Rubén Álvarez Mendiola
Todavía hay quien piensa que la posposición de la discusión y eventual aprobación del dictamen
que modificaba la Ley de Radio y Televisión, fue lo mejor que nos pudo haber pasado en un país tan
atrasado como el nuestro en esa materia y con un dominio tan desesperante de dos empresas principales de
televisión y sus adherentes en la radio. Es notable que la academia, donde tradicionalmente se ejercía la
crítica social en este tema, se vea tan solazada con el resultado de este largo debate de años y que sume
su voz a las de quienes dicen que ¡faltaba tiempo! para entender mejor los alcances de las
modificaciones legales propuestas. ¡Carambas! De verdad que uno termina por comprender los serios problemas y
deficiencias considerables que tienen los dueños de Televisa y TV Azteca en la elaboración de sus
barras programáticas, si, como se vio, tanto tiempo requieren para entender las modificaciones planteadas.
Pero me puedo imaginar perfectamente cómo destaparon botellas de champaña los dueños de
las televisoras y sus amigos (nuevos y antiguos) por el triunfo obtenido con tal posposición, a la que
contribuyeron gustosos los representantes de las televisoras que usufructúan además una curul. A
mediados de febrero próximo, nos dicen, se retomará la discusión del dictamen y entonces sí, afirman, se someterá
a votación un dictamen (vaya usted a saber cuál) que incorpore los puntos de vista de legisladores,
académicos, expertos y concesionarios que no pudieron hacerlo en los últimos años
(pero en dos meses sí, ya verán). Por vida de Dios
que no creo que eso vaya a ocurrir así. En todo caso, es mejor prever que
las modificaciones a la legislación actual se verán hasta mucho tiempo después, más allá del fin de
este gobierno del cambio. Este año es ya, prácticamente, un año electoral. Hay mucho dinero de campañas
en juego que, con las leyes que tenemos en materia electoral y de comunicación
es decir: muy poco al respecto, irá a parar a los consorcios televisivos y radiofónicos vigentes. Pocas familias de
radiodifusores con mucho dinero en sus manos. ¿Para qué cambiar?
Y uno se pregunta si los senadores que batallaron para echar abajo el dictamen a mediados de
diciembre pasado, están realmente felices con lo que hicieron. Porque ¿quién será el valiente que diga
que Emilio Gamboa Patrón actuó como lo hizo para favorecer a la inmensa mayoría de los mexicanos y no
a la inmensa minoría de los dueños de los medios masivos de comunicación? Gamboa Patrón, como
secretario de Comunicaciones y Transportes en el tramo final del gobierno de Salinas de Gortari otorgó
algún paquete suculento de concesiones y refrendó otras justo cuando estaba por terminar el gobierno
salinista. ¿Los favorecidos?: Multivisión, TV Azteca y Televisa ¿quién más si no? (El gobierno foxista es más
rumboso aún: ha refrendado a las dos últimas empresas un total de 393 concesiones hasta el 31 de diciembre
de 2021, ¿qué tal?)
Con toda claridad: en este país la transición democrática todavía tendrá que esperar a que a los
actuales dueños de los medios de comunicación concesionados les dé la gana permitir la competencia libre de
una tercera y aún una cuarta cadena de televisión nacional. Ya no digamos mejorar los contenidos y
revisar, sólo revisar, la responsabilidad que tienen frente a sus auditorios. Nadie puede decir que Televisa
por décadas (y TV Azteca en los últimos años) sean responsables del bajísimo nivel de nuestros estudiantes
en primaria y secundaria, nadie. Pero, eso sí, han contribuido esforzadamente a que se mantengan
esos niveles donde están: hasta abajo de la tabla de países comparables según los estándares
internacionales con que se nos mide.
¿Se acuerdan de la célebre frase de Emilio Azcárraga Milmo sobre la televisión que Televisa hacía
para los jodidos? Pues eso: la cosa sigue igual. En una economía de libre mercado regular los contenidos de
la radio y la televisión es poco menos que imposible (y por ningún concepto deseable), pero ¿acaso
las organizaciones sociales y académicas, los escritores, los expertos en comunicación, los artistas, los
guionistas o los cineastas de este país no pueden emitir alguna opinión sobre lo que vemos en televisión?
Hay a quienes les parece perfectamente normal que los contenidos de la radio, pero sobre todo los de
la televisión, estén supeditados a los intereses comerciales de las empresas que detentan las concesiones
que les ha otorgado, de manera más que discreta, el Estado.
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Ilustración: TVman/Charles Foster |
En la misma lógica se encuadran quienes dicen que el aparato con que se cambian los canales
de televisión para eso se inventó, es decir, para que los insensibles a los que no les gusta la programación de Televisa y TV Azteca le cambien de canal y todos a volar. Pues no, para eso no se inventó nada más
el dichoso aparatito del
zapping. Obviamente se usa para ese propósito, sólo eso faltaba. Pero ahí no
está el quid de la cosa. Parece ser que los dueños de las televisoras y sus amigos en la academia se llenan
de palabrería hueca cuando se refieren a la gran televisión que se hace en Canadá o en Brasil, en Gran
Bretaña o en Francia, pero hasta ahí: palabras de dientes afuera. ¿Hay quien recuerde algún programa de
Televisa o TV Azteca que se caracterice por su alto nivel de producción y calidad en sus contenidos? Si me
vienen a decir que sí, que cómo no, que ahí está el de
México: la historia de su democracia, reconocido en
España con un premio Ondas otorgado por la Cadena SER (del grupo Prisa, socios en México de Televisa en
la propiedad de Radiópolis), pues me rindo. No es que haya estado mal esa serie. Todo lo contrario, pero
¿de cuándo acá una golondrina hace verano? Con frecuencia me pregunto si los directivos y dueños de
las televisoras (y sus amigos en la academia) de verdad se plantan frente a sus televisores a ver los
programas de sus canales, desde las telenovelas hasta los noticieros, pasando por Adal Ramones y su
Otro rollo,
El rival más
débil,
Aplauso aplauso,
La escuelita
VIP o
Mujer casos de la vida real, por citar unos cuantos.
La pregunta encierra una trampa: si lo hacen, si ven esos programas, eso lo explicaría todo. Si no lo
hacen, peor: ni ellos aguantan su propia programación.
Algunas de las posturas contrarias a las reformas propuestas por el panista Javier Corral la cabeza
más visible de este proceso, hablan de censura a
los medios electrónicos al proponer la creación de un
Consejo Nacional de Radio y Televisión
conformado por cinco expertos y que fuera un organismo
descentralizado del gobierno, no desconcentrado (autónomo). Es un horror, dicen, que este consejo pretendiera
decirnos qué sí y qué no ver en la TV y escuchar en la radio. Pero al final del proceso que se cerró en diciembre,
los senadores habían hecho tantas concesiones en su proyecto de dictamen que no existía la mínima
posibilidad de que se erigiera la figura de un censor. De hecho la supervisión de
los contenidos programáticos quedó fuera del dictamen que finalmente no fue votado. La fracción IX del artículo quinto del
proyecto fue eliminada. Establecía como obligación de los medios electrónicos "informar de manera objetiva,
clara, completa, veraz, plural y oportuna". Eso, al parecer, era terrible para los colegas de Televisa y TV
Azteca y para ellos mismos un flagrante atentado contra las libertades (¿cuáles? ¿de quién o quiénes?).
Una fracción tan inocua como la III del mismo artículo quinto también fue modificada. ¿Qué decía?
Ah, pues que los concesionarios debían fortalecer las convicciones democráticas, en el marco de una
cultura de paz, tolerancia y respeto. Muy fuerte, de veras.
Y una más en cuanto a contenidos. Dentro del título sexto, el de Programación, en el capítulo
primero de "Disposiciones generales" se eliminó totalmente el artículo 134. ¿Y éste qué decía? pues que
quedaban prohibidas las transmisiones que "hagan la apología de la violencia o de conductas delictivas o
(de aquellas) que sean discriminatorias". Aquí sí de veras que no se midió el energético senador Corral:
¿pues qué no sabe que Televisa y TV Azteca sólo saben programar eso?
Luego viene el cuento de las nuevas tecnologías.
Lo que quieren los actuales concesionarios no es
detener la inminencia de la digitalización (¡Por madre de Dios!, ¿a quién se le ocurriría tamaño dislate?),
sino que los espacios generados por la
convergencia tecnológica les sean garantizados a ellos mismos.
Incultos sí son, pero tontos, no. Ahora bien, que Televisa y TV Azteca programen lo que les venga en gana
al parecer es inevitable. Pero ¿por qué no dejar, entonces, que otros jugadores hagan lo mismo en
igualdad de condiciones, una vez que las redes de radiodifusión tal cual las conocemos ahora se
incorporen plenamente al mundo digital?
Sin duda, por la delicadeza de las funciones que le serían asignadas, la creación del Consejo
Nacional de Radio y Televisión merecía una más amplia discusión. Pero los opositores a la reforma ni
siquiera quisieron revisar su conformación y alcances: simplemente no querían su existencia. El otorgamiento
de las nuevas concesiones (o su refrendo) debería darse, según ellos, sobre la base de un solo requisito:
la mejor oferta económica. Una vulgarización de los principios más elementales de una economía de
mercado. ¿Tienes plata?, ahí te va tu concesión, de los contenidos ahí me entero cuando los vea ¿verdad?
Este es un país que requiere de grandes acuerdos nacionales para poder avanzar. Mencione usted
la materia y verá que lo que hace falta es un gran acuerdo. ¿Educación?, ahí tiene. ¿Inversión en
salud?, también. ¿Distribución del ingreso?, ni hablar. ¿Protección del medio ambiente?, igual. La radio y
la televisión concesionada además de ser buenos negocios (que lo son y de sobra) deberían tener la
capacidad y la convicción de contribuir al desarrollo democrático y económico del país, es decir, de incorporarse a los grandes acuerdos nacionales que tanta falta nos hacen. Pero no. Los dueños de esos medios (y
sus amigos en la academia) creen que es mejor mantener el control mediante la concentración cuasi
monopólica de concesiones y la telebasura que hoy en día nos agobia, para que aquellos sean muy felices sin
competencia alguna, usufructuando a su antojo las concesiones que en realidad no les pertenecen.
Diciembre 2008
