Porque es del GDF
Virgilio Caballero

Agradezco la invitación a este intercambio respetuoso de puntos de vista en etcétera, revista que cuenta con mucho prestigio no sólo en el medio de la comunicación. Me preguntan para abrir esta participación ¿por qué pide el gobierno de la ciudad la frecuencia 105.7?

La pide, primero, porque el permiso para transmitir en esa frecuencia se le asignó al Departamento del Distrito Federal, y según el Estatuto de Gobierno que permitió a los capitalinos elegir a sus gobernantes democráticamente en 1997, forma parte de los bienes que debieron entregarse al hoy gobierno de la ciudad.

La 105.7 le fue asignada al gobierno que entonces se llamaba regencia, en 1967. Comenzó a funcionar en 1969 y por 13 años la ciudad mantuvo su operación. La Ley Federal de Radio y Televisión en su artículo 37 fracción V, no permite traspasos sin autorización expresa de la SCT. El DDF nunca transfirió la frecuencia y su titularidad, sólo su administración al Imer en 1983, y la SCT nunca autorizó ningún traspaso antes de que el Estatuto de Gobierno le diera al GDF todo el patrimonio a nombre del DDF.

Por cierto, vale la pena recordar que Imevisión y el Imer se formaron con la clara intención de privatizar los medios que pertenecían al Estado. El que llevó a cabo esta política en el gobierno de Miguel de la Madrid fue Pablo Marentes, quien le llamó a las acciones de juntar los recursos que andaban sueltos, tanto de televisión como de radio, política de agregación. "Agregaron" lo que había de Estudios Churubusco, de Canal 7, del Canal 8 de Monterrey, el 22 del DF y al 13 le llamaron Imevisión y eso preparó la venta de varios de estos medios públicos fundamentales para cualquier país.

Lo mismo pasaría con el Imer y por eso la frecuencia 105.7 se "agregó" ­para utilizar los términos de Marentes­, para reunirla con la XEB y con otras radiodifusoras camino a su venta. Hay distintas circunstancias que impidieron que con el Imer ocurriera lo que ocurrió con Imevisión, y no abundaré al respecto en este momento, pero lo menciono porque ése es el origen de que el DDF le cediera la administración de su frecuencia ­no su titularidad jurídica­ al Imer.

Desde el primer momento en que se lleva a cabo esta situación con la 105.7 hubo un intento por parte de los funcionarios del Imer para que la titularidad de la frecuencia se le otorgara al instituto, pero la solicitud fue denegada por el secretario de Comunicaciones y Transportes de aquel momento. Es decir, en 1997 el permiso de esa emisora estaba a nombre del DF y no se le entregó conforme lo establece el Estatuto de Gobierno.

A mí me parece muy revelador, una confesión de parte, el que apenas el 31 de marzo de 2005, dos días después de que la Asamblea Legislativa votara un punto de acuerdo para demandar que se recuperara esa frecuencia radiofónica que pertenece a la ciudad, casi corriendo, casi sobre las rodillas, se apresura la dirección del Imer a solicitar nuevamente la titularidad de la frecuencia, lo que en otros términos es una confesión de que había una irregularidad que se conservó durante 22 años respecto al manejo de la emisora. Ese solo hecho le da la connotación y el contexto político a este asunto. Estamos ante un hecho político, no ante un problema técnico ni administrativo. El apresuramiento con que se buscó la titularidad en 2005 luego de la intervención de la Asamblea es más que revelador, es contundente. Una culpa que se quiso subsanar arrebatándole a la ciudad de México su frecuencia de radio.

El tema cobra mayor relevancia porque implica la posibilidad de que el Distrito Federal utilice una emisora, que además le pertenece, en una metrópoli que no opera hoy en día medios propios de servicio público.

En el país 14 familias monopolizan más de 80% de las señales de radio y televisión, lo que ha derivado en que sólo se expresen unas cuantas voces. Esa sería una razón suficiente para contar con opciones de medios de servicio público que atiendan la pluralidad y necesidades de la ciudad; para crear alternativas y establecer la posibilidad de que muchas otras voces sean escuchadas, que es lo que no ocurre en nuestros días.

Ahora mismo el país está padeciendo, en muchos rubros, un vacío de información verdaderamen-te lastimoso e indignante. La televisión y la radio no informan más que de crímenes, futbol, escándalos y párale de contar, ¿dónde está la sociedad?

Desde luego que la decisión de operar una emisora de radio en la ciudad de México busca dar espacios a esa multiplicidad de voces que existen y que nunca se han expresado. Voy a poner un solo ejemplo que tiene que ver con las etnias indígenas en la ciudad. Están en primer lugar las originarias, fundamentalmente las nautlacas o mexicas que viven en delegaciones rurales como Milpa Alta, Xochimilco y Cuajimalpa, que jamás han tenido posibilidad de expresarse: ¿alguien ha escuchado siquiera una frase en lengua indígena en alguna de las estaciones de la ciudad de México? Se generan aquí 57 señales de radio y no se escucha ni una frase de los indígenas que habitan la ciudad y que representan alrededor de 40 etnias distintas que llegan de todas partes del país.

México es la ciudad más indígena de la República y si me permiten decirlo así, una de las ciudades más indígenas de América, porque aquí habitan decenas de etnias. Ya no hablemos de las otras etnias modernas que también forman parte de la gran ciudad, ¿dónde están los judíos? ¿los libaneses? ¿los japoneses y los coreanos? ¿quién expresa a todas estas minorías étnicas que forman parte también de la riqueza cultural en el Distrito Federal.

Pongo otro ejemplo para dimensionar qué es lo que se busca pidiendo una emisora de radio para el DF: en el proyecto del jefe de gobierno se plantea que los medios de servicio público cumplan un papel escolarizador. Tenemos preparado un plan para que con la radio y la televisión del DF podamos llevar la escuela a la casa. Pero de esto abundaré en una segunda participación para no abusar de esta primera ronda.

No. Pertenece al Imer
Julio Chávez Sánchez

Al contrario, Virgilio, soy yo quien agradece su disposición a participar en este intercambio.

Usted sostiene que de acuerdo con el Estatuto de Gobierno la frecuencia 105.7 "forma parte de los bienes que debieron entregarse al hoy gobierno de la ciudad". Yo sostengo exactamente lo contrario: la frecuencia dejó de ser parte de los bienes, como consta en el decreto de creación del Imer (Diario Oficial de la Federación, 25 de marzo de 1983): se cedieron las instalaciones de la frecuencia mencionada en el acta de entrega-recepción de fecha 30 de junio de 1983. Incluso, el artículo tercero transitorio del mencionado decreto expresa claramente: "Quedan derogadas las disposiciones de los Acuerdos y Decretos del Ejecutivo Federal que sean contrarias a lo dispuesto por el presente decreto".

Más adelante, usted apunta que:

"El DDF nunca transfirió la frecuencia y su titularidad, sólo su administración al Imer en 1983, y la SCT nunca autorizó ningún traspaso antes de que el estatuto de gobierno le diera al GDF todo el patrimonio a nombre del DDF".

Sin embargo, en la mencionada acta de entrega-recepción se asienta que el 7 de junio de 1983, por instrucciones del entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, Ramón Aguirre Velázquez, el anterior director de la estación hizo entrega de las instalaciones, recursos y la operación de la estación radiodifusora a Teodoro Rentería Arroyave, primer director del Imer.

A partir de ese hecho, desde entonces a la fecha, en todas sus actuaciones legales la SCT reconoce al Imer como el operador de ese permiso. Muestra clara de esto último es el escrito dirigido por esa secretaría a Rentería Arroyave el 7 de julio de 1983 donde "se le autoriza para que continúe con las actividades de la estación y realice operaciones que aseguren la captación de recursos financieros para producir programas culturales y educativos..." (cursivas mías).

(No comento su afirmación de las intenciones que, según sus dichos, alguna vez tuvo el gobierno federal para privatizar el Imer; no es el tema de este intercambio aunque sería muy interesante que usted documentara al respecto, le propongo que en la siguiente edición.)

Usted dice que la Asamblea Legislativa del DF votó un punto de acuerdo para "demandar" que se recuperara esa frecuencia. No fue así. En realidad, el punto de acuerdo que propuso la entonces diputada local María Rojo fue para exhortar al otrora jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, para "recuperar" la frecuencia aludida. Sin embargo, el titular del GDF no emprendió acción alguna al respecto.

También afirma que "estamos ante un hecho político, no ante un problema técnico ni administrativo". Sobre ese cariz político se han hecho varias interpretaciones, y una de las más recurrentes ha sido afirmar que, de contar con las frecuencias que solicita, el actual jefe de gobierno las utilizaría para promoverse con miras a las elecciones presidenciales de 2012. Pero no estamos aquí para reproducir interpretaciones ni para definir el litigio que promueve el GDF para que le sea restituida la frecuencia que ahora emite Reactor. Esto se determinará conforme a la ley.

En lo que sí coincidimos con usted es en contar con más opciones mediáticas para generar un entorno plural en la información y la expresión de los más diversos grupos sociales. Por eso afirmamos que el gobierno del Distrito Federal tiene todo el derecho de solicitar, pero sobre todo de obtener, un permiso para operar frecuencias de radio y TV. Más aún, cuando a partir de nuestras investigaciones periodísticas sabemos que existe disponibilidad de algunas decenas de frecuencias en el DF. Lo que no creemos es que para que eso sea posible el GDF se apropie de una estación que no le corresponde; tan desatinado es eso como el hecho de que pretenda un canal de televisión, el 46, del que el concesionario es Cablevisión desde hace diez años. A usted le parece muy revelador que cuando ocurrió aquel exhorto de la Asamblea, la dirección del Imer se apresurara a solicitar nuevamente la titularidad de la frecuencia. A nosotros nos parece que es lo menos que debió hacer la autoridad respectiva.

Para que el GDF cuente con medios electrónicos debe hacer la solicitud correspondiente a las autoridades competentes en este caso la Cofetel y no al Imer, co-mo lo hizo, y sobre todo debe presentar, como marca la ley, los documentos que respalden esta petición, pues hasta donde se sabe en el caso de la radio ­que es el tema que nos ocupa­ no se ha presentado un proyecto de contenidos.

Es un asunto político
Virgilio Caballero

Me da gusto coincidir con usted, estimado Julio, en que debe haber una respuesta favorable para que el Distrito Federal tenga frecuencias de radio y televisión, sin duda, para dar un servicio público y no propaganda. Así será. Por supuesto que habrá oportunidad de compartir en otro momento todos los datos que puedan serle de utilidad para conocer lo que fue aquel plan de privatización de los medios y la política de agregación de Pablo Marentes.

Usted se equivoca en los dos argumentos que utiliza cuando dice respecto a la 105.7, que "la frecuencia dejó de ser parte de los bienes" del GDF porque: 1. El decreto de creación del Imer derogó el permiso a nombre del DDF, y 2. El acta de entrega-recepción de la emisora dice que el GDF cedió la "operación".

No, Julio, su lectura es incorrecta. Ese decreto de creación no tiene ni jurídicamente puede tener facultades para derogar nada porque no está por encima de procedimientos explícitos en la ley de radio y televisión (artículo 37, fracción V). La SCT nunca validó expresamente el traspaso del permiso antes de 1997, fecha en la que seguía a nombre del DDF y acorde al Estatuto de Gobierno pasó a ser parte del patrimonio del ahora GDF. Por otro lado, no es lo mismo ceder la "operación" (administración), que traspasar la titularidad de un permiso. Aunque el acta a la que usted alude lo cediera expresamente ­que no es así­ sería ilegal, y si usted leyó eso en algún párrafo de ese documento dígame en dónde, por favor, para revisarlo de nuevo, porque yo no leo en parte alguna una cesión de permiso ni un traspaso.

Entonces: el DDF no podía ceder el permiso y no lo hizo; la SCT no lo traspasó expresamente como dice la ley ni modificó la titularidad, la cual seguía a nombre del DDF hasta 1997, fecha en la que se convirtió en patrimonio de lo que ahora es el GDF, según lo establece el Estatuto de Gobierno.

Tan es así, que cuando el Imer pidió por primera vez que se le diera el permiso en 1983, la SCT no lo puso a su nombre ni habló expresamente de ningún traspaso, sólo autorizó al instituto para que continuara operando (administrando) la frecuencia. De hecho, el Imer en 2005 solicitó otra vez a la SCT que el permiso se pusiera a su nombre, como dije, sobre las rodillas y corriendo después del punto de acuerdo en el que la diputada María Rojo utilizó la figura jurídica de exhorto para demandar (o pedir, si usted así lo prefiere) que se recuperara la frecuencia. Acierta usted plenamente al afirmar que a quien se instaba a actuar en consecuencia era el jefe de Gobierno.

No así cuando afirma que el trámite legislativo no tuvo consecuencia alguna, porque después de varios intentos de acercamiento a la dirección general del Imer, incluso a través del secretario de Gobernación por iniciativa del diputado asambleísta del PAN, Juan Antonio Arévalo (quien formó parte de la comisión plural ex profeso que nombró la Asamblea), a mediados de agosto de 2005 una comisión mixta Asamblea-GDF encabezada por María Rojo fue recibida por Dolores Beistegui, a quien entregaron copia del exhorto de ese cuerpo legislativo.

La directora del Imer comentó que no tenía atribuciones para definir esa situación y que, en todo caso, se recurriera a las autoridades correspondientes. Aunque no fueron exitosas para la ciudad, como usted ve, sí se desprendieron acciones luego de la iniciativa de la Asamblea de recuperar la 105.7.

La petición a la SCT es un confesión de parte, insisto, porque al formularla el Imer reconoce que aún en 2005 la titularidad del permiso no estaba a su nombre y esto es ­discúlpeseme la obviedad­ porque todavía estaba a nombre del DDF (no se derogó nunca con el decreto de creación como usted señala). El acta de entrega-recepción no es un acto administrativo que explícitamente haya derivado en el traspaso del permiso.

Si la SCT, fuera de los tiempos legales porque ya estaba vigente el Estatuto de Gobierno, le dio la titularidad del permiso al instituto en 2005, actuó políticamente atropellando los mandatos de la LFRT y del estatuto del propio instituto sin siquiera notificarle al GDF, al que no se reconoció siquiera el derecho de audiencia. Es, como ya dije, un asunto político e ilegal: un despojo.

Me parece desafortunado que usted califique ese atropello en el que se violentaría lo establecido en la ley como "lo menos que debía hacer" el instituto. ¿Entonces lo menos que podemos esperar de las autoridades que gobiernan a este país (sin importar su signo partidario) es que ignoren los procedimientos explícitos en la ley por motivaciones políticas como sucedió en este caso? Yo creo que no.

Revisemos juntos los registros para saber si estaba derogado o no el permiso de la 105.7 y si estaba o no a nombre del DDF en 1997. Ahí encontraremos las claves para entender mejor este despojo político.

Para el GDF lo más importante es impulsar un sistema de radio y televisión de servicio público, y es legítimo pedir que se devuelva una frecuencia que consideramos le corresponde a la ciudad. Estoy de acuerdo con usted en que serán las autoridades judiciales las que determinen quién tiene o no la razón.

Luego de estas precisiones que considero pertinentes, en la siguiente intervención abundaré ­ahora sí­ sobre el plan escolarizador de los medios de servicio público que estamos solicitando, porque junto con la atención a los grupos indígenas, es un elemento sustantivo de la radio y la televisión del Distrito Federal.