Recursos a las radios comunitarias

Igual que los demás medios públicos, las radios comunitarias deben contar con dinero previamente asignado por el gobierno para el ejercicio presupuestal 2006; nos referimos, claro está, a las emisoras que han recibido los permisos de operación correspondiente y aludimos específicamente a los recursos etiquetados. Además se encuentra la necesaria modificación normativa para que tales medios públicos puedan comercializar espacios, o sea vender publicidad, previa delimitación que establezca un tope máximo de facturación en ese rubro.

En los últimos cinco años el ingreso de los medios públicos por concepto de publicidad gubernamental no ha rebasado el 6.5% del total que asciende a poco más de tres mil cien millones de pesos (el porcentaje significa algo así como 201 millones 500 mil pesos). A dicha estrechez económica, junto con la añeja indiferencia tanto de la actual como de las anteriores administraciones presidenciales en relación con la reforma de esos medios para lograr que sean de Estado, se agrega su pobreza tecnológica y de contenidos. Los medios públicos no presentan proyectos como forma de sustentar sus requerimientos financieros y, en consecuencia, sus programas son de desigual calidad de contenido. (Además de que, ahora, no tienen el compromiso de informar al Estado sobre sus gastos.)

Como dijimos en páginas anteriores, el Estado moderno en las democracias contemporáneas debe garantizar el derecho a la información y eso significa, entre otras cosas, promover el fortalecimiento de los medios públicos sobre la base de establecer derechos y obligaciones como las antedichas. En ese esquema de cambios, vale la pena que el gobierno destine recursos para el funcionamiento de las radios comunitarias cuyo título de operación está dentro de los medios permisionados. Según la consulta que etcétera hizo a AMARC el monto anual para que tales estaciones operen es de dos millones 500 mil pesos, es decir, 0.08% del total destinado a los medios.

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