Inventos

Exagerar es un recurso (siempre cuestionable) del periodismo sensacionalista, pero inventar es una transgresión ética y profesional que desvirtúa el trabajo informativo, atenta contra el derecho de los lectores y, en el caso que sigue, ignora procesos que no son llamativos ni llaman al escándalo, pero que son efectivos porque constatan avances.

Esta nota se publicó en la revista Proceso, el pasado 24 de octubre, es una distorsión informativa que, sorprende, la hizo un estudioso de los medios de comunicación. En realidad, la nota correspondería a lo que sucedió de marzo de 2002 a diciembre de 2003 cuando, ciertamente, las radios comunitarias sufrieron el acoso del gobierno y del Ejército, como consta en el seguimiento que etcétera le ha dedicado al asunto de entonces a la fecha. Si la nota se hubiera redactado en esas fechas, sin duda, habría sido oportuna, pero el autor no lo hizo cuando escribía en La Jornada.

En lugar de leer, investigar y verificar, el reportero hizo afirmaciones ligeras que presentó como reportaje. Escribió sin conocimiento, y el donaire escandaloso suscitó el desconcierto de las autoridades y obligó a la aclaración respectiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, como consta en los diarios del 25 de octubre.

La influencia política de Proceso es digna de causas documentadas. Veamos.

En enero de 2004 inició un proceso de diálogo entre la AMARC y las secretarías de Gobernación y Comunicaciones y Transportes. Desde entonces las radiodifusoras transmiten sin sufrir acoso alguno ni del gobierno ni del Ejército. Incluso, en ese entorno de diálogo, en septiembre de este año diez estaciones entregaron sus expedientes a efectos de obtener los permisos y la SCT está a punto de entregarlos, al menos, hasta el cierre de esta edición (28/X/04).

El autor de la nota de Proceso entrevera información de septiembre de 2000, junio de 2002 y marzo de 2003, cuando, en efecto, la SCT buscaba cerrar estaciones comunitarias. Pero en ningún caso, porque no podía, ofrece algún dato ocurrido en 2004 para sustentar lo que afirma. Además, sorprende que el reportero incluyera los dichos del secretario de Gobernación del 6 de octubre, pero los desestimara:

"... hemos aplicado la ley para recibir y dar el trámite correspondiente a las solicitudes de permiso para la operación de emisoras que algunas comunidades y organizaciones sociales han presentado en pleno ejercicio de sus derechos."

Más aún, el reportero de aquel semanario no toma en cuenta lo que a él le dijo su propia entrevistada, Aleida Calleja, representante de la AMARC en México. (Por cierto, la organización es Mundial y no "Mexicana", como escribió el autor de la nota.) Desde hace varios meses Aleida Calleja, colaboradora habitual de etcétera, ha escrito sobre el diálogo entre AMARC y el gobierno federal que ha arrojado la expectativa de recibir los citados permisos. Incluso, el último párrafo de la nota de Proceso publica esta declaración de Calleja:

"Aunque nos den los diez permisos, ésta será una solución de coyuntura. Mientras no se cambien las reglas (...) existe el riesgo permanente de que volvamos a ser vistos como delincuentes o clandestinos."