Adrián Ortiz Romero Cuevas

Oaxaca nunca volverá a ser la misma. Luego de más de cinco meses de conflicto, esta entidad es la muestra clara de lo que sucede cuando en torno a un territorio y una circunstancia político-social específica, se conjuntan todos los males y son hechos explotar al mismo tiempo en busca de objetivos diversos pero concretos, dejando a su paso centenares de miles de damnificados.

De mayo a la fecha, todo ha ocurrido en Oaxaca. Lo que comenzó como una movilización magisterial más, pronto se convirtió en un radicalizado monstruo social, que cotidianamente es alimentado por los intereses políticos de los grupos de poder en la entidad, la impericia de un gobierno estatal rebasado por las circunstancias y un gobierno federal temeroso y calculador en exceso al tomar decisiones; pero también por las inconformidades sociales, los rencores emanados de las promesas incumplidas, la pobreza, la esperanza de muchos por lograr un mejor nivel de vida asumiendo que mediante la revuelta podrían lograrlo, el uso ilegal, irresponsable e indiscriminado de la radio, y los agitadores y aprovechados que se montaron en el conflicto para obtener dividendos económicos o políticos para sus causas particulares, y que por esa razón se niegan a hallarle una solución.

Gestación de la revuelta

Cada una de las partes involucradas en este conflicto tuvo sus propias razones para adherirse a él. Por un lado, la sección 22 del SNTE ­que en Oaxaca aglutina a más de 70 mil trabajadores­ delineó desde abril las estrategias a seguir en sus tradicionales jornadas de lucha, que inician, desde hace 26 años, cada 15 de mayo con la celebración del día del maestro.

Reunidos en su asamblea estatal, ese gremio (perteneciente a la CNTE, ala disidente al grupo magisterial de la profesora Elba Esther Gordillo) determinó, entre otras acciones, que exigiría al gobierno del estado la rezonificación salarial para equiparar sus salarios a los de sus similares que laboran en estados como Chiapas, el cual ­junto con Oaxaca­ ocupa los más altos índices de analfabetismo y bajo aprovechamiento educativo en todo el país, pero que a pesar de ello tienen un mejor salario.

A mediados de mayo, una comisión negociadora tuvo acercamientos con el gobierno estatal, y éste, en una negociación erróneamente conducida, planteó como respuesta a la demanda de rezonificación la posibilidad de que el gobierno del estado entregara poco más de 100 millones de pesos al magisterio en mejoras directas a su salario, y negociara ante el gobierno federal y el Congreso de la Unión que ese rubro fuera incluido en el presupuesto de egresos del año próximo. La rezonificación total del magisterio oaxaqueño cuesta alrededor de mil 500 millones de pesos, dinero con el que, se aseguraba, no contaban las arcas estatales ni federales.

Al no haber respuesta, el plantón magisterial inició el 22 de mayo y se prolongó por 24 días, hasta que el 14 de junio ocurrió el intento de desalojo de las calles del Centro Histórico de la ciudad de Oaxaca por parte de la policía local, que culminó con la reconquista de la plaza por el magisterio y la radicalización acelerada del conflicto.

Foto: EFE

Paralelamente a esos hechos, cientos de organizaciones habían esperado el momento para iniciar el cobro de facturas pendientes al gobierno del estado por diversas circunstancias, todas relacionadas con dinero, prebendas políticas y chantajes. Prácticamente en todos los sexenios, el gobierno de Oaxaca había mantenido en calma a las organizaciones con el otorgamiento de dinero "para proyectos productivos" y prebendas a los líderes de alrededor de 360 grupos indígenas, campesinos y de lucha social, los cuales sumaban más de 400 millones de pesos anuales.

Ulises Ruiz, gobernador de Oaxaca, sin calcular el alto costo y los innumerables efectos a futuro, terminó de tajo con esa práctica, sin buscar de modo efectivo la conciliación con esos grupos que mal que bien constituían un factor importante de estabilidad social, y que a partir de ese momento se declararían como organizaciones marginadas e inconformes con las políticas del gobierno estatal.

De ese modo, aunado a la suspensión de esos 400 millones de pesos del erario público local que año con año se entregaban a las organizaciones sociales como gastos sin comprobar, fue determinante la inexperiencia y la soberbia de varios servidores públicos, pero en particular de quien en ese momento fungía como secretario general de Gobierno, Jorge Franco Vargas, responsable directo del fracaso de la negociación inicial con el magisterio, el intento de desalojo y la cancelación de toda posibilidad de diálogo y entendimiento con los inconformes.

A la par de todas esas circunstancias se hallaba el cobro de facturas estrictamente políticas. De la dimensión que alcanzaron las organizaciones al amparo del poder público aparece la responsabilidad de algunos ex gobernadores, desde Heladio Ramírez hasta José Murat, todos emanados del PRI. No obstante, el grupo político más resentido y que ha jugado un papel fundamental de cobijo político abierto es el del ex mandatario y hoy diputado federal del PAN, Diódoro Carrasco, a través del senador por el Partido Convergencia, Gabino Cué Monteagudo, a quien Ruiz Ortiz venció por un corto margen de votación en las elecciones para gobernador en agosto de 2004.

Todos esos grupos políticos y organizaciones sociales, cada una por su lado, desde hacía meses estaban esperando el momento para ajustar cuentas con el gobierno de Oaxaca y en particular con Ulises Ruiz Ortiz.

Y así llegó el 14 de junio.

Desalojo e integración de la APPO

El intento de desalojo del 14 de junio fue la crónica de un fracaso anunciado. Cuando los reporteros del diario Tiempo, Iván Castellanos, Laura Gil y Patricia Domínguez, abordaron un taxi a las 11:30 de la noche del lunes 13 de junio y solicitaron al conductor que los llevara a las inmediaciones del Centro Histórico de Oaxaca, el ruletero, sin saber la actividad periodística de sus pasajeros, les advirtió:

Jóvenes, tengan cuidado que ahorita ya viene el desalojo.

Esa era la percepción que miles de oaxaqueños ya tenían horas antes del conflicto. Aun cuando la entonces secretaria de Protección Ciudadana, Alma López Vásquez, planteó los inconvenientes de un desalojo policiaco por el número de elementos a emplear y el posible efecto bumerán que esto podría ocasionar, altos funcionarios del gobierno del estado influyeron en el ánimo del gobernador Ruiz para que ordenara el operativo.

Ya en marcha el plan, a las tres de la mañana un convoy de la Policía Ministerial irrumpió en el Hotel del Magisterio, para tratar de aprehender al dirigente Enrique Rueda Pacheco, quien había escapado momentos antes del lugar. En ese sitio fueron halladas algunas armas de alto poder y cartuchos útiles. Una hora más tarde, alrededor de mil 500 elementos de la policía preventiva iniciaron la escalada sobre la base del plantón: el Centro Histórico. Pero el magisterio parecía estar avisado. Tuvieron tiempo para evacuar la zona y agruparse. En las primeras horas de la mañana la desigualdad era evidente: los cuerpos policiacos no podían hacer frente al creciente número de maestros que, a pesar de los toletazos y las bombas de gas lacrimógeno, terminaron replegándolos.

En el desalojo fue destruido un equipo de transmisión de una señal radiofónica clandestina que operaba el magisterio: Radio Plantón. Al ver inservibles sus aparatos y mientras el desalojo ocurría en el centro de la ciudad, una brigada del magisterio se apersonó en las instalaciones de Radio Universidad, propiedad de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), y a partir de ese momento asumió el control de esa frecuencia, calculando acertadamente el magisterio que a partir de ese acontecimiento la radio jugaría un papel determinante en el avance y consolidación de su movimiento ahora ya no encaminado a conseguir la rezonificación salarial, sino la renuncia del gobernador Ruiz por haberlos reprimido.

Así, luego de un día tenso en el que se paralizaron todas las actividades en Oaxaca, el magisterio se reagrupó, recibió el apoyo de todas esas organizaciones que estaban esperando un motivo para levantarse, y el 17 de junio, en el edificio Central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UABJO (emblemático por haber sido el recinto donde se formó profesionalmente Benito Juárez), se erigió la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, la APPO.

A la par de esas circunstancias, la Secretaría de Gobernación inició una mesa de negociación a la que no se quiso sentar el magisterio por estar presentes funcionarios del gobierno del estado, y de ahí la cadena de señalamientos, daños y agravios a los oaxaqueños se volvió creciente e interminable.

Se canceló toda posibilidad del regreso a clases, se iniciaron escaladas de violencia de ambas partes para tratar de contenerse o replegarse, la actividad turística y comercial prácticamente se esfumó, y la capital de Oaxaca comenzó a sufrir un deterioro acelerado en todos los sentidos, que hoy se mira por doquier al caminar por la "zona cero" del Centro Histórico, el cual se encuentra bajo el control total del magisterio y la APPO.

El papel de la radio

Al radicalizarse el magisterio y sumarse la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca a sus exigencias, tomaron conciencia plena de que la única forma en que lograrían atraerse de una base social importante, era la de acercarse a la población a través de un medio de comunicación.

Al principio, Radio Plantón jugó un papel medianamente importante porque servía únicamente como el instrumento de organización para el magisterio. Su corto alcance y lo específico de sus mensajes, hacían a Radio Plantón reducir su impacto a un sector muy específico de escuchas, que estaba interesado en las cuestiones laborales, sociales o políticas que se discutían dentro del magisterio.

Perpetrado el desalojo, fueron destruidos parcialmente los equipos que hacían posible esas emisiones clandestinas. Horas después de ocurrido el enfrentamiento en el centro de la ciudad, el magisterio ya había tomado el control de Radio Universidad, sin que el rector de la UABJO, Francisco Martínez Neri o el Consejo Universitario tomara alguna determinación para impedirlo o gestionar la devolución de las instalaciones, lo cual no ha ocurrido.

A través de las emisiones de Radio Universidad, el magisterio ensanchó los apoyos a su causa. Día y noche hacían la relatoría de los hechos, daban testimonios, denunciaban la acción represiva del gobierno del estado y llamaban a la población a respaldarlos en su lucha con su presencia en las marchas multitudinarias, y apoyos en alimentos, medicinas y dinero en efectivo para los manifestantes que resguardaban las instalaciones de esa emisora, el Centro Histórico y otras plazas y edificios públicos que mantienen ocupados.

Grupos de inconformes se manifestaron en varias ocasiones en las instalaciones de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) propiedad del gobierno del estado, hasta que el 1 de agosto se apoderaron formalmente de ella, anexando a partir de ese momento a la señal rebelde de Radio Universidad, las dos frecuencias radiofónicas y la señal de televisión oficial, que tenían alcance en prácticamente todo el territorio oaxaqueño.

Teniendo en su poder tres frecuencias radiofónicas y una de televisión, los mensajes de inconformidad y confrontación aumentaron. Ya no sólo se hablaba de la necesidad de lograr la salida del gobernador Ruiz, sino que se implementó el discurso socialista sobre la necesidad de un gobierno popular, inició la descalificación a todos los medios de información que no simpatizaban con su causa, se satanizó al priismo forjando la idea de que todos los agravios al movimiento, e incluso el simple hecho de no estar de acuerdo con ellos, eran producto de gente vendida y traidora al pueblo, que pertenecía al PRI o al "gobierno represor" del "tirano" Ulises Ruiz, y recomendando la confrontación y la amenaza como las vías para hacer valer sus derechos revolucionarios.

Sin embargo, lo más grave estaba por suceder. A pesar que desde la toma de las instalaciones y el uso ilegal de las señales de la CORTV, el equipo jurídico de esta institución descentralizada del gobierno estatal dio aviso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes e interpuso las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República por los delitos de competencia federal que se habían cometido en la CORTV, nada ni nadie impidió un solo momento esas transmisiones clandestinas y sediciosas ni bloqueó las señales ni hizo algo para recuperar las instalaciones.

Ocho días después de la toma de las instalaciones de la CORTV, un comando no identificado pudo ingresar, a pesar del resguardo, a las instalaciones de Radio Universidad rociando con ácido su transmisor para interrumpir esa señal.