José Woldenberg K.

1. La equidad en el acceso a los medios es una de las condiciones para la existencia de una competencia política auténtica.

En una sociedad con más de 60 millones de electores y de la dimensión territorial de México ninguna campaña electoral puede ser exitosa si queda fuera de las pantallas de la televisión y de las ondas de la radio; la democracia es impensable sin los medios de comunicación.

La trascendencia de los medios sobre la competencia política no es nueva, pues desde que el legislador se propuso construir un verdadero sistema de partidos y los reconoció como entidades de interés público, les concedió dos prerrogativas fundamentales: el financiamiento estatal y la presencia en radio y televisión, cuya normatividad no dejó de modificarse en la legislación electoral.

Aunque siempre estuvo presente en el debate nacional, fue tras la elección de 1994 cuando el tema de la equidad se colocó en el centro de la discusión de los partidos como un asunto pendiente de la reforma democrática. En ese momento ya se habían resuelto los principales problemas organizativos que hasta entonces obstaculizaban la transparencia electoral, como la falta de un padrón confiable o la presencia de una autoridad electoral donde los partidos acudían con voto como juez y parte. Sin embargo esos progresos no eran del todo suficientes; para asegurar una auténtica competencia pluralista era esencial equilibrar las condiciones de la competencia. El avance en este terreno es, quizá, el más significativo de la profunda reforma constitucional y legal de 1996, donde se construyeron una serie de dispositivos a través del financiamiento público y del acceso a los medios de comunicación masiva que permitieron que las campañas de 1997 y 2000 fueran las más equitativas de nuestra historia. Pero, como en todo, el haber llegado a esa meta no quiere decir que el tema de la equidad haya sido resuelto de una vez y para siempre.

2. A raíz de la publicación de etcétera correspondiente al mes de noviembre, se desató un debate acerca de si las televisoras, o alguna de ellas, aplicaron a los partidos políticos tarifas a partir de las cuales pudo haberse visto dañada la equidad en la contienda del año 2000. Esa información fue reproducida por diversos medios, impresos y electrónicos. Por ello es del todo necesario revisar la fuente originaria de la discusión.

La información que llamó la atención se obtuvo de un procedimiento metodológicamente incorrecto. Veamos. El precio que pagan los partidos políticos a las empresas televisivas donde contratan tiempos y espacios no puede desvincularse de los siguientes factores: los términos del pago; el volumen de la compra; el horario; el canal; la duración al aire del mensaje; el tipo de mensaje, y transmisión a nivel nacional o local.

Si es así, la manera de estimar el precio de cada spot no puede ser una media simple, una mera división, en cuyo numerador se ponga el pago total de un partido a una televisora y en el denominador un número de "n" de promocionales como si éstos fueran idénticos.

Ello es tan evidente, que la división aplicada no sirve ni siquiera para determinar el precio de los refrescos: los hay grandes, medianos y pequeños, en envase desechable o en envase retornable, en lata o en botella, por unidad o por paquete. Recurro a este ejemplo extremo para ilustrar que la fuente de la discusión es producto de un cálculo mal hecho. Así fue reconocido en una carta pública de etcétera, donde reconoció que no contaba con toda la información necesaria para estimar el precio unitario de los spots en la televisión y, por tanto, que la operación realizada contenía un sesgo. Por desgracia, esta oportuna aclaración no fue retomada por todos los medios que habían dado a conocer la primera información.

Para definir el precio de un spot de televisión, el tipo de cálculo que procedería aplicar es, en el vocabulario matemático, una función compuesta. En ese caso habría que construir distintas ecuaciones multivariadas, incluyendo como variables independientes el horario, el canal, la duración del mensaje, y las demás ya enunciadas, hasta aplicar todas las combinaciones pertinentes entre variables.

Pero para dibujar esa función se necesita conocer el valor de cada una de las variables independientes (horario, canal, duración del mensaje, tipo de promocional) y cuál es su ponderación específica en cada combinación (o ecuación) para inferir el dato de salida, el precio. Al no disponer de información detallada acerca del valor ni la ponderación de cada una de las variables mencionadas, no es posible estimar el precio de las tarifas unitarias que se aplicaron durante el 2000.

3. Como refleja el informe que la Comisión de Fiscalización del IFE presentó ante al Consejo General del Instituto en su sesión del 27 de noviembre, si bien no es posible estimar el precio unitario por promocional, hay información muy sugerente que permite tener aproximaciones a lo que ocurrió con la compra de espacios en televisión durante la campaña electoral federal del 2000.

En el citado informe, los ejemplos acerca de la diferencia de tarifas son elocuentes: un anuncio de 20 segundos en el Canal 2 de Televisa a las diez de la noche fue ofertado, de acuerdo con el catálogo de tarifas que fue hecho público en enero del año 2000, en los meses más intensos de la campaña, en 260 mil pesos. Un segmento de esa misma duración, en la misma empresa, durante las mismas fechas, pero en el Canal 4 a las dos de la tarde costó cinco mil pesos. Es decir, una variación en el precio de más de cincuenta veces: con una suma idéntica pero en canal y horario distintos, en la misma televisora, un partido podía haber comprado uno o 50 anuncios.

En el caso de TV Azteca, por su parte, el precio anunciado en cualquiera de sus dos canales a las diez de la noche fue de 240 mil pesos y de 95 mil pesos a las 14 horas. De nuevo, con el mismo dinero se podía comprar en un canal un solo anuncio, o más de dos si se escogía otro horario.

De estas observaciones se desprende que en ningún caso puede pretenderse un único y mismo precio para los distintos promocionales, ni en la misma televisora ni aun en el mismo canal.

La información que en un primer momento entregó el IFE permitía distintos análisis que sacaran a la luz conclusiones importantes. Por ejemplo, las preferencias de los partidos por empresas y canales, el monto del esfuerzo financiero que implica aparecer en la televisión por tiempo adicional al que otorga el Estado, pero no fue así.

Sin duda alguna, la información contribuye a la transparencia y a la legitimidad de la contienda política y del sistema de partidos. Es por ello que en el Instituto Federal Electoral es una política irrenunciable producir y difundir información cierta, pero es evidente que cuando la información llega a ser tratada sin rigor metodológico, se crea confusión y nada aporta a un debate racional e informado, el que conviene a la democracia. De ahí que sea oportuno reconocer que los profesionales de los medios deben ser meticulosos, incisivos en la noticia y en el seguimiento que hacen de la contienda política, pero que a la vez requieren ser cuidadosos y rigurosos consigo mismos en el tratamiento de la información.

El citado informe de la Comisión de Fiscalización también revela los horarios y canales de televisión donde aparecieron los mensajes de los partidos y coaliciones en el 2000. Basten algunos datos para ejemplificar que no se dieron compras homogéneas y, por tanto, comparables automáticamente. De los promocionales contratados con la empresa Televisa, la Alianza por México concentró 60.66% en el canal de mayor audiencia, el 2, y 77.77% en el horario con mayor número de telespectadores. La Alianza por el Cambio en la misma empresa ubicó sólo 33.36% en el canal de mayor alcance y 60.38% en los llamados horarios estelares. El PRI, por su parte, destinó 42.16% de sus anuncios al Canal 2 y 51.34% a horarios de máxima audiencia. Es decir, la Alianza por México adquirió en términos relativos 25% más de sus anuncios que el PRI en horario de mayor audiencia, y más de 27% de sus promocionales que la Alianza por el Cambio en Canal 2. Así, se puede inferir que la Alianza por México puso énfasis en la calidad de los espacios que compró antes que en la cantidad.

4. Nunca se insistirá demasiado en que todo esfuerzo y toda medida para asegurar la equidad en el acceso a los medios debe ser bienvenida y cualquier posible anomalía debe corregirse de inmediato.

Como ocurre con otros aspectos de la vida política y electoral, en el asunto de los medios quizá no será factible arribar a una fórmula definitiva, de validez permanente, que sirva para darle solución a las distintas aristas que una situación dinámica suele presentar. Pero hay mejoras que pueden hacerse sin esperar a que las instancias legislativas ajusten las normas vigentes.

Es por ello que el Instituto Federal Electoral, antes de que inicien las campañas electorales del año 2003, va a revisar una reforma al reglamento de fiscalización para que se determine la obligación de los partidos políticos de requerir a los concesionarios, con los que contraten tiempos y espacios, que se especifique el precio de cada uno de los promocionales que compren. De esta forma, no habrá duda acerca de la manera en que se fijan los precios para cada una de las ofertas políticas contendientes.

El tema de los medios es indisoluble del debate de la democracia. En México, el legislador ha diseñado múltiples medidas para asegurar una presencia adecuada de los partidos y sus candidatos en los medios de comunicación electrónica: desde programas permanentes con cargo al Estado hasta la posibilidad de que los partidos por su cuenta adquieran espacios, pasando por los programas especiales, los programas adicionales durante las campañas y por la creación de un contexto de exigencia hacia los medios, a partir de los lineamientos aplicables a los noticieros y del monitoreo del IFE.

Los avances han sido significativos en los últimos años: ha quedado atrás la exclusión de ofertas y los medios reproducen cada vez más a las distintas voces y opciones políticas.

Es conveniente, sin embargo, continuar ajustando las medidas para que la equidad en la competencia se mantenga y se reproduzca, pues ello es garantía de campañas abiertas, sin exclusiones, donde cada partido y candidato gane o pierda, en una contienda intensa, por decisión exclusiva de los ciudadanos.

José Woldenberg K. es consejero presidente del Instituto Federal Electoral.