Efrén García García
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Ilustración: Kotsiak |
El problema de la censura en nuestro país va mucho más allá de una situación de coyuntura que, dicho sea de paso, también puede ayudar a reposicionar a las supuestas víctimas, más visibles (y famosas) de este fenómeno.
Una definición de “censura” es: ”la utilización del poder por parte del Estado o de cualquier grupo de interés para impedir el ejercicio de la libre expresión” (Raúl Trejo Delarbre, “Aristegui fuera de W” en emeequis, 102).
La decisión de censurar emana de grupos de poder, pero se consuma cuando los medios o los autores deciden no expresar en voz alta sus opiniones o inhibirlas, por miedo a represalias.
La consecuencia es que, obviamente, al final no nos enteramos de la información censurada, pero lo peor es que el abanico de alternativas a que debiéramos tener derecho los consumidores de medios en esta “economía de mercado” se va estrechando de manera tal que prácticamente da igual qué canal sintonicemos.
La censura de los anunciantes
En 2003, la Procuraduría Federal del Consumidor impuso la mayor multa de su historia a Teléfonos de México por haber instalado cientos de miles de “buzones de voz” en Guadalajara sin pedir permiso a los usuarios. Telmex alegó que se trataba de un servicio gratuito pero, para la autoridad, ese acto constituyó un caso de “aceptación tácita” fuera de la ley. Pocos comunicadores difundieron entonces esa información en el DF y se atrevieron a criticar a la poderosa telefónica. A decir de algunos de ellos, eso significó que la empresa les retirara temporalmente su publicidad –desde ahora el autor de estas líneas reconoce que está censurando los nombres de quienes padecieron esa represalia, no vaya a ser que se repita.
Es difícil probar hasta qué punto los medios aceptan imposiciones editoriales de sus patrocinadores pero no cabe duda que el uso de la publicidad de los grandes anunciantes es una fuente potencial de censura en nuestro país, así como para la generación de temas –favorables a los que pagan– en la agenda de los medios. Y ahí, ¿quién tira la primera piedra: quien retira su publicidad o quien altera su línea editorial para no perder anunciantes?
O bien, cuando un medio difunde información tendenciosa o incompleta e impide a las instituciones aclarar en los mismos espacios y horarios... ¿a quién pueden recurrir las oficinas de comunicación social para reclamar ese derecho? A nadie. Eso también es censura... e impunidad.
Me gustas cuando callas
En la otra cara de la moneda, pareciera que las oficinas que centralizan las decisiones de comunicación gubernamental tuvieran como máxima el famoso verso del gran poeta chileno. So pretexto de que durante el sexenio pasado hubo un gran descontrol en la información que emitía el gobierno federal, ahora muchas oficinas de comunicación social se encuentran limitadas en su actuar.
Qué bueno que haya más orden, pero qué importante sería que todas las instituciones pudieran comunicar, día con día y sin pedir tantos permisos –o sea, con oportunidad– los servicios que prestan –por ley– a la ciudadanía.
Existen numerosos organismos desconcentrados que, aunque cuentan con una oficina de comunicación social, se quejan amargamente de que no pueden buscar canales para expresarse debido a que sus “cabezas de sector” tienen otras prioridades. Los vacíos informativos dan lugar a rumores y eso hace más vulnerable a cualquier institución.
En los ejemplos citados hay grupos de poder y hay límites a la libertad de expresión (o a la obligación de informar). Las verdaderas víctimas somos los ciudadanos, quienes cada vez estamos más miopes por el antifaz que se cierne sobre nuestros ojos, y del que ni cuenta nos damos.
Ojalá quienes tienen el poder de censura entiendan que, a la larga, es mejor negocio y más rentable políticamente la apertu-ra informativa y no seguir clamando por la confiable y aburrida “voz en el desierto”, totalmente autoritaria.
Diciembre 2008
