La solicitud de El Universal a la que nos referiremos, y la resolución del IFAI, son un aliciente que fortalece la transparencia en el gasto publicitario del gobierno federal, sujeto a la discrecionalidad por la ausencia de lineamientos claros.

Ilustración: Franco Donaggio

El IFAI ordenó a la Secretaría de Gobernación entregar información de la campaña publicitaria que Presidencia impulsó desde diciembre de 2005, y que fue motivo de una controversia constitucional que aún dirime la Suprema Corte. El Universal solicitó la información a la SG, incluyendo los detalles sobre cada uno de los spots, los costos de producción y las empresas encargadas de la realización de los anuncios, así como el gasto realizado en medios impresos, "el costo global de esta campaña (o campañas) y con qué partida presupuestal se estú pagando".

El diario también solicitó detalles como "los propósitos que tiene Presidencia para que se emitan cada una de ellas" y "las razones políticas" por las que "decidió emitir esta campaña de spots de (sus) logros (...) en un año electoral". Gobernación negó la información a la reportera Lilia Saúl; argumentó que aquélla se encontraba reservada durante un año por formar parte de un litigio judicial.

El 16 de agosto, el pleno del IFAI resolvió, con tres votos en favor y dos en contra, que la SG no tenía razón en reservar esa información.