etcétera

Ricardo Raphael

Si bien ya sabíamos de su existencia, nunca antes se había exhibido con tanta nitidez, a todo color y con todos sus matices, una de las prácticas más viejas y comunes de la política mexicana: la cleptocracia.

Las imágenes de corrupción que recientemente invadieron las pantallas de televisión expusieron sin disfraces ni caretas los usos y costumbres de una buena parte de la clase política mexicana a quien le parece totalmente aceptable tomar recursos públicos para beneficio de sus personas y de las mafias a las que pertenecen.

Se ha tratado de un escándalo político en todas sus dimensiones. En mucho se debe a que el tema reúne condiciones para calar muy hondo en la opinión pública. El asunto de los videoescándalos es una manifestación lamentable de uno de los principales vicios que padece el espacio público mexicano: muestra el cinismo con el que hoy en día los buscadores de votos actúan para mantenerse en el poder.

Cuando la sociedad se gobierna por una definición enana de democracia, quien obtiene la mayoría de los votos se convierte el propietario único de la razón política. Y si, como comúnmente ocurre, esta noción contrahecha se despliega en las entrañas de un régimen institucional incipiente, la razón política tiende a convertirse en razón legal y hasta en razón de Estado. Por eso, en un sistema donde impera la versión empequeñecida de la democracia, los políticos se permiten transgredir cualquier regla con tal de ganar la mayoría.

En contraste, cuando una sociedad se conduce a través de una definición amplia de la democracia, los buscadores de votos se autoimponen límites rigurosos a la hora de acudir a la competencia. Ellos saben que la sociedad valora el imperio de la ley por sobre todas las cosas pues representa el arma más eficaz para evitar los abusos de poder. Por eso es que en una democracia donde los electores priorizan la razón legal sobre la razón política es mucho más difícil transgredir los límites de la ley sin pagar costos elevados en las urnas.

En una democracia consolidada, el respeto a la legalidad por parte de la ciudadanía se convierte en un poderoso cernidor del comportamiento de los políticos, a tal punto que éstos llegan a competir por convencer sobre quién tiene mayores cualidades para someterse al imperio de la ley. Se trata obviamente de una pugna en el terreno de lo simbólico que precede a la batalla por los votos.

Los políticos mexicanos vienen de actuar bajo un régimen donde ni los votos ni la legalidad importaban para ganar el poder. El mapa simbólico era muy distinto al actual. Después de la transición, la mayoría de la clase política quedó atrapada por una visión reduccionista de la democracia y sólo una pequeña parte de quienes se dedican al gobierno de los asuntos públicos se ha hecho cargo del papel que juega la legalidad, en tanto que elemento simbólico, en el campo magnético de los significados políticos.

En estos tres tramos de la significación democrática están divididos quienes se dedican al negocio de la política mexicana. Los que aún no se enteran de que ocurrió la transición, los que asumen que en la democracia sólo la popularidad cuenta y los que intuyen que, para hacer política en un régimen plural, se requiere de algo más que entusiasmar a través del carisma y las dádivas.

Durante los últimos años Andrés Manuel López Obrador demostró tener conciencia de la mutación en los mapas simbólicos de la sociedad mexicana. La frase con la que construyó su imagen pública fue la de la "honestidad valiente". A través de esta expresión advirtió que estaría dispuesto a enfrentar con vigor los abusos de poder y la corrupción. No resultan difíciles de entender los altos índices de popularidad que hasta hace unas semanas traía el jefe de gobierno del Distrito Federal si se parte del hecho de que su personaje encarnaba los deseos de quienes en nuestro país aspiran a vivir en una democracia consolidada.

Sin embargo, y esto es precisamente lo que han develado los videos, honestidad en el discurso no significa legalidad en la acción cotidiana. El primero puede ser un atributo discursivo de la persona, el segundo es obligadamente un referente que califica al modo de relacionarse cotidianamente con la ley. Si por algo fueron pólvora pura las imágenes que exhiben delinquiendo a colaboradores cercanos al jefe de gobierno es porque muestran que su capital simbólico está sostenido sobre pies de barro.

Pero lo más sensible, por lo que este escándalo político ha seguido teniendo vida, tiene que ver con la estrategia con la que López Obrador ha enfrentado la crisis política más grave de su gobierno. En lugar de aceptar con humildad las equivocadas actuaciones de sus colaboradores y, a partir de ahí, construir un discurso que demostrase su apego a la legalidad, lo que el jefe de gobierno ha hecho es mover estos incidentes hacia el contexto de la lucha electoral. Es decir, hacia el territorio de la pugna por los votos y no hacia el continente de la competencia por los significados.

Si en lugar de haber dirigido su discurso como lo ha hecho, López Obrador hubiese centrado su participación en este espectáculo hacia una defensa "valiente" de la legalidad aun en contra de los suyos es muy probable que lo sucedido le hubiera provocado menos daño en su carrera hacia la Presidencia.

El espectáculo político se nutre de la transgresión tanto a las normas como a los mapas simbólicos de la sociedad. Los videos presentados las últimas semanas han tenido formidables resultados precisamente porque apelan a ambos elementos. Son, por una parte, evidencia incontrovertible de un capital simbólico mal fundado y, por la otra, muestras de desapego a la legalidad expresadas en la estrategia utilizada para protegerse de la tormenta política.