Francisco Báez Rodríguez
Termina un sexenio y es hora de hacer las cuentas. ¿Cuáles fueron los saldos de la administración de Vicente Fox respecto a la comunicación, a los medios, a la libertad de expresión?
Se debe iniciar este breve repaso con un reconocimiento. Durante estos seis años, los medios han gozado de una libertad de expresión prácticamente total. En algunas ocasiones, el presidente Fox se quejó públicamente del trato que le daban; sólo ganó más críticas. Antes, era el Ejecutivo al que no tocaban ni con el pétalo de una rosa. Ahora son los periodistas.
Las autoridades concibieron la información como publicidad e intentaron contrarrestar la crítica con andanadas crecientes de propaganda. Algunas funcionaron ("La gente pregunta, Fox responde"), la mayoría no. Otros intentos pasaron por el dial con más pena que gloria (Fox contigo). Al final, resultó una paradoja: en su propaganda, el gobierno de Fox se hizo pasar como "esto de la democracia" y atribuyó a ésta sus logros. Bajo esa lógica, el Seguro Social, la cartilla de vacunación, las escuelas públicas son parte de la cosecha del autoritarismo. Para cerrar el contrasentido: si hubo algo en lo que el gobierno del cambio fue igualito a los anteriores, es en la insistencia de machacar a la población con promocionales. Vivimos seis años de propaganda.
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Foto: Frederic Wauters |
Se prefirió la omisión a la censura. De hecho, la omisión fue un signo distintivo del gobierno foxista, temeroso de pasarse de la raya que separa a las democracias de los gobiernos fuertes. El resultado es que, en lo político, la autocensura disminuyó a niveles difíciles de medir, pero en otras áreas se dieron vuelo. En el sexenio panista la vulgaridad proliferó en los medios, como nunca antes.
A la derecha social los únicos temas que les interesan son el sexo y la posición de la Iglesia con mayúscula. Está obsesionada con él como los personajes de Las buenas conciencias. En esos temas enfocó sus críticas: el libertinaje al que se refieren no tiene que ver con el mal uso de la libertad, ni siquiera con la vulgaridad, sino con la concupiscencia, la impudicia, la lascivia, la libídine. Mientras no se toquen esas áreas, ve con ojos comprensivos que la ordinariez, la grosería y la incorrección se adueñen de los principales medios masivos, como lo hicieron. Impunemente, por supuesto. Y no
faltó el político que se arriesgara a recibir un colofox (el símbolo máximo de la mala educación
televisiva) con tal de salir en pantalla.
Hubo varios momentos, durante el sexenio, en los que los grupos más conservadores intentaron imponer sus puntos de vista. Un ejemplo notorio son las presiones que recibió RTC de parte de grupos clericales para prohibir la exhibición de
El crimen del padre Amaro y para que bajara la clasificación C de La pasión de Cristo. Otros, menos conocidos, fueron peticiones para acallar voces críticas de provincia (en la lógica de la Ley del Talión contra los priistas). En todos estos casos, privó la defensa de las libertades.
Desgraciadamente, al final del sexenio, el último titular de RTC censuró varios programas de los partidos políticos. Fue una vuelta inadmisible al pasado. La piedrita en el arroz. Tratándose de censura, es por definición una piedra indigerible e inaceptable.
Uno de los logros que tendrá más trascendencia a futuro fue la aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que obliga al gobierno federal a garantizar el derecho de acceso a la información (valga la redundancia) y la protección de los datos personales que obran en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esta iniciativa del gobierno de Fox se ha visto replicada, con éxito desigual, a nivel estatal.
Otro éxito, atribuible por igual a una sociedad civil actuante y a un gobierno capaz de escuchar y no ceder ante las presiones, muy grandes, de los concesionarios, fue la aprobación de las radios comunitarias, que dota de una certidumbre mínima a estos proyectos, que habían vivido siempre entre el limbo y las amenazas.
Lo de las radios comunitarias fue uno de los pocos momentos en los que el gobierno no cedió ante los poderes fácticos de los empresarios de radio y televisión.
Un momento controvertido fue la expedición del llamado decretazo, en octubre de 2002. Por un lado, se emitió un Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión; por el otro, un decreto que autorizó a Hacienda a recibir de los concesionarios de radio y TV el pago de impuesto. En mi opinión minoritaria entre los analistas lo que hicieron estos instrumentos fue precisar algunas ambigüedades en la materia y dejar de lado algunas simulaciones, que en los gobiernos priistas habían sido utilizadas como espada de Damocles contra los concesionarios, para condicionarlos en asuntos políticos. Con
el decretazo, se hizo más racional el uso de los tiempos de Estado y los tiempos fiscales en radio y TV.
El problema posterior fue que, a la eliminación del 12.5% no siguió una mayor mesura en la propaganda gubernamental, sino un gasto enorme que favoreció a las más poderosas empresas de medios.
La imagen de trato privilegiado a las grandes televisoras creció con las contradicciones que se dieron, en el seno del gobierno federal, en torno al llamado chiquihuitazo: la irrupción violenta de un grupo afín a Televisión Azteca a la transmisora de Canal 40, para cobrarse a lo chino un pleito que iban ganando en lo legal. Pasaron varios días de ilegalidad flagrante hasta que un juez obligó a los ocupantes a desalojar el lugar. Pero Canal 40 perdió su señal y nunca más la recuperó cabalmente. Como en otros tristes asuntos de la vida nacional en los años recientes, la presión violenta fructificó en victoria. Sólo que aquí no fueron macheteros ni maestros radicalizados, sino una escuadra al servicio de un magnate.
La cereza en el pastel de los medios poderosos fue la llamada "Ley Televisa", una reforma que reforzó el poder de los concesionarios más fuertes, que no les creó contrapesos. Una ley, escribimos, que "propicia la reproducción de asimetrías en un mercado que es mucho más que un simple mercado, porque el alcance de los medios electrónicos tiene profundas implicaciones culturales y de formación de la conciencia social". Y que para colmo, allana el camino para que los negocios del hombre más
rico del país transiten más fácilmente que si hubiera una verdadera competencia.
Tal vez esta ley sea el verdadero colofón a lo sucedido a través de los seis años. El Ejecutivo y el Legislativo, por igual, se rindieron al poder de los medios electrónicos, a la magia del rating, al "vino de los Chamos", que dijera el Poeta.
Diciembre 2008
