejido de referencia o de las personas que acrediten tener derecho a ésta".
Se informa también que el 7 de junio de 2000, la empresa de Salinas Pliego solicitó a la Secretaría de la Reforma
Agraria la expropiación del mencionado terreno y el compromiso que asumió de pagar las correspondientes
indemnizaciones. Finalmente, la nota presenta una breve historia de ese ejido desde su constitución en 1917.
Antecedentes
Cuál es la razón por la queel diario dirigido por Carmen Lira publicó casi cuatro meses después lo que registró el
Diario Oficial. Si bien el encono entre La
Jornada y TV Azteca se agudizó con el tratamiento que la televisora dio al
asesinato del conductor Francisco Stanley en julio de 1997, la causa de fondo parece ser las demandas que ha interpuesto
el presidente de la televisora Ricardo Salinas Pliego en contra de reporteros del diario por difamación.
Por ejemplo, el 27 de enero de 1997,
La Jornada publicó en su primera plana "Acusan a Salinas Pliego de
contratar el asesinato de Rocha"; la querella se resolvió en favor del demandante. Ahora, justo un día antes de que el
rotativo presentara el tema de la expropiación, Miguel Badillo informó en
El Universal que luego de cinco años los reporteros
de La Jornada: Juan Manuel Venegas, Ciro Pérez Silva y Carlos Fernández-Vega ganaron la sentencia definitiva de la demanda civil que promovió en su contra Ricardo Salinas. La demanda exigía un pago por "daño moral" que,
dice, le habían causado los reporteros de
La Jornada, quienes en publicaciones del 25 y 26 de septiembre de 1996, según
se establece en la sentencia, informaron que ese empresario había transferido 191 millones de dólares a la oficina
matriz del Citibank en Nueva York entre el 1 de febrero y el 21 de abril de 1993.
En este contexto se pone de relieve la difusión que le otorga al tema
La Jornada, como en el caso de la columna
"Ciudad perdida", cuyo titular es Miguel Angel Velázquez. Este hace una reseña de las hipótesis por las cuales la Ley de
Expropiación determina las causas de utilidad pública (a la que hace referencia el decreto expropiatorio del 7 de marzo),
entre las que se menciona el establecimiento, explotación o conservación de un servicio público; la apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano
(...) construcción de oficinas para el gobierno federal y cualquier otra obra destinada a prestar servicios de
beneficio colectivo, la conservación de lugares de belleza panorámica, de las antigüedades y objetos de arte y de las cosas que
se consideran como características notables de nuestra cultura nacional. El autor remata su nota con esta
afirmación: "Como salta a la vista, en ninguno de esos supuestos encaja el que el gobierno hubiera expropiado por causa de
utilidad pública los terrenos, a menos que, claro, a TV Azteca se le considerde en la Presidencia de la República 'una
empresa para el beneficio de la colectividad' o una cosa que se considera como 'característica notable de nuestra cultura
nacional'".
Segundo round
En su sección "capital" del 20 de
junio, La Jornada notifica que los supuestos propietarios del ejido
Cuautepec interpusieron un amparo ante el juez quinto de Distrito en Materia Administrativa "contra actos del Presidente de
la República"; los ejidatarios reclamaron que se haya realizado ese decreto expropiatorio sin que se hubieran cumplido
los procedimientos señalados en la Ley Agraria. Nuevamente la información de
La Jornada se publica con varios meses de retraso, pues como señala la nota sólo pasaron unos días después de publicado el decreto cuando los
ejidatarios solicitaron el amparo.
En la misma página, La
Jornada reproduce la carta enviada por Oscar M. Argüelles Dorantes, director de
Comunicación Corporativa de Televisión Azteca, donde trata de aclarar:
"La expropiación de un terreno irregular de 69 metros por 33 metros se publicó el 7 de marzo de 2001 en el
Diario Oficial de la Federación después de un largo proceso de regularización.
"El gobierno federal construyó en ese terreno, hace aproximadamente 25 años, una caseta y una torre de
transmisión para el canal 13 de televisión, posteriormente operado por la empresa estatal Imevisión. Cuando se privatizó la
empresa, el gobierno no llevó a cabo la necesaria regularización del terreno, la cual se concretó finalmente este año.
"TV Azteca no tiene una situación de excepción. En el cerro del Chiquihuite tienen sus antenas transmisoras el
canal 11, el canal 40, el canal 22, el canal 28, MVS Multivisión y Telmex, entre otras empresas e instituciones."
En esa misma edición, el periódico dirigido por Carmen Lira entrevista a funcionarios del gobierno capitalino
para conocer su opinión sobre la expropiación en favor de Azteca, entre ellos a Carlota Botey, titular de la Dirección
General de Regularización Territorial, quien afirmó que el decreto presidencial "'está demasiado viciado', ya que al
entregarse el terreno a una empresa privada no se justifica la 'causa de utilidad pública', por el monto de indemnización que
debe pagar la televisora del Ajusco a los ejidatarios, 'prácticamente es un regalo'". Más contundente fue la declaración
que dio la víspera el líder del PRD en el DF, Carlos Imaz, y que reprodujo ese periódico: "Esperemos que no sea un pago
a los amigos de Fox, porque lo cierto es que no se trató de una expropiación en sentido estricto, ya que el gobierno
está desempeñando un papel de vendedor y mediador, pues no ha pagado la indemnización a los ejidatarios con
recursos públicos sino de la televisora".
Armando Quintero, líder de la fracción parlamentaria del PRD en la ALDF señaló que "se trata del pago por
una conducta informativa favorable, porque no se planteó para todas las empresas de televisión sino sólo y
exclusivamente a quienes se encargan de manera diaria y cotidiana a tener notas informativas zalameras y empalagosas hacia los
que hace y dice la Presidencia de la República".
En el mismo tenor de Quintero, Miguel Angel Velázquez sostiene la especie en su columna, aunque cabe destacar
que evade la responsabilidad de la afirmación:
"Algunos políticos, al enterarse de la noticia, encuentran la explicación en un 'pago de facturas', es decir, en una
deuda de Fox para con los dueños de la televisora que en algún momento, y de alguna forma, tenía que ser saldada.
"Estos mismos señores del café mañanero advierten, durante una conversación, cómo las campañas enderezadas
por la televisora en contra de los enemigos de Fox fueron parte de ese trato no escrito en donde se crean compromisos.
"Fox, dicen sin temor a equivocarse, sabía que, por ejemplo, tantas y tantas horas diarias de transmisión en contra
de Cuauhtémoc Cárdenas no serían nada más el reflejo de la vocación solidaria de los que piensan de la misma forma,
sino una transacción, una negociación."
Responde Presidencia
Un día después, La Jornada publica íntegra la carta de Juan de Dios Castro Lozano, quien es consejero jurídico
del Ejecutivo federal. En ésta, el representante de la Presidencia argumenta por qué el decreto se encuentra apegado a
la ley: "De conformidad con la Ley Federal de Radio y Televisión, la industria de la radio y la televisión constituyen una actividad de interés público. (...) El artículo 93, fracciones I y VII de la Ley Agraria que sirvieron de fundamento al
decreto señala como causas de utilidad pública para poder expropiar bienes ejidales y comunales: a) el establecimiento,
explotación o conservación de un servicio o función públicos, y b) la construcción de obras sujetas a la Ley de Vías
Generales de Comunicaciones".
El viernes 22, el tema vuelve a ocupar el titular principal de
La Jornada: Frenan el decreto que expropia en
favor de TV Azteca. Sin embargo, en la nota de interiores se afirma que sería hasta el 29 de junio cuando el juzgado quinto resuelva en definitiva esta controversia. Por lo menos hasta el lunes 25 de junio ese periódico continuó abordando
este tema.
El proceso por el cual se expropió el tan mencionado terreno en el cerro del Chiquihuite sin duda debe quedar
claro, y son las instancias judiciales las que determinarán su propiedad. Lo que aquí queremos insistir es que ningún medio,
bajo ninguna simpatía o antipatía, puede erigirse en representante de la justicia.
Los terrenos de Azteca y La Jornada
