Daniel Iván García Manríquez
Durante 2004 y 2005, el Ejecutivo federal mexicano -luego de un ardua lucha que no careció de absurdos, sinsabores
e idiosincrasias-, reconoció finalmente a las radiodifusoras comunitarias. Desafortunadamente, a través de la minuta
que reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, a discutirse en febrero en el Senado, el Legislativo parece empecinado
en cometer el error de "borrar con la cola" lo que el Ejecutivo "escribió con el pico", como se dice coloquialmente.
Al protagonizar y llevar a buen término la búsqueda por nuestro reconocimiento jurídico, las radios comunitarias
no sólo buscábamos construir un escenario que favoreciera nuestro desarrollo y permanencia, sino también abrir una
brecha (ayudando a crear esa alquimia que los que saben llaman "precedentes legales") en la ya de por sí excluyente realidad
de la normatividad vigente; una brecha que demostrara un principio básico: la ley debe incluir a todos y establecer
reglas claras para todos.
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Ilustración: Hans
Christian Vergara |
¿Qué sector, medianamente consciente de sí mismo, no se negaría a su exclusión sistemática? Las radios
comunitarias nos asumimos como un sector vigente y real del mapa de la radiodifusión y de la comunicación en México. Como
cualquier otro sector, entonces, aspiramos legítimamente a que la ley reconozca de manera explícita nuestra existencia y
favorezca nuestro desarrollo. Cuando un posible cambio en la ley, como el que ahora está en la mesa, nos condena a la
extinción, niega nuestra existencia y la posibilidad de existir a otros muchos, cuando nos condena por omisión a ahogarnos en
los retos del cambio tecnológico, cuando acentúa desigualdades ya de por sí ofensivas y, particularmente, cuando viola
de manera flagrante preceptos
constitucionales,
1 no podemos menos que apelar a la forma más mínima de razón y
preguntar a los legisladores: ¿dónde se les perdió el principio básico, ineludible, que reza que las leyes deben buscar el bien común?
La radiodifusión comunitaria en México, en sus circunstancias actuales -y más aún, en su historia completa-, pone
el acento en uno de los conceptos más vilipendiados, de lectura más sospechosamente ambivalente y, da miedo decirlo,
uno de los conceptos más olvidados de la labor de los medios de comunicación: la de su responsabilidad social. Concepto
no menor que desafortunadamente, en el panorama actual de los medios en nuestro país, se diluye fácilmente.
Cabría recordar también que al dejar de lado esta responsabilidad social y al excluir a uno de sus actores más
visibles, el Legislativo mexicano negaría
de facto derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, además de omitir,
nuevamente, tratados y estándares internacionales que nuestro Estado se ha comprometido a cumplir. Esto convierte entonces a
la revisión de la minuta y al reconocimiento de todos los actores de la radiodifusión -por supuesto, cada uno con su
nombre (los medios públicos, los comunitarios y los comerciales), sin eufemismos y con la justicia que merece su labor- en
un impostergable asunto de Estado.
Si esto no es argumento para incluirnos en una ley que debería hacerlo, tenemos otro; tal vez más básico, pero no
menos real: los medios comunitarios no vamos a dejar de existir. Tomando esto en cuenta, una ley que busque cumplir con
los oficios del avestruz es entonces poco menos que un sinsentido.
frecuencia
Daniel Iván García Manríquez
Los oficios del avestruz
Durante 2004 y 2005, el Ejecutivo federal mexicano -luego de un ardua lucha que no careció de absurdos, sinsabores
e idiosincrasias-, reconoció finalmente a las radiodifusoras comunitarias. Desafortunadamente, a través de la minuta
que reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, a discutirse en febrero en el Senado, el Legislativo parece empecinado
en cometer el error de "borrar con la cola" lo que el Ejecutivo "escribió con el pico", como se dice coloquialmente.
Al protagonizar y llevar a buen término la búsqueda por nuestro reconocimiento jurídico, las radios comunitarias
no sólo buscábamos construir un escenario que favoreciera nuestro desarrollo y permanencia, sino también abrir una
brecha (ayudando a crear esa alquimia que los que saben llaman "precedentes legales") en la ya de por sí excluyente realidad
de la normatividad vigente; una brecha que demostrara un principio básico: la ley debe incluir a todos y establecer
reglas claras para todos.
¿Qué sector, medianamente consciente de sí mismo, no se negaría a su exclusión sistemática? Las radios
comunitarias nos asumimos como un sector vigente y real del mapa de la radiodifusión y de la comunicación en México. Como
cualquier otro sector, entonces, aspiramos legítimamente a que la ley reconozca de manera explícita nuestra existencia y
favorezca nuestro desarrollo. Cuando un posible cambio en la ley, como el que ahora está en la mesa, nos condena a la
extinción, niega nuestra existencia y la posibilidad de existir a otros muchos, cuando nos condena por omisión a ahogarnos en
los retos del cambio tecnológico, cuando acentúa desigualdades ya de por sí ofensivas y, particularmente, cuando viola
de manera flagrante preceptos
constitucionales,1 no podemos menos que apelar a la forma más mínima de razón y
preguntar a los legisladores: ¿dónde se les perdió el principio básico, ineludible, que reza que las leyes deben buscar el bien común?
La radiodifusión comunitaria en México, en sus circunstancias actuales -y más aún, en su historia completa-, pone
el acento en uno de los conceptos más vilipendiados, de lectura más sospechosamente ambivalente y, da miedo decirlo,
uno de los conceptos más olvidados de la labor de los medios de comunicación: la de su responsabilidad social. Concepto
no menor que desafortunadamente, en el panorama actual de los medios en nuestro país, se diluye fácilmente.
Cabría recordar también que al dejar de lado esta responsabilidad social y al excluir a uno de sus actores más
visibles, el Legislativo mexicano negaría
de facto derechos fundamentales de todos sus ciudadanos, además de omitir,
nuevamente, tratados y estándares internacionales que nuestro Estado se ha comprometido a cumplir. Esto convierte entonces a
la revisión de la minuta y al reconocimiento de todos los actores de la radiodifusión -por supuesto, cada uno con su
nombre (los medios públicos, los comunitarios y los comerciales), sin eufemismos y con la justicia que merece su labor- en
un impostergable asunto de Estado.
Si esto no es argumento para incluirnos en una ley que debería hacerlo, tenemos otro; tal vez más básico, pero no
menos real: los medios comunitarios no vamos a dejar de existir. Tomando esto en cuenta, una ley que busque cumplir con
los oficios del avestruz es entonces poco menos que un sinsentido.
Enero 2009
