La política de comunicación social del gobierno de Vicente Fox tiene como base la aplicación de tres principios fundamentales:

1. El derecho de la sociedad a la información.
2. El derecho social a la libre expresión.
3. El derecho ciudadano a participar en las decisiones públicas.

La gente quiere saber la verdad de lo que hace el gobierno y tiene todo el derecho. Un gobierno que aspira a ser democrático no puede limitar, y mucho menos coartar, la libertad de expresión. El nuevo gobierno entiende la libre expresión de las ideas como un derecho que todo mexicano tiene desde el momento mismo de su nacimiento, no como una concesión otorgada por los funcionarios públicos.

La libre expresión de ideas, opiniones y pensamientos incluye la crítica a la autoridad, el debate público, el libre intercambio de ideas y el derecho a la diferencia.

Una sociedad libre no puede existir sin medios de comunicación libres.

No permitiremos la impunidad, mucho menos la censura

Los medios de comunicación seguirán teniendo como función principal la difusión de información, cultura, educación y entretenimiento, reflejando siempre la diversidad de opiniones.

Tenemos claro que los medios son un negocio. No estamos en contra de su derecho lícito a obtener utilidades. Sin embargo, es claro que los medios también tienen una responsabilidad social. Desde esta perspectiva es preciso que los medios no confundan el interés público con el interés comercial. Debemos procurar, en todo momento, que sean intereses complementarios.

Estamos seguros de que la libre competencia es un factor esencial para fortalecer el ejercicio honesto de la actividad que llevan a cabo los medios de comunicación.

Concebimos la información noticiosa difundida por los medios de comunicación como un servicio público, con una clara separación entre la información y la opinión.

La transición requiere de la participación de todos

Por esta razón los mexicanos tenemos el derecho a participar en las decisiones públicas que nos afectan. Con información oportuna, clara y suficiente, tendremos la posibilidad de aportar nuestras ideas, opiniones, experiencias y sugerencias para el mejor logro de los grandes objetivos nacionales.
El gobierno y los medios de comunicación tenemos una meta común: estamos llamados a servir a la sociedad.

Transparencia: un gobierno de puertas abiertas

Un gobierno transparente es aquel que informa, rinde cuentas, escucha y está cerca de los ciudadanos. La democracia funciona mejor cuando el ciudadano tiene acceso a la información, pero sobre todo cuando la población en general tiene la posibilidad de ver, analizar y revisar lo que su gobierno hace. Todo ciudadano tiene derecho a solicitar y recibir documentación generada por el gobierno y a participar de las decisiones gubernamentales que le afectan de manera directa. La influencia que puede y debe tener el ciudadano en el gobierno no debe limitarse al día de la elección.
La transparencia va más allá. Por este motivo, es preciso abrir todos los canales y medios que el Estado tenga disponibles para hacer que el ciudadano tenga acceso a la información gubernamental y su voz sea escuchada y atendida.
La gente tiene el derecho de conocer las acciones que lleva a cabo su gobierno y de usar esa información para influir en aquellas decisiones que le atañen. Los ciudadanos también tienen el derecho de participar en el proceso político del país tanto como lo deseen. Y para hacerlo mejor, es necesario que cuenten con la información que les sea necesaria para ser parte activa de dicho proceso.

La transparencia trae consigo, entre muchas otras cosas, el derecho a saber quiénes forman parte de su gobierno, cuánto tienen, cuál ha sido su trayectoria, qué han hecho y qué piensan hacer los funcionarios de primer nivel.

El Presidente de la República pondrá el ejemplo

De la misma manera, debe quedar claro que el ciudadano y los medios no tienen el derecho de acceder a toda la información que está en manos del gobierno.

Se hará una detallada evaluación con el gabinete del Presidente de la República para definir la forma como el ciudadano podrá acceder a la información gubernamental y precisar aquellas excepciones en las que ésta se tendrá que negar. Por el equilibrio de poderes, queda claro que nuestra propuesta no podrá aplicarse a los poderes Judicial y Legislativo.

Realizaremos también las consultas que sean necesarias con el Congreso, con el Poder Judicial y con la sociedad en general para decidir cuáles de los expedientes se abrirán. Lo que imperará en todos los casos será la razón de Estado.

Por la facilidad que nos brinda la tecnología, uno de los primeros pasos que harán realidad la transparencia será el uso eficaz de Internet.

Una nueva actitud

La nueva actitud implica que todos ­instituciones públicas y privadas, medios de comunicación y sociedad en general­ estemos:

1) Abiertos a la crítica.

2) Tolerantes frente a las discrepancias.

3) En favor de la información objetiva, de los juicios fundados en hechos y datos, no de los rumores y mucho menos de las mentiras.
El gobierno federal hará lo propio, y en todo momento procurará informar con franqueza, de manera directa y oportuna. Además, pondrá en marcha todas las acciones que sean necesarias para mantenerse siempre cerca de la ciudadanía.

Relación digna que destierre la corrupción

Tenemos muy claro que a lo largo de los años se desarrollaron muchos vicios en la relación entre el gobierno y algunos medios de comunicación y que estas acciones fueron en detrimento de la información democrática, plural y transparente a la que todos los mexicanos teníamos derecho.

La transparencia está directamente vinculada con la honestidad. En la relación del gobierno con los ciudadanos y los medios que acudan por información, no habrá favoritismos, tratos especiales o actitudes corruptas.
Todos los ciudadanos y todos los medios tienen para el gobierno la misma importancia, cada uno desde su ámbito específico de acción. Tenemos claro que tanto la prensa escrita como los medios electrónicos van a públicos cada vez más diversos y segmentados, y que nuestro mensaje ha estado mejor diseñado en la medida en que hemos identificado y conocido mejor a cada medio.
Pero lo que no marca ninguna diferencia entre ellos es el respeto que medios y ciudadanos se merecen. Por lo tanto, es nuestra convicción que no existen ciudadanos o medios de comunicación ni de primera ni de segunda. Al igual que en el resto de la administración se aplicará todo el peso de la ley contra aquellos funcionarios o servidores públicos que cometan cualquier acto de corrupción en la política de transparencia informativa.

Más garantías a la libertad de expresión

El gobierno federal no limitará en ningún momento, en ningún medio y de ninguna manera la libertad de expresión. Acataremos lo dispuesto en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas:

"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y el de recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión."

El nuevo gobierno está consciente de que el marco legal que regula la libertad de expresión y el derecho a la información es insuficiente y está desfasado. Sabemos bien que es preciso y urgente contar con un nuevo marco legal acorde con el cambio que decidieron la mayoría de los mexicanos y con los desafíos que impone el desarrollo tecnológico en un mundo globalizado.
Pero el proceso de transición a la democracia no se agota en una reforma jurídica. La política de comunicación social del gobierno federal avanzará a pesar de las limitaciones legales. Esperamos lo mismo de los dueños, directivos y trabajadores de los medios de comunicación.

Todos los medios de comunicación tendrán independencia política.

La prensa tiene una enorme responsabilidad frente a sus lectores y audiencias.
Los que tenemos la obligación de informar no podemos ni debemos eludir nuestra responsabilidad social. Demostremos, juntos, que podemos estar muy pronto a la altura de las expectativas que los ciudadanos tienen en todos nosotros.

Para hacer plenamente efectivo el derecho a la información y la libertad de expresión se llevará a cabo una minuciosa revisión del marco legal vigente y se harán todas las consultas que sean necesarias para modernizarlo y adecuarlo a las necesidades del México del siglo XXI.

La obligación de informar

Primero, dará todas las facilidades para que los medios de comunicación puedan llevar a cabo sus tareas con eficiencia, responsabilidad y profesionalismo.

Segundo, dialogará constantemente con los líderes de opinión para conocer de manera directa las opiniones, inquietudes y sugerencias de la sociedad a través de sus líderes.

Tercero, informará siempre con oportunidad, porque las noticias no pueden esperar.

Cuarto, los medios contarán permanentemente con información sobre los temas de interés nacional, a través de alguna de las siguientes formas:

1) La conferencia de prensa diaria que dará la vocera oficial de la Presidencia de la República. En ésta se informará la posición del gobierno federal.
2) Información proporcionada por los titulares de las secretarías y/o dependencias a través de comunicados, boletines o de su propio vocero.

Consideraciones:

En temas específicos se dará información detallada a los medios a través de los canales institucionales: los propios secretarios, su vocero, a quien ellos designen, o la vocera oficial del Presidente.

Este esquema de conferencias de prensa entrará en vigor a partir de la segunda semana de diciembre del 2000. Sin embargo, deberá adecuarse en fechas y horarios de acuerdo con la agenda del Presidente. Se evitarán, en la medida de lo posible, las entrevistas de banqueta. Sin embargo, habrá información disponible y en todo momento por alguna de las dos vías expuestas anteriormente.

En ocasiones, los secretarios o sus voceros acudirán directamente a las oficinas de la Presidencia para ampliar información de interés.

Vocero presidencial

El Presidente de la República es fuente generadora de información y noticias en todo momento. Los representantes de los mediosde comunicación contarán diariamente con información oportuna y organizada.

El equipo de comunicación del gabinete trabajará en forma coordinada para que la sociedad tenga una visión completa y detallada de lo que hace a diario el gobierno federal.
La obligación de informar no sólo se limita a dar cuenta de los problemas o aspectos negativos. Se ha dicho que las buenas noticias no son noticias.

Es preciso contar con un ambiente de confianza social para atraer las inversiones, para dar certidumbre a los procesos políticos y para darle confianza a los ciudadanos en su futuro.

Haremos un llamado a los medios de comunicación masiva para que se sumen a la creación de "un buen ánimo social", sin menoscabo de sus responsabilidades ni de afectar su libertad.

Impulso y promoción de códigos de ética

En ningún país la ética sustituye a las leyes sino que es complementaria. Independientemente de que se llegue a un consenso para reformar el marco jurídico, el nuevo gobierno sugiere la instauración de códigos de ética para cada medio de comunicación masiva que opere en nuestro país.

Las experiencias internacionales en esta materia han sido exitosas y se ha demostrado que, antes que limitar la libertad, el código de ética puede consolidar la confianza de la gente en los medios de comunicación.
De los diversos aspectos que el código puede incluir, sugerimos poner atención sobre:

1) El derecho de la gente a recibir información veraz.

2) La responsabilidad social del periodista, sobre todo cuando la información se considera como un bien social y no como una simple mercancía.

3) El acceso y participación del público, lo que incluye la obligación de corrección, la rectificación y el derecho de réplica (con la responsabilidad de corregir los errores en el mismo espacio donde fueron cometidos).

4) El respeto a la vida privada y a la dignidad del ser humano.

5) El respeto a los valores universales y a la diversidad de culturas.

De igual forma, sugerimos una estrategia conjunta, entre el gobierno y los medios de comunicación, para que los periodistas y líderes de opinión tengan las garantías para salvaguardar su integridad física, el secreto de profesión y la denominada cláusula de conciencia. A cambio de ello, la sociedad espera de los informadores actuar con responsabilidad y profesionalismo. Los representantes de los medios no tienen razón para ser rudos o irrespetuosos cuando estén haciendo su trabajo.
Tampoco deberán ser actores o protagonistas de una noticia, cuando su deber es sólo reportar la noticia. En los casos que sea posible, pero sobre todo en los grandes medios de comunicación, es recomendable la incorporación de la figura del ombudsman, que genere confianza en los ciudadanos, que sirva de intermediario en los conflictos y contribuya a dirimirlos con propuestas de solución.