etcétera

El gobierno establece su política de comunicación social

Marco Levario Turcott

Los medios no le dieron el relieve que merece, pero la propuesta de comunicación social presentada por el gobierno el 5 de diciembre pasado tiene tal trascendencia que no debiera caer en el vacío porque, aunque con trazos muy generales, el documento puede ayudar a establecer compromisos mutuos entre el gobierno y los medios.

Etica y legalidad

Sin duda, una de las definiciones centrales que hace el gobierno se refiere a la dicotomía ética/legalidad: "En ningún país, la ética sustituye a las leyes, sino que es complementaria", dice el documento.

Varias empresas informativas ya se rigen con un código ético donde establecen la responsabilidad que tienen frente al público y, por ello, también le ofrecen un referente para que éste valore la oferta que recibe. Es deseable, entonces, que se incorporen otros medios en la ruta donde ya se encuentran diarios como El Universal, El Economista y Crónica, por citar algunos casos. Incluso el gobierno sugiere varios elementos para ser incluidos en los códigos de ética, entre otros, "el derecho de la gente a recibir información veraz"; "la responsabilidad social del periodista, sobre todo cuando la información se considera como un bien social y no como una simple mercancía" y "el respeto a la vida privada y a la dignidad del ser humano".

Sin embargo, precisamente en esos aspectos llega a suceder que el trato informativo contraviene con los planteamientos éticos comprometidos. Y por ello son insuficientes las declaraciones de principios; hace falta una estructura legal que los garantice. Pero el gobierno ya no hace mayores precisiones, por ejemplo, respecto de cómo garantizar la no invasión de la vida privada o la réplica a la cual debiera tener derecho una persona involucrada erróneamente en algún medio de comunicación.

Y es que ese derecho, el de réplica, sólo rige para la prensa aunque no siempre es observado, además de que no hay señalamientos que obliguen a los medios electrónicos a garantizar ese derecho. En cambio, lo sugiere sólo como posible incorporación de los medios en su código de ética, es el punto 3: "El acceso y participación del público, lo que incluye la obligación de corrección, la rectificación y el derecho de réplica (con la responsabilidad de corregir los errores en el mismo espacio donde fueron cometidos)".

A pesar de ello, ya es un avance que el gobierno reconozca que las leyes y la ética son complementarias. Más aún si tenemos presente la postura de rechazo a la norma en el trabajo periodístico, que al respecto tuvo el gobierno anterior y la contrastamos con el compromiso explícito del nuevo gobierno: "Para hacer plenamente efectivo el derecho a la información y la libertad de prensa, se llevará a cabo una minuciosa revisión del marco legal vigente y se harán todas las consultas que sean necesarias para modernizarlo".

Faltan precisiones

Y si una legislación al respecto de los medios de comunicación hace falta, lo muestra también el asunto del derecho a la información, uno de los tres principios fundamentales que, dice el documento, animan al presidente Fox. El gobierno se compromete a "abrir todos los canales y medios que el Estado tenga disponibles para hacer que el ciudadano tenga acceso a la información gubernamental". Eso, empero, no debiera estar sujeto a la mística o la buena disposición del mandatario en turno, sino señalarse en la ley para que esto sea norma. Más aún cuando, enseguida en el documento se dice: "Debe quedar claro que el ciudadano y los medios no tienen el derecho de acceder a toda la información que está en manos del gobierno". ¿Quién define los criterios? ¿Cuáles son los parámetros para considerar que algo es secreto de Estado? Otra vez, faltan precisiones.

¿Refrescante nueva actitud?

La buena disposición de un mandatario y la ausencia de leyes que garanticen los principios enumerados colocan al país en un vaivén cada seis años, donde el arbitrio rige sobre la norma. Por ejemplo, el documento refiere que todos debemos estar "abiertos a la crítica", ser "tolerantes frente a la discrepancia" y "estar en favor de la información objetiva de los juicios fundados en hechos y datos, no de los rumores y mucho menos de las mentiras".

Los entrecomillados son inobjetables, salvo algunas preocupaciones. Varias veces, no en el documento, el presidente Fox ha dicho estar de acuerdo con la libertad de prensa siempre y cuando ésta se ejerza con buena voluntad y la intención de contribuir con México. Y la pregunta es quién o quiénes deciden qué dicho o escrito se hace con buena voluntad. ¿Ya no piensa así el Presidente? De nuevo, faltan precisiones porque, en efecto, la libertad en los medios, como en cualquier otra esfera social, debiera ejercerse con responsabilidad.

Nos guste o no, y a quien esto escribe naturalmente no le gusta, los rumores y los bulos seguirán siendo el impreso, la pantalla o el audio de cada día; más aún, si no se precisa el marco legal aludido líneas arriba y se hagan sólo llamados a una nueva actitud. Y es que el gobierno mismo lo tiene presente: en los medios priva el interés de lucro y es entendible, pero llega muchas veces a distorsionarse la información precisamente por los afanes de la ganancia.

Los medios: ¿similar importancia?

El documento dice que "todos los ciudadanos y todos los medios tienen para el gobierno la misma importancia". Ese parece ser más un guiño que un enunciado que delimite compromisos y estrategias. Al contrario, los medios de comunicación forman un mosaico complejo y heterogéneo cuya importancia está delimitada por la cantidad de personas a quienes se dirigen y por la calidad de la información que ofrecen a un público determinado.

Hace varios días, el 20 de diciembre, a propósito de la cobertura noticiosa de las erupciones del volcán Popocatépetl, el periodista José Cárdenas reclamó al gobierno que éste fijara los ritmos de la información según el horario de los noticieros estelares de las dos principales cadenas televisivas, dejando a la radio sesgada en el servicio que le ofrece a su audiencia. Cárdenas decía con razón según quien esto escribe que el derecho a la información no debería quedar sujeto a los horarios de un medio.

Más allá de esto, la diferenciación en los medios significa que convendría que el gobierno valore con criterios bien delimitados la asignación de publicidad, según las características de la oferta informativa y el público al que cada empresa de comunicación se dirige.

Inédito cuestionamiento a los medios

El gobierno controverte en varias ocasiones a los medios. Luego de comprometerse a elaborar una estrategia conjunta, entre el gobierno y los medios de comunicación, para que los periodistas y líderes de opinión tengan las garantías para salvaguardar su integridad física, el secreto de profesión y la "cláusula de conciencia", el documento señala que, "a cambio de ello, la sociedad espera de los informadores actuar con responsabilidad y profesionalismo. Los representantes de los medios no tienen razón para ser rudos o irrespetuosos cuando están haciendo su trabajo".

En general, el titular de esta columna coincide con la crítica que hace el documento a los medios de comunicación porque, en efecto, ni el código de ética ni una nueva normatividad garantizarán, por sí solas, calidad informativa; hace falta mayor profesionalismo en los practicantes del oficio informativo, tanto, como la modificación de dinámicas perniciosas. Hay, empero, un reparo al documento cuando señala que los periodistas "tampoco deberán ser actores o protagonistas de una noticia dice el escrito cuando su deber es sólo reportarla".

Como dice el documento, los medios de comunicación son empresas que persiguen dividendos financieros. Pero sus dueños también tienen determinadas predilecciones políticas, por ello es natural y entendible que busquen incidir, nos guste o no, y en especial a quien esto escribe no le gusta, en las lides políticas. El asunto no está en que dejen de ser protagonistas porque eso es imposible, el quid se encuentra en que las predilecciones políticas de los dueños de los medios, de los editores y de los periodistas, no los conduzcan a distorsionar u omitir la información.

Conferencias de prensa

El gobierno se compromete a ofrecer diario una conferencia de prensa a cargo de la vocera Martha Sahagún. Sin duda, ese esquema parecido al de la Casa Blanca dará mayor dinamismo en la relación entre el gobierno y los periodistas si se fijan reglas de respeto de funcionamiento precisas entre ambas partes, que redundaría en una información más expedita para los ciudadanos. Pero ahí no termina la relación entre el gobierno y los medios. El gobierno dice que pretende evitar las entrevistas de banqueta, pero la dinámica cotidiana hace imposible que no exista comunicación entre, digamos, los secretarios de Estado y los periodistas. El derecho a la información también se encuentra en ese terreno.