¿Más dinero de Arvide
a beneficencia pública?

El pasado 18 de agosto, Isabel Arvide fue detenida en el aeropuerto de la ciudad de Chihuahua y llevada al penal Aquiles Serdán de esa entidad. El juez segundo penal le dictó auto de formal prisión al acreditarla como responsable del delito de difamación cometido en perjuicio de Osvaldo Rodríguez Borunda, propietario de El Diario de Chihuahua.

La demanda interpuesta por Rodríguez Borunda fija una multa de 30 millones de pesos como reparación al daño moral que le causó Arvide por un artículo suyo publicado en Milenio el 3 de junio de 2001. En esa ocasión, la columnista aseguró la formación de un nuevo cártel en Ciudad Juárez, al que pertenecía el director de El Diario de Chihuahua; un día después, Milenio le ofreció disculpas a Rodríguez Borunda por la publicación de ese texto y se deslindó de lo que en él aseguró la señora Arvide (etcétera, noviembre, 2001).

La sanción penal a la que se haría acreedora Arvide, en caso de que el Ministerio Público demuestre su culpabilidad, va de seis meses a dos años o el pago de una fianza. Si prospera la denuncia, el director de El Diario de Chihuahua dijo que destinará el monto de la multa a instituciones de beneficencia pública. (Algo parecido le ocurrió a Arvide cuando perdió una demanda similar con Sasha Montenegro, esposa del ex presidente José López Portillo.)

Arvide consiguió la libertad provisional al pagar una fianza de 100 mil pesos. La articulista asegura en su página de Internet que fue detenida de manera violenta y sin orden de aprehensión, por más de ocho o diez sujetos, "todos altos y robustos", quienes, según ella, la subieron por la fuerza a una camioneta para trasladarla a la prisión, donde permaneció 24 horas sin conocer el documento por el cual fue presa. En diversos foros Arvide ha sostenido su acusación contra Osvaldo Rodríguez y ha dicho que fue "entregada" por Roberto Madrazo, el líder nacional del PRI, a quien, ese 18 de agosto, acompañaba en una gira de trabajo.

Las razones de su detención están en los cauces legales. El litigio se desarrollará entre el ejercicio de la libertad de expresión y el daño que genera cuando ésta no se desarrolla con patrones éticos y profesionales y, entonces, deviene en injuria (como parece ser éste el caso). Otro asunto está en los señalamientos de la señora Arvide quien asegura que, en su detención, las autoridades incurrieron en irregularidades lo cual, de ser así, también debiera sancionarse.