etcétera

Ricardo García Cervantes

Al aceptar la invitación de participar en el numero especial de la revista etcétera, tengo presente los tiempos en que en nuestro país no existían ni las normas ni las instituciones, ni los instrumentos ni mucho menos la voluntad política de posibilitar la instauración de regímenes democráticos y de un sistema político sustentado en el Estado de derecho, en la participación ciudadana y en la fuerza republicana de las instituciones.

No hace mucho aún que en México los procesos electorales eran simulaciones orquestadas desde los órganos del Estado, por lo que el poder público, al carecer en la mayoría de los casos de origen y legitimidad democrática, poco o nada tenía que ver con el mandato ciudadano, o un compromiso de rendición de cuentas y de combate a la corrupción y a la impunidad. Tampoco asumían el compromiso con políticas públicas de Estado a las que quedaran subordinadas las estrategias dirigidas a conservar el poder, por el contrario, a las estrategias no democráticas para la conservación del poder político se subordinaban las leyes, los órganos y las instituciones del Estado.

Tengo presente también que México ha cambiado, que hoy cuenta con autoridades en la inmensa mayoría de los casos con incuestionable origen y legitimidad democrática, producto de la participación ciudadana enmarcada por una renovada legislación electoral que permitió dotar al país de instituciones jurídicas y políticas como el IFE, el Tribunal Federal Electoral, la tipificación de delitos electorales, la credencial de elector y el listado nominal con fotografía, la presencia de observadores electorales, el conteo rápido de votos, entre otras cosas impensables hace apenas unos años.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información, que es clara expresión de voluntad política de subordinar la gestión pública al escrutinio ciudadano. Seguramente, el acceso pleno a la información y el ejercicio irrestricto de la libertad de expresión están generando nuevas condiciones y circunstancias que terminarán por hacer evolucionar a los medios de información, al grado de hacerlos indeclinablemente corresponsables en la generación de una auténtica cultura democrática.

Tengo presente también la estela de confusión y desasosiego de la actual circunstancia mexicana, por lo que creo vale la pena recalcar lo obvio: nuestra democracia era y es impensable sin leyes, normas e instituciones vigorosas. Si era riesgoso antes, lo es con mayor razón ahora, que las disputas, cualquiera que éstas sean, se libren y resuelvan fuera de los cauces de la ley y de las instituciones, por lo que es necesario subrayar que todo régimen democrático se sustenta en la vida institucional plena y reconoce a la política como el único ejercicio civilizado para procesar las diferencias.

Entiendo que en el sistema de partidos está buena parte de las expectativas de consolidación democrática y que, en consecuencia, de su fortalecimiento dependen las posibilidades de sortear los vendavales de la descomposición y los riesgos de la regresión.

Entre las discusiones precisas que han de llevar a cabo precisamente los partidos está la vuelta de tuerca que requiere el sistema electoral. Una de esas discusiones es que, en tanto instancias de interés público, los partidos sean sujetos de una mayor fiscalización de sus recursos de parte del IFE; otra es la disminución de las campañas electorales para evitar que el gasto que generen sea el que determine la posibilidad de que la oferta de los partidos llegue a la ciudadanía. En ese sentido, por cierto, los medios públicos debieran fortalecer su papel.

Comprendo que aquella es sólo una pieza más, si bien central, del complejo entramado de reformas que requiere el país para superar su estado actual de incipiente democracia, pues ésta es impensable, por ejemplo, sin un sistema de procuración de justicia eficiente. Lo que pretendo subrayar es que no le basta a nuestro país con tener un sistema electoral confiable; en las instancias de representación, particularmente en el Congreso de la Unión, se encuentra buena parte de las expectativas de esa multidicha pero siempre pospuesta reforma del Estado. En México estamos viviendo las consecuencias de este aplazamiento y éstas pueden ser mayores.

La Redacción de etcétera me pide un comentario sobre el papel de los medios de comunicación a propósito de los escándalos políticos. Creo que éstos muestran la pluralidad del país y que su ejercicio libre determina que ya no están sujetos a los mecanismos de control del viejo régimen, también creo que su trabajo ha sido fundamental para el tránsito democrático del país aunque, en efecto, tengo en cuenta que ese papel es de claroscuros debido a la forma en como suelen magnificar sucesos que requieren de la mayor objetividad y mesura posible.

Los medios de comunicación han de tener presente que su influencia les obliga a fortalecer sus parámetros éticos y profesionales y que ello significa evitar la construcción de un tribunal mediático para que, en cambio, los medios alienten a que en las instancias correspondientes se procese cualquier litigio o cualquier denuncia fundada.

Es claro que cualquier hecho que presuma corrupción o ilegalidad debe ser denunciado y que cualquier denuncia debe ser procesada en los términos de la ley, hasta generar las consecuencias de justicia en desagravio de la sociedad y también debería ser claro, que el escándalo mediático no puede sustituir a la justicia, ni desagravia a la sociedad si no es seguido de un proceso justo ante tribunales competentes.

El protagonismo político de los medios es una tendencia mundial, pero en las naciones con democracia consolidada, los medios discurren sobre rieles normativos y legales puntualmente establecidos sin que disminuya un ápice ni su libertad de expresión ni su sentido y objetivo empresarial.

La libertad de investigar y difundir información debe estar garantizada por la ley y sólo ésta puede fijarle límites. Medios de comunicación críticos que realicen periodismo e investigaciones de fondo contribuyen a que la sociedad esté más informada y por ende más consciente de su realidad de la cual los ciudadanos deben hacerse cargo mediante procesos democráticos.

La capacidad de los medios de investigar y difundir información debe comprometer a los actores públicos a la transparencia y a la rendición de cuentas y al escrutinio de los ciudadanos que es, entre otras cosas, lo que le da sentido a la democracia y a los medios de comunicación.