Álvaro Delgado
La oportunidad en el periodismo es tan importante como la información. Y las coyunturas en política, también.
Por eso la cinta que exhibe a René Bejarano recibiendo fajos de billetes de Carlos Ahumada no sólo es
una perla negra periodística que documenta rotundamente la degradación política, particularmente del sector
de la izquierda que creyó contar por fin con un mecenas "progresista" y desinteresado, sino una
herramienta oportuna para destruir eficazmente al adversario.
La coyuntura política en la que se filtra la videograbación fue clave para el éxito de la maniobra justo
al principio de un año electoral clave para tratar de frenar a Andrés Manuel López Obrador, el contendiente
mejor posicionado para la sucesión de 2006, pero lo es sobre todo porque ese material incumbe a la sociedad y,
desde ese punto de vista, es de inobjetable interés público.
Como de interés público fue el video transmitido por Televisa, en febrero de 1996, que acreditó lo
que numerosos medios escritos habían documentado plenamente: la matanza, a manos de la policía de
Guerrero, de 17 campesinos en las proximidades de la comunidad de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de
Benítez, el 28 de junio del año anterior.
Sólo entonces fue posible generar un contexto que obligó a la solicitud de licencia de Rubén Figueroa,
en abril, tras haber sido responsabilizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cometer
graves violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, es preciso detenerse a valorar lo que la difusión del contenido del video sobre Bejarano
implica para la actividad periodística, lo mismo que otros de esos materiales audiovisuales que exhibieron a Jorge
Emilio González Martínez, presidente del Partido Verde Ecologista de México, en tratos presuntamente
constitutivos de delitos, y a Gustavo Ponce, ex secretario de Finanzas del gobierno capitalino, en el disfrute del juego.
La histeria política y social que se ha generado a partir del conocimiento público de las videograbaciones,
y que se ha vuelto también contra los autores de operar las cámaras, explica la difícil etapa que enfrenta
la sociedad, la clase política y los periodistas, sometidos al poder de los medios de comunicación
audiovisuales, específicamente la televisión.
El aplastante poder de la imagen se ha antepuesto a las leyes y los involucrados, como Bejarano,
Ponce, González Martínez y Carlos Ímaz, son declarados culpables sin el debido juicio que garantiza la Constitución.
Muy probablemente Bejarano no ingrese a prisión por haber recibido 450 mil dólares, en un encuentro
en el que no se aprecia coacción a Ahumada, pero ya está degradado por sus propios actos conocidos por casi
la totalidad de los mexicanos.
No hay lugar para la defensa de actos de inmoralidad como los protagonizados por Bejarano, Ponce,
Ímaz, González Martínez y los que resulten en los siguientes días, meses y años, pero si no hay una
videograbación de por medio poco atractivo resultará para la sociedad, a la que se ha impuesto la imagen como condición
de credibilidad.
El periodismo, con esto, pierde.
Y pierde porque, en estos casos, no se trata en rigor de un trabajo periodístico, que es por
definición investigativo, sino de una vulgar filtración, por supuesto interesada, cuyo propósito no es fortalecer los
órganos responsables de la fiscalización de los partidos políticos y las campañas electorales, menos poner a prueba
las instituciones de procuración de justicia. El propósito es el ajuste de cuentas.
Los intermediarios de la filtración, ahora se sabe, son nada menos que dos legisladores, los panistas
Diego Fernández de Cevallos y Federico Döring, quienes tienen la facultad constitucional de presentar
iniciativas para prevenir actos como los que denuncian, repugnantes en sí mismos.
Pierde el periodismo porque a la difusión de las videograbaciones no ha seguido, en el caso específico
de Televisa, un trabajo más allá de la cascada de declaraciones, todas también interesadas, entre ellas la del
jefe de gobierno, quien por su parte debería, además de no inmiscuirse en el trabajo de la Procuraduría de
Justicia, ejercer sus facultades legales para evitar que servidores públicos cometan actos análogos a los exhibidos.
Pierde el periodismo, también, porque los amos y empleados de la imagen son el modelo a seguir y la
columna vertebral de esa profesión, el reporteo, sucumbe al comentario y al "análisis", así sea chabacano o
grotesco, de los muy profundos comentaristas, hasta de la farándula.
Y la generalización, de por sí recurrente en nuestra profesión, arrasa con todos. Así como
superficialmente se acusa a todos los políticos de corruptos, a los periodistas se nos asocia con la ignorancia, la prepotencia,
la deshonestidad, la improvisación y, ahora, el chacoteo impuesto por Víctor Trujillo, nuevo "líder de opinión".
Algo de positivo tiene, sin embargo, este episodio escandaloso: se exhibe, incontrovertiblemente, a
personajes específicos en actos de corrupción; a instituciones y autoridades incapaces de prevenirlos,
incluyendo legisladores, lo que hace urgente su readecuación legal; a criterios informativos de los medios audiovisuales asociados al rating, el amo que extiende su dominio a la prensa y que también requieren de un nuevo
régimen jurídico.
Todos estos temas son, también, de interés público, como la necesidad de legislar sobre el secreto
profesional de los periodistas y, sobre todo, robustecer los principios éticos de quienes ejercen esta profesión y
que, lamentablemente, no han sabido dialogar como pares.
