Viejos controles, nuevos intereses
José Carreño Carlón
Conocedor de mi propuesta comparativa del paralelismo en la evolución de los modelos de relación con losmedios de comunicación por parte del régimen franquista español y de los regímenes mexicanos (1917-2000) "emanados-de-la-revolución", como lo repitió el discurso oficial hasta hace un par de décadas, Raúl Trejo Delarbre me hizo
llegar una copia del libro La evolución silenciosa de las dictaduras: El régimen de Franco ante la prensa y el periodismo, una espléndida tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid, presentada hace cuatro años por
la profesora Elisa Chuliá Rodrigo.
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Francisco Franco |
Se trata de un recorrido meticulosamente documentado y desprejuiciadamente analizado de la
evolución tendencialmente aperturista del franquismo a partir de los años 60. El trabajo, publicado por el Centro de
Estudios Avanzados del Instituto Juan March de Estudios e Investigaciones, confirma y enriquece otras propuestas
que ubican los tres últimos lustros del caudillo español en una vía, en la que sin faltar zigzagueos y altibajos se
caracteriza por el aflojamiento de los controles dictatoriales de la prensa.
Aun así, el final del caudillo en 1975 y el correspondiente tránsito al régimen democrático marcaron un
claro deslinde, un antes y un después en cuanto a la expansión de las libertades informativas y de otras expresiones
de la industria cultural. Se acuñó entonces el término de "destape" para describir la deshinibición, que se llegó
a considerar extrema, de la vida cotidiana, que incluía el debate político y el entretenimiento, en contraste con
la gazmoñería y el oscurantismo dominantes en las expresiones públicas de la época franquista.
En el periodo en que se dieron las aperturas del franquismo (1963-1975) difícilmente se podría decir lo
mismo de nuestro país. No podría hablarse en el México de entonces de un aflojamiento de los controles autoritarios
sobre los medios, tomando en cuenta que esos años corresponden prácticamente en su totalidad al ejercicio del
poder de Díaz Ordaz y Echeverría (1964-1976): los años de mayor cerrazón, si hablamos del diazordacismo, y los de
mayor injerencia del gobierno en la vida interna, la propiedad y la dirección de los medios, si hablamos del echeverriísmo.
De manera que hasta aquí no llegaron los paralelismos.
En efecto, el modelo mexicano de relación con los medios empieza a prefigurarse desde 1916 retomando
la política de zanahoria y garrote de la dictadura porfirista con una tendencia a la subordinación, por la doble vía
de la amenaza de la represión (con la punitiva ley de imprenta de aquel año) y la presión, en los años 20, para
remover las direcciones de los dos primeros diarios postrevolucionarios:
El Universal y Excélsior.
Se configura este modelo mexicano en los años 30 con la creación del monopolio estatal de producción,
importación y distribución de papel periódico (PIPSA), el cambio de propiedad impuesto al diario
La Prensa y el establecimiento del Departamento de Prensa de la Presidencia de la República, todo ello en el sexenio de Lázaro
Cárdenas. Para entonces, el modelo económico proteccionista sobre la industria nacional había incluido a los medios, en
este caso con propósitos más explícitos de control y dependencia, que surtieron el efecto de verdaderos sobornos a las empresas: créditos impagables aportados por las instituciones gubernamentales de fomento, subsidios fiscales
y publicidad oficial.
Y aquí sí empiezan los paralelismos con el régimen franquista.
La periodización propuesta por la profesora Chuliá Rodrigo para el modelo español arranca en 1936, con
la implantación del modelo en las zonas controladas por las tropas del caudillo. Se trataba de prefigurar el
régimen de prensa al servicio del Estado, una vez establecida la dictadura en todo el territorio nacional.
La diferencia mayor con el régimen mexicano radica en que en la España franquista esta servidumbre al
Estado se logró a través de disposiciones legales que establecieron explícitamente la obligación de los medios de acatar
las consignas provenientes de órganos del gobierno facultados para emitir el qué y el cómo publicar. Al lado de
estas consignas se estableció también en la ley la censura previa, la potestad del gobierno para decidir qué no
publicar, a través de censores instalados en las redacciones de los medios. Mientras que en el régimen mexicano el
acatamiento a las directivas gubernamentales sobre qué publicar y qué no publicar se hizo sin necesidad de ley alguna,
sobre la base de una dependencia estructural, económica y política, de los medios y sus operadores respecto del Estado.
Entre 1936 y 1948, periodo señalado por la autora como de implantación del modelo franquista de relación
con los medios, la justificación del régimen del caudillo es semejante a la utilizada por los gobernantes del
México postrevolucionario: combatir el pasado. El representado por la "reacción", por los "enemigos de la revolución y
de las instituciones y los programas revolucionarios", en el caso de México, y el representado por el "caos" de
la República y los "bolcheviques" que la encabezaban, en el caso de España.
Los paralelismos son numerosos al final de la década de los 40 y principios de los 50. En el sexenio de
Miguel Alemán, las oficinas de prensa de las dependencias gubernamentales se habían multiplicado como hongos y,
a cambio de uniformar la información dominante y establecer la agenda pública con la partitura monocorde de
las voces estatales, dichas oficinas, a partir de entonces, establecieron una práctica que a la fecha no cesa del
todo de constituirse en fuentes ya no sólo informativas sino de ingresos para los periodistas de los diversos niveles,
ya sea en forma de verdaderos salarios o compensaciones mensuales o como oportunidades de hacer grandes
negocios a través de la contratación de obras y servicios y la concesión de franquicias y privilegios oficiales.
Fue otra forma de subsidio a las empresas periodísticas, que así se liberaban de la obligación de asegurar
ingresos dignos a los periodistas. Pero también se asumió como una forma de "dignificar" el oficio, mejorando por esa
vía las condiciones de vida de los oficiantes. Y curiosamente, por esta misma época en España, el régimen
franquista establecía el Registro Nacional de Periodistas, sin duda, una forma de control de los profesionales de los
medios, pero también una forma de otorgarles un estatus social que los distinguía. "Sumisión a cambio de
dignificación profesional", llama la profesora Chuliá a esta medida. Sumisión a cambio de la dignificación o la elevación de las condiciones de vida del periodista, podría titularse el capítulo correspondiente al modelo mexicano.
A diferencia de los censores del régimen franquista, cuyo trabajo era "tachar en rojo" lo que no debía
publicarse, el régimen mexicano logró por otras vías el mismo objetivo que la autora española describe para su país en
aquella época: que el periodista acertara a "escribir en rosa". Y lo que era más importante: establecer el dominio, "la
fuerza del discurso oficial en una sociedad grumosa y cerrada".
Finalmente, sobreviene la "evolución silenciosa" de ambos regímenes autoritarios en sus relaciones con la
prensa. Un periodo de "libertad vigilada", como llama la autora al de 1963-1977 en España. Un largo proceso de
extinción del modelo mexicano de sumisión, iniciado a finales de 1976 con la sucesión de aperturas gubernamentales
y experiencias periodísticas que vinieron a comprobar que hay vida más allá del modelo. Pero un proceso que a la
fecha no alcanza el desenlace terminal.
En todo caso, el modelo pasó de la sumisión neta a su prolongación en una "cultura de la colusión", como la
llamó William Ortme en 1995, entre poderes que cada vez se volvieron más equiparables e, incluso, con una
tendencia a invertir la asimetría tradicional que antes favoreció abrumadoramente al poder público.
El paralelismo entre ambos procesos marca una clara, abismal, ventaja del proceso español sobre el
mexicano, en términos de libertad y desarrollo profesional de los medios hasta la liquidación de ambos regímenes
autoritarios: la dictadura española a finales de los 70 y el régimen priista en 2000.
Y tras siete meses de implantado el nuevo régimen, surgido de las primeras elecciones dignas de
llamarse competitivas en la historia mexicana, la evolución silenciosa del viejo régimen mexicano no parece estar
desembocando en un nuevo, transparente, democrático, modelo de relación del poder con los medios. Intocados en sus
bases normativas y operativas, tanto el modelo como la cultura de colusión de intereses se expresa en una serie de
tensiones entre los actores dominantes del antiguo régimen, desde los medios y desde el poder, y los de un nuevo
régimen que encuentra su mayor vulnerabilidad en su falta de definiciones, objetivos y estrategias identificables.
Del silencio al estruendo. De la evolución a la involución. Del carácter silencioso de la evolución del
régimen autoritario en su relación con los medios, podemos estarnos acercando a una estruendosa involución donde sí,
en buena hora, por una parte, se sigan desvaneciendo, como en el último cuarto de siglo, los controles
tradicionales del poder público.
Pero, en mala hora, si, por otra parte, este desvanecimiento de los viejos controles se sigue dando no en
favor de la democracia ni de los intereses de las audiencias, sino de una expresión nueva, pero no innovadora, de
los intereses en proceso de reacomodo del complejo político empresarial que ha dominado la comunicación
pública en México.
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Foto: Salvador Castellanos/
Silva |
En esta nueva etapa, sobran los dedos de una sola mano para contar a quienes controlan o están en vías
de controlar los grandes medios por la doble vía de la inversión accionaria y publicitaria. Y de imponer, junto con
las nuevas reglas del juego en el campo de la comunicación, la agenda pública y la aprobación de quiénes deben
ocupar o no el escenario mediático, o lo que es lo mismo, de quienes, por ajustarse a dichos intereses, resultarán
aprobados para subir o permanecer en la escena política, económica, civil y cultural.
Eso es lo que, a finales del séptimo mes de gobierno, parecía estar tras nuestro modesto, tartamudeante
"destape", comparado con el destape que siguió a la liquidación del franquismo en el tránsito a la democracia.
Un destape de ladridos en San Cristóbal y toallazos en Los Pinos... sin que en Los Pinos ni en San Cristóbal parezca
haber mayor idea de lo que hay tras ladridos y toallazos.
Diciembre 2008
El espejo español
