Noticias... 11 de septiembre Darío Celis Estrada publica en su columna "Tiempo de negocios" en Reforma que "la posibilidad de que Luis Mancera sea el nuevo Procurador Fiscal se va fortaleciendo, luego de que en los círculos del Gobierno foxista vaya a la baja la candidatura del ex diputado panista Armando Salinas. Y es que ya le encontraron algunos pecadillos, como haber trabajado en el despacho de Antonio Lozano y Diego Fernández de Cevallos, llevando dos casos que iban contra los intereses del Gobierno: la devolución del IVA a Jugos del Valle, de Roberto Albarrán, y el pleito que le ganaron a la SRA, de Florencio Salazar". 18 de septiembre Celis insiste: "Lo puede dar por hecho: el ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Armando Salinas, quedó descartado como nuevo Procurador Fiscal en sustitución de Juan Carlos Tamayo. "En efecto, influyó negativamente su paso por el despacho de Antonio Lozano Gracia y su intervención en los litigios contra la propia SHCP y la SRA, como fue la devolución del IVA a Jugos del Valle de Roberto Albarrán y la expropiación de un predio que era de la dependencia que comanda Florentino Castro."		que no fueron 22 de septiembre "Tiempo de negocios" desmiente la información en la que se había referido a Salinas. "El ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la pasada Legislatura, Armando Salinas, negó pertenecer al despacho de Antonio Lozano, haber litigado contra las Secretarías de Hacienda y Reforma Agraria, conocer a Roberto Albarrán y por lo mismo intervenir en algún caso a favor de Jugos del Valle. El político aclara todo lo anterior, a propósito de lo que aquí hemos comentado, en el sentido de que había quien lo candidateaba a la Procuraduría Fiscal, cargo que aún tiene Juan Carlos Tamayo".
7 de septiembre La Jornada informa la detención de dos indígenas porque "injustamente se les acusa de explotación ilegal de recursos". La nota firmada por su enviado a Chiapas Hermann Bellinghausen dice que: "La Junta de Buen Gobierno zapatista 'Corazón del Arcoiris de la Esperanza' denunció que el pasado jueves fueron detenidos dos indígenas bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), residentes del municipio autónomo Miguel Hidalgo, por agentes de seguridad pública. "En una denuncia procedente del Caracol 'Torbellino de nuestras palabras', las autoridades autónomas refieren que 'el 4 de septiembre, a las 11 de la mañana, dos compañeros de nuestro municipio, Juan Sántiz Gómez y su hijo Fernando Sántiz Pérez, fueron detenidos y encarcelados por la seguridad pública de Teopisca, y se les quitó su camión en el cual transportaban leña de uso domestico'." 8 de septiembre Bellinghausen da cuenta de que "un centenar de indígenas, bases de apoyo del EZLN, procedentes del municipio autónomo Miguel Hidalgo, realizaron hoy un plantón frente al penal de esta ciudad (Cereso número 5) para exigir la liberación inmediata de sus compañeros Juan Sántiz Gómez y Fernando Sántiz Pérez". En su crónica añade que: "Los indígenas habían llegado desde temprana hora al Cereso para impedir el traslado de sus compañeros a la cárcel de Tuxtla Gutiérrez. "Mientras tanto, las autoridades judiciales les dieron largas. El funcionario del Cereso, Armando Aguilar Juárez, escuchó la demanda de los zapatistas y dijo que hablaría con sus superiores. Pasaron las horas. Se comunicó Rolando Pérez Robles, quien mandó decir que intervendría. Y nada. Con eso de que los fines de semana la justicia no trabaja. "'No han cumplido', dijo a La Jornada un vocero del municipio autónomo. 'Se comprometieron a responder nuestra petición de liberar a los compañeros lo más pronto posible, pero nos dejaron esperando'." 9 de septiembre La Jornada da seguimiento a la información. "La moneda está en el aire. La policía detuvo a Juan y Fernando Sántiz a las 11 horas del jueves pasado, cuando transitaban de Teopisca a Tulancá transportando 'medio carro' de leña muerta, para uso 'doméstico y comunitario'. Con notable celeridad, el Ministerio Público (MP) de Teopisca los consignó el viernes a primera hora, y los trasladó al Cereso de San Cristóbal de las Casas. "Los indígenas presos, acusados de ecocidio ('daño doloso y premeditado' según el Código Penal, y 'delito grave') tenían autorización del municipio autónomo Miguel Hidalgo para explotar y trasladar la madera con que hoy los inculpa."		11 de septiembre "El correo ilustrado" de La Jornada publica una carta de David Santiago Tovilla, coordinador de Comunicación Social del gobierno del estado de Chiapas, en la que se refiere a las detenciones. "Los elementos de la policía y el agente del Ministerio Público forestal proceden al aseguramiento de cualquier cargamento en flagrancia. En los operativos no se identifica la filiación o militancia de quienes transportan la madera. Se integra la averiguación previa y se remite al juez penal correspondiente, por el delito de ecocidio. En esa consideración, es el Poder Judicial y no el Ejecutivo quien determina la situación jurídica de los detenidos, apegados al marco jurídico vigente... Desde cualquier perspectiva, el aprovechamiento ilegal de los recursos naturales es un delito. Si alguien lo cometió, el juez determinará, con los elementos suficientes, lo conducente."