Javier Esteinou Madrid
Antecedentes
Como parte del proceso de reforma del Estado, la Secretaría de Gobernación inauguró el 5 de marzo de
2001 la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación de Medios Electrónicos, cuyo objetivo, según el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, sería "lograr en el ámbito de un absoluto respeto a
las libertades y particularmente a la libertad de expresión una relación sana, transparente y responsable
entre el gobierno, los medios y la sociedad, para que a través de esta vinculación democrática se pueda
garantizar la certidumbre y la seguridad jurídica a gobernantes y gobernados". Según el gobierno, los acuerdos
alcanzados en este espacio se sustentarían en cinco grandes criterios: garantizar la libertad de expresión; transparentar
el otorgamiento de concesiones; contribuir al afianzamiento de la unidad nacional; el enriquecimiento de nuestra cultura y educación; el respeto a los principios humanistas, la dignidad de la persona y la unidad
de la familias; el fortalecimiento de las convicciones democráticas, y el desarrollo armónico de la ciudadanía.
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Foto: Cortesía
de El Universal |
La mesa de negociación quedó integrada por un representante de cada una de las siguientes
instituciones, con su respectivo suplente: Secretaría de Gobernación, Coordinación General de Comunicación Social de
la Presidencia de la República, Coordinación General de Imagen y Opinión Pública de la Presidencia de la
República, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de
la República, Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía de la Cámara de Diputados, Cámara de la
Industria de la Radio y la Televisión, Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la
Comunicación (Coneicc), Red Nacional de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales A.C., la sociedad civil
organizada, Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución
Democrática (PRD), Partido Verde Ecologista (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y el secretario técnico.
Después de varios análisis y discusiones entre los participantes, los temas acordados como agenda de
trabajo fueron siete: 1. Principios fundamentales; 2. Jurisdicción y competencia; 3. Participación social y
derecho ciudadano; 4. Concesiones y permisos; 5. Programación; 6. Medios de Estado, y 7. Competencia económica.
La Mesa tuvo un carácter consultivo y no deliberativo: su objetivo fue elaborar un anteproyecto de ley
de reforma integral de los medios electrónicos, lo más equilibrado posible entre todos los diversos sectores
que participaron. En la preparación de esta propuesta "se buscaría el consenso de todas las fracciones
parlamentarias y el punto de vista de los sectores involucrados, así como de los concesionarios de los medios de
comunicación". Luego, la propuesta sería enviada al Congreso para su discusión y posible aprobación. El Poder Legislativo
sería la única instancia con autoridad definitiva para votarlo o no como ley.
Propuestas de la sociedad
Durante más de un año y medio de análisis y reflexión de todos los involucrados, los participantes
presentamos diversos proyectos para construir otro marco jurídico; hubo consenso en varios acuerdos fundamentales.
Entre los aspectos más importantes que la academia y la sociedad civil presentaron figuran los siguientes planteamientos:
1. Realizar una profunda reforma integral del marco normativo de los medios de comunicación
electrónicos y no sólo una revisión que parta del contexto jurídico de la actual LFRyT, ya que se estaría tomando como
modelo una ley y un reglamento viciados que se elaboraron, respectivamente, en 1960 y 1973, sin la participación
de los grupos ciudadanos. Por consiguiente, se debe crear un nuevo cuerpo jurídico en radio y televisión
que conserve como ejes de concepción, funcionamiento, responsabilidad y evaluación de los procesos de
radiodifusión, el espíritu de los artículos 3, 6, 7, 25, 27, 28, 42, 48 y 133 constitucionales, que permiten incorporarlos
dentro del proyecto integral de nación y no como simples empresas de entretenimiento, difusión, información
o negocio. Hoy, la historia reprimida de la expresión nacional debe aflorar a través de una nueva ley de
comunicación social.
2. Definir una propuesta normativa de comunicación social para radio y televisión que considere
como derechos ciudadanos las garantías comunicativas básicas establecidas en los artículos 6 y 7
constitucionales, sobre el derecho a la información y la libertad de expresión. Dichas garantías deben ser reconocidas como bienes públicos a los cuales podrán acceder todos los mexicanos y no como una facultad discrecional del Estado,
que la puede ejercer o no según sus intereses coyunturales en los medios electrónicos.
3. El Poder Legislativo debe limitar constitucionalmente las facultades discrecionales del Ejecutivo en el campo de la comunicación colectiva, para crear un marco normativo más democrático y justo en
el funcionamiento de los procesos de comunicación social.
4. Crear un Consejo Nacional de Comunicación Social, con estatuto de organismo público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, de formación plural, que norme la actividad de los diferentes medios,
reglamente el derecho de réplica, sea resolutivo en controversias sobre la materia, establezca los criterios para el
otorgamiento de las concesiones y sea corresponsable en la vigilancia de la LFRyT.
5. Crear la figura del defensor del
auditorio, que funcionaría como un ombudsman interno encargado
de vigilar la observancia de los códigos deontológicos y de servir de vehículo de intermediación entre el
auditorio y el medio para los casos de conflictos informativos.
6. Garantizar la transparencia e imparcialidad en el régimen de otorgamiento, renovación, revocación
y manejo de las concesiones y permisos de radio y televisión, mediante reglas claras, que al mismo
tiempo otorguen seguridad jurídica a los interesados y que en su asignación se tomen en consideración las
necesidades de los ciudadanos
7. Concluir con la forma discrecional de entregar las concesiones de radio y televisión por parte de
la Presidencia de la República y otros órganos de gobierno.
8. Legislar para que los medios públicos sean del Estado y no de gobierno. Para ello, es necesario
reformar la naturaleza jurídica de los medios financiados con recursos públicos, de tal suerte que se termine con
la representación única del Poder Ejecutivo federal en todos los procesos de toma de decisiones.
9. Crear los mecanismos legales necesarios para garantizar formas de acceso ciudadano a cada uno de
los medios públicos, a efecto de garantizar la libertad de información establecida por el artículo 7 de la Constitución.
10. Introducir en todas las estaciones de radio y televisión el derecho de réplica y su respectiva reglamentación.
11. Modificar el artículo 13 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para crear la figura jurídica de
Medios No Lucrativos que permita que otros actores sociales tengan acceso a los medios de comunicación. Estos
medios podrán recibir apoyos económicos del Estado y otros sectores y podrán comercializar sus servicios.
12. Crear la figura jurídica viable de radio comunitaria, a través de una ley federal separada de la LFRyT.
En caso de que no sea posible, habrá de incorporarse la figura de radio comunitaria en aquella legislación.
13. Incorporar a la LFRyT la obligación que el gobierno federal presente cada año ante el Congreso de la Unión su gasto público en materia de radio y televisión.
14. A partir del espíritu de los artículos 3, 6 y 7 constitucionales se requiere proponer reformas a la
legislación vigente relativa a los derechos de terceros, a la dignidad personal, la calumnia, la injuria y el respeto a la
vida privada, así como determinar las responsabilidades de los comunicadores al informar.
15. Incluir en la LFRyT al artículo 3 constitucional como un parámetro fundamental para vigilar la difusión
de los contenidos en los medios electrónicos.
16. Garantizar el respeto al libre ejercicio profesional del informador y facilitar su acceso a las fuentes
de información públicas y privadas.
17. El Estado debe fortalecer y ampliar el esquema de medios de servicio público para cumplir con su
función de rector nacional y equilibrar el funcionamiento del modelo de comunicación de mercado.
18. Exigir el uso transparente y equitativo de tiempos del Estado en radio y televisión, legales, fiscales y electorales y revisar la aplicación y vigencia del tiempo llamado fiscal.
19. Aprovechar el 12.5% de los tiempos oficiales para que el Estado fortalezca y amplíe el esquema de
medios de servicio público.
20. El Estado debe abrir la participación de la sociedad civil organizada en los medios, a través del uso de
los tiempos oficiales y otras modalidades.
21. Discutir en el Congreso y en los diversos sectores de la sociedad civil qué políticas aplicar para el uso de los diversos tiempos oficiales con el fin de construir con éstos un amplio sistema de Medios de
Comunicación de Estado de Servicio Público dentro de la actual infraestructura de medios comercial-privados.
22. Rescatar y ampliar los pocos espacios que se han dedicado a la difusión y construcción de valores
plurales y cívicos, vía los medios masivos, y proponer alternativas para impulsar la edificación de una cultura
cívico democrática más madura en nuestro país.
23. Promover la creación de órganos plurales con participación de la sociedad civil en la vigilancia de
la normatividad relacionada con el funcionamiento global de los medios de comunicación.
24. Impulsar el respeto irrestricto a la privacidad de los ciudadanos que impida exhibirlos ante la
sociedad, vía los medios, de manera morbosa, injuriosa o difamante.
25. Rescatar y preservar la memoria histórica de nuestra sociedad como parte del derecho a la información.
26. Definir en la nueva LFRyT las condiciones jurídicas para que los pueblos y las comunidades
indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de radio y televisión, como lo señala el nuevo artículo 2,
inciso B.-VI de la Constitución que reconoce los derechos y la cultura indígena.
La reaccion antiética del Estado
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Foto: Jorge
Arciga/Notimex |
Sin embargo, en plena fase del proceso de trabajo y deliberación de las propuestas en la Secretaría
de Gobernación, el 10 de octubre, en la comida anual de la CIRT, el presidente Vicente Fox anunció
sorpresivamente la expedición de un nuevo acuerdo presidencial sobre el manejo del 12.5% de los tiempos de Estado y un
nuevo reglamento para la Ley Federal de Radio y Televisión, que dejó de lado la iniciativa de reforma integral,
instalada por Gobernación, y derogó los marcos jurídicos anteriores, ocasionando las siguientes repercusiones para
la transición a la democracia:
1. Se regresó al viejo esquema bilateral viciado entre gobierno y concesionarios para resolver la agenda
de los problemas de la comunicación y se desconocieron los acuerdos trilaterales aceptados, ética y
moralmente, entre el Ejecutivo, sociedad y los propietarios de los medios, que el gobierno del presidente Fox junto con
otros actores sociales se comprometieron a impulsar y a respetar trilateralmente desde principios de su gestión.
2. Se reglamentó de forma oscura, autoritaria y mentirosa una parte medular de la libertad de expresión
y del derecho a la información que son garantías ciudadanas elementales.
3. Se desconocieron las decenas de propuestas específicas de los sectores representados en la Mesa
de Diálogo. Con ello, se canceló todo el esfuerzo y los acuerdos políticos que por consenso se habían
alcanzado entre los participantes, y se despreciaron las vías del diálogo entre los diversos actores sociales para
reformar al Estado, premiándose al viejo autoritarismo del siglo XX.
4. El gobierno de la transición a la democracia reveló que no tiene calidad ética y moral para sostener
sus compromisos públicos con la sociedad, y valor para defender los derechos de comunicación elementales de
la ciudadanía ante los voraces intereses de mercado de los grandes concesionarios de los medios. El gobierno
se burló y humilló a la sociedad que busca medios de información para comunicarse y evitar las rupturas de
la institucionalidad nacional.
5. Una vez más se demostró que no existe voluntad política de cambio en la cúpula del poder en esta
materia, pues se regresó al antiguo esquema de comunicación excluyente, en el cual la sociedad no quedó
representada para crear otro modelo de comunicación y se continuó privilegiando el modelo de comunicación de mercado.
El Poder Legislativo fue sustituido por la CIRT y el Ejecutivo para elaborar dicho marco normativo y
reformar al Estado en materia comunicativa, favoreció a los tradicionales monopolios informativos y marginó a
la sociedad que espera con buena fe desde hace cuatro décadas esta oportunidad histórica.
En síntesis, el nuevo marco normativo conserva, refuerza y actualiza para las próximas décadas el viejo
modelo de información que ha durado 50 años en el país.
De aquí, la enorme importancia de realizar como mínimo dos estrategias. Primero, que los ciudadanos
exijan a los diversos partidos políticos representados en el Congreso que legislen con gran equilibrio, justicia,
pluralidad, transparencia y democracia la operación de los medios. Segundo, el Congreso tiene la enorme
responsabilidad de elaborar una nueva Ley Federal de Radio y Televisión.
De no considerarse estas demandas en la Mesa de Diálogo para la Revisión Integral de la Legislación
de Medios Electrónicos, encontraremos que en plena fase de modernización nacional se habrán modificado
las estructuras económicas, políticas, jurídicas, tecnológicas, etcétera de nuestra sociedad, pero no se
habrán transformado las estructuras mentales profundas que, en última instancia, son las que sostienen y le dan
vida a nuestra comunidad. Bajo estas circunstancias la sociedad mexicana estará avanzando con los "ojos
vendados" por un precipicio muy peligroso y dentro de algunos años veremos y sufriremos las consecuencias
devastadoras que habrá dejado sobre nuestras conciencias y comportamientos colectivos la presencia del funcionamiento desregulado de la lógica de mercado en el terreno cultural y espiritual de nuestro país.
Diciembre 2008
Reforma de papel
