Aleida Calleja
Con la decisión del PRI y el PAN de reformar la LFRT y de Telecomunicaciones, se vive uno de los
retrocesos más grandes para nuestra democracia y un golpe mortífero a las garantías de la libertad de expresión y derecho a
la información. Son cambios que contravienen preceptos constitucionales, regalan el espectro radioeléctrico a los
grupos mediáticos más poderosos y condenan a la extinción a toda la radiodifusión de uso social como los medios
públicos y los comunitarios.
La supuesta consulta del Senado fue una burla, los legisladores pasaron por encima de quienes argumentamos las serias fallas y vacíos de la minuta, y sólo se atendió a lo que afirmaron 12 personas directamente relacionados
con Televisa. El poder fáctico está por encima de los poderes del Estado. Doblegó al Congreso y puso de rodillas a
los partidos que, bajo la más burda estrategia electorera, presionaron para legislar en favor de una empresa.
Los mismos senadores han reconocido que las críticas a la minuta son ciertas y válidas, pero no quisieron
enfrentase a los poderosos. Muchos senadores afirman ante nosotros que ciertamente los permisionados, especialmente
los comunitarios, quedan en muy malas condiciones con las reformas, pero es mejor "que nada o como estamos
ahora", en otras palabras, el sector social es sacrificable.
Los medios comunitarios han sido el tema incómodo y hasta para algunos innombrable. Desde que
iniciamos nuestra lucha por su reconocimiento, la intención por desconocerlas y evitar su existencia pasó por acusaciones
de que eran emisoras al servicio de intereses extranjeros oscuros, se les etiquetó de clandestinas, proguerrilleras
y piratas, al no poder demostrar ninguna de estas acusaciones entonces se les satanizó con el calificativo de
ilegales. Muchos nos apoyaron pero otros prefirieron mantenerse al margen; en aras de cuidar su institucionalidad no
podían relacionarse con un sector marcado públicamente por acusaciones de ilegalidad.
En estos años, en el Senado las palabras medios comunitarios eran innombrables pues se argüía que eso
era defender a los medios piratas y con ello reventaban cualquier posibilidad de reconocerlos.
Por encima de todos estos estigmas las radios comunitarias lograron su reconocimiento, en condiciones
bastante limitadas para su posible permanencia, el tiempo y los argumentos nos dieron la razón, pero aun así
todavía encontramos actores que consideran que hablar de la radiodifusión comunitaria sigue siendo incómodo y
problemático, aunque ya formen parte de la actual realidad mediática, aunque sea una tendencia mundial establecer
marcos normativos específicos para este tipo de radiodifusión.
La Ley Televisa nos condena a morir en unos cuantos años, pues si no se resuelve el tema del financiamiento
de los medios públicos y comunitarios, no podremos hacer frente a este proceso. Se consuma el anhelo de muchos
para desaparecer a los incómodos y eliminar la radiodifusión de uso social.
Las vías aún no se agotan, además de las jurídicas, el Ejecutivo tiene como responsabilidad histórica vetar esta
ley por cuanto es una afrenta a nuestra sociedad, de no hacerlo demostrará también su docilidad, como lo ha mostrado
a lo largo de estos años, ante los medios poderosos.
Enero 2009
