Antulio Sánchez
Desde hace poco más de 20 años las computadoras personales se han incorporado a la vida cotidiana de
millones. Sin embargo, desconocemos el número de equipos de cómputo existentes en el país, pues las cifras varían según las fuentes. Los datos más optimistas refieren que al concluir 2003 México alcanzó los nueve millones de computadoras.
En 1999, Computer Industry Almanac indicó la existencia de 6.3 millones de computadoras en el país. Dos
años después Select estimó que eran 6.4 millones. Por su parte, la Unión Internacional de Telecomunicaciones
reportó en 2002 que había seis millones 900 mil equipos. Sin embargo, es poco creíble que entre 1999 y 2001 se diera
un raquítico crecimiento de 100 mil, como el que se dio también de 2001 a 2002, en este caso de 500 mil.
Después son las mismas consultoras las que enredan más el asunto: indican que se pasó de menos de siete millones en
2002 a nueve millones en 2003, un crecimiento superior a los dos millones de equipos en pleno estancamiento
económico.
¿Qué dice el INEGI al respecto? Poco, porque hay contradicciones en sus datos, la suma de los diversos
sectores (educativo, público, privado y vivienda) da un total de ocho millones 438 mil 273, pero al hacer el comparativo
de México con otros países por el número de computadoras por cada mil habitantes, las cifras no cuadran, se
reduce a menos de siete millones. Poco aporta el INEGI para saber cuántas computadoras están obsoletas y mucho
menos ofrece alguna cifra o estimación de cuántas se incorporaron en 2003 y la suma global de éstas en el país.
Además, no olvidemos que en el rubro de nuevas tecnologías, una parte de los datos proporcionados por este organismo no los obtiene directamente, sino de fuentes privadas.
Libre acceso a las computadoras
Si ya están complicadas las estimaciones, mucho más lo estarán en el futuro debido a que desde el pasado 1
de enero se liberaron las restricciones arancelarias para la importación de computadoras usadas, sin embargo,
este fenómeno no es reciente. Desde hace algún tiempo existe en el país un mercado de computadoras usadas
provenientes de la paulatina renovación que las empresas hacen. Según estimaciones de la consultora Gartner,
anualmente se renuevan en el país dos millones de computadoras. Tampoco el ingreso de máquinas usadas provenientes
del exterior es nuevo. Desde la década pasada en los estados fronterizos del norte ha existido un mercado negro
de equipos provenientes de Estados Unidos. No sabemos cuántos ingresaron bajo esa modalidad en los últimos
diez años y sus condiciones. De eso no tiene ni idea el INEGI.
Contaminación de silicio
No se puede negar que la entrada al país de computadoras usadas sin aranceles tiene ciertas ventajas. Con
su arribo la población tendrá la posibilidad de acercarse a las nuevas tecnologías. No obstante, uno de los
problemas existentes en los países desarrollados, particularmente en EU, es la contaminación del silicio. Las
computadoras contienen elementos químicos peligrosos y plásticos difíciles de reciclar o quemar con seguridad.
Según la Coalición de Tóxicos de Silicon Valley (www.svtc.org), en 2003 fueron desechadas 24 millones
de computadoras. Mientras la Agencia para la Protección Ambiental de EU (www.epa.gov) estima que 14% de
éstas será reciclado. Hay organismos civiles en EU que advierten sobre la llegada a nuestro país de este equipo obsoleto.
En esta situación, como otras relativas a las nuevas tecnologías, corroboramos la incapacidad de
nuestras autoridades. Tuvieron el tiempo suficiente, por lo menos diez años, desde que entró en vigor el TLC, para
establecer una sólida norma que reglamentara su ingreso, pero no lo hicieron. Ahora es necesario una norma que
estipule la obligación de introducir al país equipos en buenas condiciones.
Pero tal medida estará incompleta si no se acompaña de un marco legal para tratar los desechos de las computadoras. Dicha normatividad deberá incluir a los fabricantes nacionales e importadores de equipos nuevos con el fin de que en el armado de éstos se incluyan piezas no contaminantes, además de que también carguen con la responsabilidad social de la protección al ambiente.