Otra demanda contra Reforma

El 8 de mayo, Alejandro Junco de la Vega compareció ante el Ministerio Público de la Procuraduría capitalina en calidad de presunto responsable del delito penal de difamación. El presidente y director general del Grupo Reforma fue citado a declarar por la denuncia que en su contra presentó el diputado local del Estado de México, Carlos Galán Domínguez.

Esto ocurrió por una nota que publicó Reforma el 17 de septiembre de 2001 con el encabezado: "Reparte Congreso bonos irregulares", con la firma de los reporteros Enrique I. Gómez y Humberto Padgett, a quienes también acusó el legislador. La nota asegura que Carlos Galán Domínguez "habría sido uno de los beneficiarios de esos bonos irregulares".

Luego de rendir su declaración, Junco de la Vega afirmó: "Los procesos penales contra periodistas que expresan su pensamiento y cumplen con su función social son un ataque a los derechos humanos y a la libertad de prensa". Enseguida dijo: "Es increíble que cualquiera de ustedes, periodistas, pueda compartir la celda de una persona que ha asesinado, que ha violado y que ha secuestrado". Finalmente aseguró: "No queremos impunidad, por el contrario, la protección al honor debe estar garantizada pero sólo a través de sanciones civiles, y jamás de cárcel".

Para valorar el asunto vale la pena considerar que la nota que motivó la demanda no sustentó la acusación hecha contra el legislador mexiquense. Al contrario, distorsionó una información que, entonces, no puede considerarse como parte de una encomiable "función social". Al momento de redactar esta nota los editores de Reforma no reconocen su equivocación.

En el marco de cualquier ejercicio de la libertad, existen derechos y obligaciones. Independientemente de que se esté o no de acuerdo con la normatividad vigente, eso no da sustento para transgredirla sin ser sujeto de la aplicación de la sanción correspondiente. El Código Penal federal contiene dos figuras delictivas relacionadas con el honor de las personas: la difamación y la calumnia. Naturalmente, las sanciones no equiparan a cualquier hipotético infractor de esa ley, sería un disparate, con un secuestrador u homicida como el célebre "Mochaorejas".

Más allá del histrionismo del señor Junco de la Vega e incluso de que se llegue a modificar la ley como él sugiere, el asunto es que Reforma se equivocó al acusar sin ofrecer pruebas.